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Investigaciones Periodisticas

“Magos” en el poder: simulaban obras y servicios para desviar recursos

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Simulación de obras y servicios, la base de la estrategia utilizada para retirar recursos de las arcas públicas mediante una red de empresas.— Estudios de “copiar y pegar”

MÉRIDA.- El 6 de junio de 2016, la Secretaría de Salud de Yucatán realizó una transferencia bancaria de $808,893 a la empresa Inveryuc, S.A. de C.V., por concepto de pago de un “estudio de prevención y control del consumo de combustible del parque vehicular de los Servicios de Salud de Yucatán”.

Nada tendría de raro ese estudio si no fuera por su contenido: es una enumeración de conceptos que incluyen una reseña histórica de los Servicios de Salud y menciones a la misión y visión de la dependencia, sus objetivos y valores.

 

También se detalla el tamaño del parque vehicular del cliente y, casi al final, un “análisis del consumo del combustible” y una serie de “recomendaciones” que apuntan a “la implementación de un sistema de gestión de combustible” para obtener un ahorro, pero advierte que la base para esto es “el preciso conocimiento de combustible que necesita cada vehículo”. Y no deja de aconsejar “la renovación del parque vehicular” porque las unidades de más de diez años son las que “pueden presentar mayores fallas y mayor consumo de combustible”.

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Se trata, como admite tácitamente la empresa en la bibliografía del documento, de un trabajo de “copiar y pegar”, con fuentes como el Consejo Estatal de Planeación de Yucatán, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Servicios de Salud de Yucatán, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta el buscador de internet Google Earth para la consulta de mapas. En realidad no hay recomendaciones aplicables al servicio contratado.

Modus operandi

Este caso ilustra la forma en que se operaron los pagos millonarios de la Secretaría de Salud de Yucatán a un grupo de empresas en el último trienio de la administración de Rolando Zapata Bello, aunque, como anticipamos ayer en la primera parte de este reportaje, las transacciones irregulares se extendieron a prácticamente todas las dependencias estatales.

Documentos en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, revelan que otros “servicios” contratados en el sector salud rebasan los diez millones de pesos, que dejan muy atrás los pagos de poco más de un millón que se hicieron en 2015 por una serie de supuestos estudios e investigaciones sobre enfermedades, algunas inexistentes en Yucatán.

A la lista de empresas catalogadas como fantasmas que publicamos ayer se suman CMC del Golfo, Flager, Gaco Multiservicios de México, GN Global, HGM México Comercial, Integral Experts de México, Nemrott Soluciones Integrales, OK Aplicaciones y Más, Quimex Especialistas, Decontsmat y Gestpro Regional, todas boletinadas por el SAT como “definitivas” por sus operaciones irregulares, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Con excepción de las dos últimas, que facturaron por obras y servicios en el Hospital O’Horán, estas empresas recibieron contratos directos de la Secretaría de Salud del Estado para realizar estudios sobre enfermedades en 2015.

Convivencia comercial

Flager y GN Global, ambas oficinas de consultoría, comparten domicilio fiscal en la calle 13 número 373-B entre 4 y 6 de la colonia Díaz Ordaz. La primera cobró $1.150,720 por un estudio sobre “panorama actual de la lepra, determinándose períodos en los cuales se presenta más en la entidad, lugares más expuestos por la población y sugerencias para abatir o disminuir esta enfermedad”.

La lepra es una enfermedad de baja incidencia en Yucatán. Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud, en 2016 se notificaron dos casos, en 2017 fueron cuatro y en lo que va de 2018 solo hay tres reportes. Sin embargo, este padecimiento fue suficiente para que la dependencia —que a lo largo del sexenio estuvo a cargo de Jorge Mendoza Mézquita— pagara por un estudio para saber en qué períodos se presenta más en la entidad y para conocer “sugerencias para abatir o disminuir esta enfermedad”.
Interesados en la piel

En las facturas se puede constatar que GN Global recibió $1.151,880 por un “estudio sobre la fisiopatogenia y tratamiento de la psoriasis para determinar las causas que lo generan, métodos para su combate y medidas de prevención que pueda aplicar el gobierno”.

La psoriasis es una afección de la piel. Por su escasa incidencia, no hay estadísticas de este mal en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

CMC del Golfo, S.A. de C.V., una comercializadora que también tiene como objeto social “la inversión en Bolsa de Valores tanto nacional como extranjeras”, hizo en teoría un estudio “de las variantes de la tinea”, las causas que la generan y en qué sectores está más expuesta la población. A cambio recibió $1.191,320. La tinea es una infección superficial de la piel causada por hongos.
Repetidores

Esta empresa fue creada en 2012, con Margarita Tun Canul y Carlos Manuel Castillo Novelo como sus accionistas, de acuerdo con el Registro Público de Comercio. Ambos reportan el mismo domicilio, en la calle 37 número 277 de la Unidad Revolución Cordemex. Además, Margarita Tun aparece como accionista de Flager y de GN Global, que, como ya detallamos, tienen también la clasificación de empresas fantasmas.

En otras sociedades mercantiles hay también accionistas que se “cruzan” y dejan al descubierto la red para retirar dinero público con contrataciones simuladas (Continuará)

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Extraño caso de 3 cheques expedidos

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El responsable de las finanzas, con $15 millones

En documentos de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) consta que el 4 de febrero de 2016 Enrique Ávila Méndez solicitó y obtuvo quince millones de pesos para “gastos varios”.

No era cualquier solicitante. Ávila Méndez se desempeñaba entonces como director de Administración y Finanzas de la dependencia y más tarde repitió en el cargo pero en Sistema Teleyucatán (Canal 13).

Como responsable de las finanzas de la Seder, en la fecha ya citada giró a su favor los cheques 4098, 4099 y 4100 de Banorte, cada uno de 5 millones de pesos, según confirma documentación en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Lo que siguió es nada común en la dependencia: los cheques fueron cobrados el mismo día y el dinero ingresó oficialmente a la Secretaría, sólo para que instantes después Enrique Ávila lo retirara —así en efectivo— mediante “vales de caja” que él mismo firmó no únicamente como solicitante sino como “responsable del área (la dirección de Administración y Finanzas)” y como la persona que debía dar el visto bueno a los documentos. En las copias obtenidas por Central 9 se observan sus firmas.

En los tres vales, que tienen los números 04826, 04827 y 04828, se indica que el concepto es “gastos a comprobar para gastos varios” (sic).

En todos los casos está la leyenda “Me comprometo a comprobar y/o reintegrar la cantidad arriba mencionada en un plazo no mayor de cinco días. En caso de no cumplir autorizo se me descuente vía nómina”.

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Aunque no se indica, el plazo para comprobar los “gastos varios” —considerando cinco días hábiles— venció el 11 de febrero. No hay constancias de que en ese período se hubiera cumplido el compromiso.

De acuerdo con fuentes consultadas por Central 9, no hay antecedentes de una maniobra en la cual un funcionario de ese rango expida cheques de sumas abultadas a su nombre —requirió la firma de otro funcionario de menor rango, no sólo la de él— y luego retire el dinero en efectivo.

Se desconoce cuáles fueron los “gastos a comprobar para gastos varios”. Los recursos salieron de una cuenta concentradora.

En las pólizas respectivas aparece de nuevo el nombre de Enrique Ávila Méndez, como beneficiario que se identifica con “IFE”. Firma como solicitante y como el funcionario que autoriza los documentos.

Ese mismo año, como detallamos en nota aparte, se hicieron abultados pagos a un reducido grupo de empresas que aparecen en el papel como las más grandes proveedoras de insumos del programa Peso a Peso.

Antes de ser director de Administración y Finanzas en Desarrollo Rural y en Sistema Teleyucatán, Ávila Méndez trabajó en el Despacho del Gobernador —de allí pasó a la Seder— y en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán.

En el período que estuvo en Seder fue uno de los responsables de la operación financiera del programa Peso a Peso, que en 2016 y 2017 reportó un crecimiento en el número de beneficiarios en todo el Estado, como se aprecian en listas que están en manos de Central 9.

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Millones del campo

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En tres días la Secretaría de Desarrollo Rural transfirió $95.000,000 a cinco empresas por supuestos insumos para un programa.— Inmobiliaria proveedora de Peso a Peso

En tres días, en la agonía de 2016 y en el nacimiento de 2017, la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) transfirió 95 millones de pesos a cinco empresas que aparecen en documentos como proveedoras de insumos de Peso a Peso, un programa cuya promoción pública se redujo en la recta final del gobierno anterior.

Las empresas favorecidas, que reportaron sus domicilios fiscales en Ciudad de México, no tienen registros en la actualidad. Únicamente una tiene sitio en internet en el que promueve sus servicios. De las restantes no hay rastros, como ha ocurrido con otros negocios que cobraron millonarias sumas por supuestos servicios a varias dependencias en la administración anterior.

Una sola compañía recibió $40 millones el mismo día, por 18 facturas. Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, tiene evidencias de que antes de ser proveedora de insumos del campo esa empresa participó en una licitación para vender paquetes de “box lunch” al Instituto de Museos e Historia de Yucatán.

Al margen de los pagos a esas proveedoras, el 4 de febrero de 2016 el entonces director de Administración y Finanzas de la Seder, Enrique Ávila Méndez, se autorizó a sí mismo tres cheques de cinco millones de pesos cada uno. El dinero ingresó a la Secretaría para ser retirado de nuevo mediante tres “vales de caja” en los que hizo constar su compromiso de “comprobar (el destino) y/o integrar” los recursos “en un plazo no mayor de 5 días”, con la advertencia de que al no hacerlo “autorizo se me descuente vía nómina”. No hay constancias de que en ese plazo se haya cumplido. En nota aparte abundamos en este caso, que llamó la atención por no tener precedente en las operaciones de la Secretaría.

Peso a Peso

El programa Peso a Peso fue creado en Yucatán en 2013. Mediante una inversión de 50-50 entre gobierno y productores apoya en la adquisición de maquinaria, semillas, agroquímicos, infraestructura y equipamiento para actividades agropecuarias y pesqueras. Por cada peso que aporta el beneficiario, el gobierno del Estado entrega la misma cantidad.

En 2017, según anunció el propio gobierno, estaba previsto un monto total de apoyos de $112 millones —recursos compartidos—, entre los ciclos primavera-verano y otoño-invierno. En 2016 la inversión anunciada fue de unos $100 millones en números redondos.

El dinero de ambas partes debe ir a parar a una cuenta concentradora. Después, ya cumplidas las aportaciones de mitad-mitad y reunidos todos los requisitos, se realizan las transferencias bancarias a los proveedores.

De acuerdo con las investigaciones de Central 9, en 2016 y 2017 —años en los que comenzaron a surgir quejas por retrasos en la entrega de apoyos— se armaron padrones de miles de beneficiarios con montos individuales de $5,000 como máximo. En muchos casos la entrega se hizo a agrupaciones, que luego canalizaban los recursos a sus socios.

Central 9 obtuvo copias de las listas de beneficiarios de todos los municipios, desde Abalá hasta Yobaín, así como facturas y comprobantes de las transferencias bancarias a las empresas que en teoría abastecieron de equipo y maquinaria, azúcar, alambre de púas, extractores, comederos, picadoras, jaulas, carretillas, mangueras, bombas eléctricas, sales minerales, fertilizante, alimentos para ganado y aves, etcétera.

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De la lista de proveedores, en sólo dos días de 2016 —a punto de morir el año— y uno de 2017 —con el naciente calendario— cinco empresas recibieron $95 millones.

Se trata de Royal Nova, S. A. de C. V.; Innovadores Kenneth, S. A. de C. V.; Consulting Xiu, S. de R. L. de C. V.; Citade Inmobiliaria, S. de R. L. de C. V., e Interpelar Proyectos, S. A. de C. V.

De Royal Nova no hay huellas. El 29 de diciembre recibió cinco transferencias que en conjunto suman $8 millones. Al día siguiente se le hicieron tres, por un total de $7 millones. En dos días fueron 15 millones de pesos.

A Innovadores Kenneth, de la que tampoco se ven rastros, se le hicieron seis depósitos el 30 de diciembre por un total de $12.400,000.

Consulting Xiu, que aparece en menciones en la Red como empresa de asesoría en comercio exterior, cobró también el 30 de diciembre $14.400,000 amparados en seis documentos.

Citade Inmobiliaria, la única que tiene un sitio digital donde se promueve como “una constructora integrada por profesionales de la arquitectura y la construcción que ponen a su disposición servicios de construcción y mantenimiento de todo tipo de inmueble”, recibió igualmente el 30 de diciembre seis transferencias que ascienden a $13.200,000.

En total, el 30 de diciembre la Secretaría depositó 47 millones de pesos a cuentas de terceros.

De Interpelar Proyectos tampoco hay evidencias más que de sus tratos con el gobierno. Es la empresa más beneficiada con los pagos de supuestos insumos de Peso a Peso: el 3 de enero la Seder le transfirió $40 millones justificados en 18 facturaciones.

En junio de 2015 este negocio participó en una licitación para dotar de “box lunch” al Gran Museo del Mundo Maya.

En 2016, año de los pagos señalados, Felipe Cervera Hernández ya no era titular de la Seder. Se separó un año antes para buscar una diputación federal, lo cual consiguió en la elección (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

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Empresas acaparadoras en el campo

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Pagos elevados en el cierre de 2016 y el inicio de 2017

En apenas tres días 5 empresas recibieron transferencias de 95 millones de pesos

Cinco empresas, entre ellas una constructora y una consultora de comercio exterior, recibieron 95 millones de pesos en el cierre de 2016 y el inicio de 2017 como pagos por insumos del programa Peso a Peso, que a lo largo de esos años fue motivo de quejas de productores del campo por retrasos en la entrega de apoyos.

De acuerdo con documentos en manos de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la Secretaría de Desarrollo Rural se encargó de hacer las transferencias bancarias en tres días: el 29 y el 30 de diciembre de 2016 y el 3 de enero de 2017.

La compañía más favorecida fue Interpelar Proyectos, S.A. de C.V., a cuya cuenta se depositaron $40 millones. Además de que figuró como proveedora del campo, en 2015 ese negocio participó en una licitación para dotar de paquetes de “box lunch” al Gran Museo del Mundo Maya, dentro del programa “Mis vacaciones en el museo”.

Al margen de esas transferencias bancarias, un alto funcionario de Desarrollo Rural se autorizó a sí mismo, el 4 de febrero de 2016, tres cheques por un total de 15 millones de pesos, para “gastos varios”. Central 9 obtuvo copias de los documentos bancarios, las pólizas y los “vales de caja” con los cuales se justificó el retiro de los recursos.

Además de Interpelar Proyectos, en el reparto de los $95 millones participaron empresas con domicilio en Ciudad de México. Una se promueve en internet como negocio de los ramos inmobiliario y de la construcción.

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