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Políticos reaccionan al tema de empresas irregulares

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MÉRIDA.- Actores de la política local manifiestan sus posicionamientos sobre las publicaciones de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en torno a la operación de empresas irregulares —varias con la clasificación de fantasmas— durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Como hemos informado, en sus últimos tres años la administración de Zapata Bello canalizó pagos millonarios a un centenar de empresas por supuestos servicios y estudios a dependencias estatales sin licitaciones o con procesos simulados.

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De acuerdo con documentos de 2015 a los primeros meses de 2018, los pagos en condiciones anómalas rondan los 900 millones de pesos, aunque todavía está pendiente la revisión en más oficinas.

Ante esta situación se acudió al gobernador actual, el alcalde de Mérida y a los presidentes de los partidos políticos, a fin de que nos contestaran algunas preguntas sobre el tema.

Las preguntas que les planteamos son: ¿Qué opina de la operación de las empresas fantasma que han salido a relucir? ¿Qué cree que debe hacer el actual gobierno ante esta situación?

Respuestas

Asís Cano Cetina, Presidente del Comité estatal del PAN

Asís Cano Cetina, Presidente del Comité estatal del PAN (Foto: Megamedia)

Llama la atención que sea en el tema de salud, un ámbito en el que Yucatán muestra gran rezago, donde se desvíe dinero que debe servir para atender los problemas que aquejan a la población. Es totalmente condenable.

En lo personal, lo primero que me llamó la atención es que habiendo en Yucatán instituciones de prestigio y con rigor científico probado se hagan estudios con empresas que en el papel tienen experiencia en otras cosas, no en cuestiones de salud.

Tengo entendido que el gobierno del Estado continúa en el proceso de entrega-recepción y que hay plazos para concluir el proceso y debe actuar apegado a la ley. Se deben revisar exhaustivamente todos los rubros y donde haya evidencias fehacientes y claras de desvíos de recursos se debe actuar conforme a la ley, principalmente en puntos como éste en el que se pone en riesgo la atención a la gente.

Hay que estar pendientes, porque es posible que el campo de la salud no sea el único donde haya anomalías.

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Alejandro Cuevas Mena, Presidente Estatal del PRD

Alejandro Cuevas Mena, Presidente Estatal del PRD (Foto: Megamedia)

Mi opinión es que se investiguen a detalle las presuntas anomalías. Si hay algún desvío de recursos se deben deslindar responsabilidades.

Creo que este tema de las empresas fantasmas no es nuevo, igual se denunció al hoy gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, cuando era alcalde de Mérida.

Hoy se publica en los medios de comunicación, para ser exactos en el Diario de Yucatán, el tema del gobierno de Rolando Zapata Bello y de Ivonne Ortega Pacheco, pero creo que no es un tema parejo. No es una cuestión de partidos políticos y se tiene que revisar a fondo.

La ciudadanía está cansada y votó por un cambio. Para que éste ocurra hay que transparentar el manejo de recursos públicos, combatir la impunidad y acabarla.

Si alguien hizo algo chueco que se le deslinden responsabilidades, que a los culpables se les castigue conforme a la ley.

Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado

Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado (Foto: Megamedia)

Como se ha manifestado con anterioridad, cualquier anomalía que se detecte se denunciará ante los órganos que la ley indica.

Desde la óptica del gobierno del Estado informamos que secretarías y dependencias se encuentran en un periodo de entrega recepción y reitero que el proceso se lleva al cabo de manera exhaustiva.

Renán Barrera Concha, Alcalde de Mérida

Renán Barrera Concha, Alcalde de Mérida (Foto: Megamedia)

Me limito a lo que tiene que ver con el ámbito municipal.

Me parece que todo lo que tenga que ver con la revisión de la cuenta pública, en el caso del Estado, le corresponderá sin duda al gobierno entrante. Si llegara a haber algún caso que consideren documentado de algún tipo de desvío, pues ahí están las instancias judiciales para proceder y presentar las denuncias correspondientes.

Cada uno tendrá las facultades correspondientes para ejercer, el Congreso del Estado y el gobierno del Estado, a través de los diferentes instrumentos que tienen.

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Mario Mex Albornoz, Presidente Estatal de Morena

Mario Mex Albornoz, Presidente Estatal de Morena (Foto: Megamedia)

Las evidencias de actos de corrupción de gobiernos estatales como los de Javier Duarte en Veracruz o Roberto Borge en Quintana Roo han sido materia de investigación en fechas recientes y eso es positivo, porque si algún alto funcionario es culpable de tales actos, y hay forma de probarlo, lo menos que se puede hacer por respeto a la ciudadanía y con el fin de tomar medidas para resarcir el daño al erario es investigar.

En este sentido, si se comprueba que hubo actos de corrupción y desvío de recursos con empresas fantasmas en el anterior gobierno estatal, las investigaciones y denuncias no deben esperar.

Debe ser en primera instancia el actual gobierno local el que tome cartas en el asunto para sentar un precedente real y palpable de combate a la corrupción y mandar un mensaje de no impunidad.

De lo contrario, si se usaron empresas fantasmas para el desvío de recursos, el erario se verá gravemente afectado. Primero, por la sangría de millones de pesos que eso significó, por el uso irregular de las finanzas estatales, al denunciar y procesar a los culpables, con investigaciones de por medio y, conforme a la ley, se daría el paso para evitar que actos de esa naturaleza se repitan
Si ya existe legislación y mecanismos para que los responsables de los desfalcos devuelvan de una u otra manera el dinero o su equivalente, mejor, pues ese recurso recuperado se puede destinar a combatir graves males que afectan a Yucatán como la pobreza, los empleos mal pagados, la falta de adecuada infraestructura de salud y de educación, etcétera.

Si el nuevo gobierno local no toma cartas en el asunto, no sería creíble que en realidad quiere colaborar con el futuro gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien en sus recientes mensajes remarcó que es un mandato de la población, derivado de los resultados en las pasadas elecciones, que se erradiquen la corrupción y la impunidad.

Raúl Ernesto Sosa Alonzo, Dirigente Estatal del Partido Nueva Alianza

Raúl Ernesto Sosa Alonzo, Dirigente Estatal del Partido Nueva Alianza (Foto: Megamedia)

Si se comprueban las irregularidades y las anomalías que se han publicado, hay instancias a las que se debe acudir para proceder conforme a la ley.

En caso de que el actual gobernador sospeche de desvíos, debe investigar, posteriormente denunciar lo que resulte para que las autoridades correspondientes procedan a fincar responsabilidades y castigar a quienes resulten responsables.

Silvia López Escoffié, Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano

Silvia López Escoffié, Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano (Foto: Megamedia)

Creo que en un estado de derecho, donde la ciudadanía está esperando cambios reales, el actual Ejecutivo estatal debería actuar de acuerdo con lo que pregonó en campaña: que combatirá la corrupción y tendrá una fiscalía que realmente persiga los delitos. Como sociedad, creo que debemos empujar al gobierno para que cumpla su palabra y no siga prevaleciendo la impunidad en el Estado.

Carlos Sobrino Argáez, Presidente Estatal del PRI

Carlos Sobrino Argáez, Presidente Estatal del PRI (Foto: Megamedia)

En este momento estamos justo en un proceso de transición de gobierno. La actual administración estatal lleva un mes y, al ser de un partido distinto al nuestro, muchos cuestionamientos habrán de surgir, como este tema de las facturas fantasmas.

De cualquier manera, sabemos que este país y este estado tienen instituciones calificadas para el análisis, revisión de cuentas y transparencia en el manejo presupuestal.

Sin duda, una de las características que distinguió al gobierno de Rolando Zapata Bello fue precisamente la transparencia y rendición de cuentas para cada rubro y sector. Para muestra están los resultados que ha tenido Yucatán en los últimos seis años.

Los resultados que dejó la administración 2012-2018 están a la vista, no solo de las autoridades. Lo más importante es que están a la vista de todos los ciudadanos y así lo han consignado diferentes instancias e instituciones que miden el avance de los estados en los diferentes sectores, en los que Yucatán siempre destacó por sus números positivos.

Es importante no olvidar que durante el gobierno de Rolando Zapata se sentaron las bases para un futuro prometedor en nuestro estado. Mucho de lo que se alcanzó para los yucatecos y sus comunidades, es solo el inicio de un mayor desarrollo y bienestar para los habitantes, si se continúa de manera correcta el trabajo realizado.

Las distintas autoridades y los ciudadanos tienen acceso a estadísticas, indicadores, información por sector, todo se ha transparentado. Considero que la actual administración tiene enfrente un reto muy grande, conservar esos índices de desarrollo y superarlos. El trabajo que se hizo antes es evidente y lo principal es continuar por ese rumbo.

La administración de Rolando Zapata dejó finanzas sanas, crecimiento de ingresos propios y un nivel de transparencia que ha sido reconocido.

Cada obra, programa y proyecto, inició con un presupuesto aprobado y para lo que no se pudo concluir por cuestiones de tiempo, se dejó también el recurso necesario, además de que Yucatán se consolidó como uno de los estados con menor deuda pública.

La administración 2012-2018 concluyó y entregó finanzas sanas, presupuesto planificado y un crecimiento histórico en los diferentes rubros. Además, el gobierno saliente siempre estuvo sujeto a las revisiones puntuales de los organismos fiscalizadores del orden estatal y federal, cumpliendo con esa obligación durante todo el sexenio.

Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, Presidente Estatal del PVEM

Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, Presidente Estatal del PVEM (Foto: Megamedia)

Estas denuncias públicas se deben investigar, revisarse a fondo, no tomarse a la ligera. Es algo que se debe aclarar, la ciudadanía demanda que casos como estos deben esclarecerse, revisarse sin dejar dudas.

En caso de que en verdad se confirmara y existieran serias irregularidades, el actual gobierno estatal, el Ejecutivo, debería actuar en consecuencia, fincar responsabilidades por si se incurrió en alguna irregularidad. No debe existir la impunidad.

Joaquín Díaz Mena, Nombrado coordinador de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Yucatán

Joaquín Díaz Mena, Nombrado coordinador de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Yucatán (Foto: Megamedia)

Todo gobierno entrante que recibe una administración tiene un período en que la ley le permite hacer análisis y firmar de conformidad. Si ese gobierno descubre alguna anomalía debe interponer la denuncia correspondiente.

En este caso, toca al gobierno del Estado entrante analizar, secretaría por secretaría, el orden del gasto de los recursos públicos y proceder en consecuencia.

Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia

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Sin impunidad para administración anterior, ratifica equipo de Vila

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Se procederá en todo caso que configure ilícitos

El gobierno de Mauricio Vila Dosal está revisando todos los casos del proceso de entrega-recepción que generan dudas y tomará las acciones legales correspondientes en aquellos donde se comprueben ilícitos, ratificaron funcionarios de la nueva administración estatal.

Es un hecho, subrayaron, que no se permitirá la impunidad.

Entre los primeros citatorios girados para tratar de esclarecer algún hecho, contrato u operación están los dirigidos a exfuncionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos su extitular, Jorge Mendoza Mézquita.

En esa dependencia se detectaron gastos de $200 millones en estudios no encontrados, que fueron asignados a empresas de giros distintos a los del sector salud.

Las secretarias general de Gobierno, María Fritz Sierra; de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y de la Contraloría General del Estado, Lízbeth Basto Avilés, y el director general de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores, recordaron que el procedimiento administrativo de entrega-recepción establece un plazo de 30 días hábiles después de la firma para cualquier aclaración que se requiera de los funcionarios salientes, pero no es un plazo fatal para las investigaciones porque éstas pueden continuar y en caso de configurarse delitos se seguirán los pasos correspondientes.

Organismos

Recalcaron que la Contraloría General del Estado y los órganos internos de control sólo tienen facultades para sancionar delitos considerados no graves. En los casos en que se configuren faltas graves —cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros—, se presentarán las denuncias respectivas ante las autoridades judiciales.

Ayer publicamos que, en visita a las instalaciones del Diario, los funcionarios ya citados expusieron amplios detalles de la situación encontrada durante el proceso de entrega-recepción. Entre otras cosas, hablaron de un desorden “total y absoluto” en el manejo presupuestal y contable, de un Isstey quebrado, de la pesada carga económica que representa el Gran Museo del Mundo Maya, de antiguas observaciones de las autoridades fiscalizadoras federales sin solventar y del faltante de casi $1,900 millones que heredó el gobierno anterior.

Sobre el procedimiento a seguir en los asuntos en que se comprueben y documenten irregularidades, las secretarias y el director general expusieron:

—Cuando recibimos la administración nos entregaron una serie de carpetas, documentos, archivos y cajas. Era humanamente imposible revisar algo en ese momento, como tampoco teníamos la obligación inmediata.

—El decreto que da sustento a ese procedimiento establece 30 días hábiles, después de la firma, para cualquier aclaración de lo que nos entregaron administrativamente. Si después de ese tiempo, durante las investigaciones, se encuentra alguna irregularidad, las vías están abiertas para tomar acciones legales. No importa que hayan pasado esos treinta días.

—Casi en todas las secretarías se han girado citatorios de distinta índole. No se cita únicamente a quien fue secretario. En este procedimiento analizamos el expediente y si hay dudas el funcionario saliente tiene la oportunidad de comparecer y hacer todas las puntualizaciones que ayuden a aclarar la entrega-recepción.

—Algo muy importante es que no los podemos forzar a comparecer. Es un derecho que tienen para dar claridad a lo que nos dejaron. Hay quienes han sido citados y no han comparecido. Otros sí se presentaron y aportaron la información que se les requiere.

—Si finalmente no comparecen nosotros continuamos con el proceso de revisión. El hecho de que venzan los 30 días hábiles que se establecen como plazo para analizar el expediente no significa que nada pasó y que todo quedará así. Seguiremos la investigación y la búsqueda de documentos. En caso de que éstos no aparezcan o se determine que hay delitos se procederá como a Derecho corresponda.

—Ya se giraron citatorios a exfuncionarios de Salud. La exdirectora de Administración y Finanzas no asistió el día que se le fijó y se le dará una nueva oportunidad, porque es quien más conoce estas situaciones de facturas y estudios que no hemos encontrado. Si no acude habrá perdido la oportunidad de aclarar algo que nos genera dudas.

—Todos los directores de finanzas están obligados a contar con la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto y del presupuesto. Sin esos documentos no se debe hacer ningún pago… Deben ser el respaldo que ampare la transferencia realizada, el cheque emitido y cualquier otro tipo de registro que afecte tanto el presupuesto como la salida del dinero de las cuentas bancarias.

—También se ha citado a comparecer al exsecretario de Salud (Jorge Mendoza), el jueves o viernes próximos.

—Con los nuevos sistemas de fiscalización, la Contraloría y los órganos internos de control están acotados para sancionar las faltas consideradas graves. Las investiga, integra los expedientes y presenta las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa o la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.— ÁNGEL NOH ESTRADA

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Con engaños y facturas falsas lo involucran en un fraude

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La proliferación de facturas fantasmas para justificar gastos inexistentes del gobierno, propiciada por los propios funcionarios, ha llegado a niveles sorprendentes, como lo muestra un caso “pequeño” de fraude atribuido a la Sagarpa y a una empresa privada, pero que evidencia la gravedad y el alcance de esa práctica.

Violando flagrantemente la ley, un funcionario menor de esa secretaría, Manuel Góngora López, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 180 de Tizimín, aconsejó a un pequeño productor, involucrado con engaños en un adeudo con esa dependencia, a comprar facturas apócrifas para frenar una demanda en su contra y justificar gastos inexistentes de esa instancia.

El ganadero de Tizimín Emiliano Chan Aguilar, de 88 años, relata los pormenores de este asunto en la tercera entrega de la entrevista que concedió a Diario de Yucatán, que enseña la punta del iceberg de lo que parece ser un megafraude realizado en el Programa de Tecnificación de Riego Agrícola en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Como hemos informado, don Emiliano, dueño de un rancho de 44 hectáreas en Colonia Yucatán, recibió en 2016 la visita de un empleado de la empresa Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios (Copra), S.A. de C.V., propiedad de José del Carmen Lugo Maldonado y administrada por su hijo José Ludovig Lugo Chavira.

Ellos le ofrecieron ampliar su superficie de riego a 20 hectáreas, mediante un programa del gobierno federal a fondo perdido.

En todo momento le aseguraron al productor que no pagaría un solo peso.

Ocultos

Don Emiliano firmó su solicitud y varios papeles en la Sagarpa, cuyo contenido nunca le dejaron ver los funcionarios de esa dependencia. En esos documentos él contrata a Copra para poner el equipo de riego en su rancho por $681,000, de los cuales él debería aportar la mitad (aunque nunca se lo dijeron). También endosó a favor de Copra los cheques que el gobierno federal emitió a su nombre.

Después de muchas gestiones y varios meses de espera, Copra inició los trabajos, pero no los terminó y al parecer permitió la desaparición de parte del equipo contratado, como decenas de llaves de cobre.

En junio, el delegado de Sagarpa, Pablo Castro Alcocer, al tanto de este problema, autorizó una visita de verificación al proyecto de don Emiliano.

En el acta circunstanciada de esa visita se asienta que “el sistema de riego no se encuentra instalado” y se anotan, entre otras quejas del productor, que la tubería está incompleta y colocada sobre la superficie, cuando debía estar enterrada; los cañones de riego tienen precios exorbitantes y aún no se entregan y la empresa solo hará 10 hectáreas en lugar de 20, como era el compromiso.

No obstante, la inspectora de la Sagarpa presionó a Chan Aguilar para firmar que la obra ya se había hecho, aunque él se negó.

Luego, funcionarios de la secretaría le dijeron que si la obra no aparecía como hecha y terminada, él debería pagar al gobierno federal la parte del apoyo a su nombre, más de $340,000, y que de no hacerlo se procedería el embargo de sus bienes.

Don Emiliano, ayudado por su hija, la Profra. Lourdes Chan, insistió en no firmar y pidió asesoría jurídica al Ayuntamiento de Tizimín, quien le asignó a un abogado de apellido Polanco.

“Sin embargo, no resistí mucho tiempo la presión”, confiesa don Emiliano. Lo único que quería era acabar con esta pesadilla, que me ocasionaba diarrea, problemas en el colon, convulsiones y varios ingresos al hospital.

De pronto cambió la actitud de la Sagarpa, dice el entrevistado. De la amenaza de embargo pasó a la negociación.

Cambio

“A fines de 2017, cerca de la Navidad, me visita Góngora López y a través de mi hija —yo me negaba a hablar con él— me dice que para resolver el problema consiga dos facturas, una por $341,000 y otra por $340,000 para comprobar los gastos del proyecto de riego”, señala.

“Con tal de resolver el problema, mi hija le respondió que veríamos lo que podríamos hacer”.

¿Un funcionario de Sagarpa le recomendó comprar facturas fantasmas para resolver el asunto?

“Sí, nos dijo que viéramos cómo conseguirlas para entregárselas y cerrar el caso”.

A los pocos días, según el entrevistado, Góngora López le dijo: “si quieren, conozco a una persona que las puede hacer baratas. Yo te digo quién y tú te entiendes con ella, yo no tengo nada que ver, solo te estoy haciendo un favor. Lo mismo me dijo Polanco, el abogado del Ayuntamiento, que entonces descubrí ya estaba del lado de la Sagarpa”.

“A final de cuentas, viene este señor Góngora López y me dice: ya lo averigüé, hay que pagar $40,000 por las dos facturas”.

“Yo consideré que esa propuesta era injusta”, afirma la profesora Chan. “Él no es responsable de ese desvío y esa cantidad que le pedían era mucho dinero para una persona mayor, equivalía prácticamente a todos sus ahorros, pero bueno… lo que queríamos era zafarnos de ese problema”.

Poco después de la conversación con Góngora López, el abogado Polanco localiza a la Profra. Chan y le dice: “Ya están listas las facturas y don Emiliano tiene hasta el último día de diciembre para entregar el dinero”.

Para quitárselo de encima, la Profra. Chan le dice que ya tenía esa cantidad, pero no podía dársela ese día porque estaba en un homenaje que la Asociación Ganadera de Tizimín le hacía a mi papá.

“No importa”, respondió Polanco, “yo paso a recogerlo a donde me diga”.

“Entonces pensé ‘ya está cayendo la Navidad y todos quieren dinero, nos están viendo la cara’ y le dije a mi papá: no vamos a darles ni un peso”.

“Yo estuve de acuerdo. Para mí quedó claro el contubernio entre la Sagarpa y la empresa Copra”, afirma don Emiliano. “Si quieren embargarnos, que vengan, veremos qué hacemos, pero ya basta de tanta corrupción”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

Dependencia/ Rancho

Otras declaraciones del señor Emiliano Chan Aguilar sobre el presunto fraude de la Sagarpa.

Cuarenta mil pesos

“Viene (Manuel) Góngora López y me dice: ya lo averigüé, hay que pagar $40,000 por las dos facturas”.

Cifra “injusta”

“Yo consideré que esa propuesta era injusta”, afirma su hija. “Él no es responsable de ese desvío y esa cantidad que le pedían era mucho dinero para una persona mayor, equivalía prácticamente a todos sus ahorros, pero bueno… lo que queríamos era zafarnos de ese problema”.

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“Relevo” en la red

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Nuevos proveedores, pero los mismos conceptos, en los pagos de la Fiscalía General por una serie de servicios.— Más compra masiva de “box lunch” y relleno de terrenos

En 2016 la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) continuó la compra masiva de “box lunch” y la limpieza, compactación y nivelación de sus terrenos, según revelan facturas entregadas y pagadas en la segunda mitad de ese año.

Aunque esa práctica se inició en ejercicios anteriores, en 2016 se extendieron los contratos a empresas distintas a las que cobraron por esos servicios en la recta final de 2015.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la renta de mobiliario y equipo para operativos vacacionales de Semana Santa y de verano representó un gasto elevado para la Fiscalía. Una sola empresa, First Producciones, S.A. de C.V., recibió cerca de $2.3 millones por ese concepto.

En total, First Producciones facturó seis servicios de $66,816 cada uno por idéntico concepto: renta de ventiladores, de carpas, de plantas de energía eléctrica, de mesas y de sillas para el período vacacional del 19 de marzo al 3 de abril en los municipios de Progreso (específicamente Chelem), Celestún, Izamal, Valladolid y Tizimín.

Además, expidió seis facturas de $276,172.80 cada una por renta de similar equipo en esos mismos municipios y en Mérida en el período de vacaciones de verano, del 1 de julio al 31 de agosto.

First Producciones también recibió dos pagos de $49,938 por rentas para operativos de Semana Santa detallados en las facturas 40 y 41, con fechas del 29 de junio de 2016.

Un cobro más de esa empresa fue de $133,632, por renta de mobiliario y equipo para el mismo operativo en Mérida.

En total, First Producciones recibió $2.291,436 por concepto de renta. Sus facturas son del 2 y el 29 de junio.

Bien alimentados

Una empresa con nombre similar, Producciones y Eventos First Scene, S.A. de C.V., fue una de las tres que acapararon los “box lunch” destinados al personal de la Fiscalía que participó en operativos vacacionales.

En total la FGEY pagó $402,288 a esa compañía por proveer de alimentos a sus empleados en Semana Santa y a “elementos que acompañaron al secretario de Gobierno Osorio Chong (sic) en evento de Unidad Especializada contra el Secuestro”.

El secretario Miguel Ángel Osorio, hoy senador de la República, estuvo el 9 de mayo de ese año en Mérida para inaugurar la mencionada unidad.

La abundante dotación de “box lunch” para el personal de la Fiscalía asignado a la vigilancia en vacaciones fue más cara en el verano. Una segunda compañía, Gredel Group Consorcio Empresarial, S.A. de C.V., recibió tres pagos de $319,661.60 cada uno por entregar esos paquetes a quienes intervinieron en el operativo del 1 de julio al 31 de agosto en Mérida, Izamal y Celestún. El total fue de casi un millón de pesos.

Aunque fue del mismo período, la tarifa subió por los “box lunch” para empleados que estuvieron en los operativos veraniegos en Progreso, Valladolid y Tizimín. Por cada municipio el pago fue de $453,560 para Grupo Corasta, S.A. de C.V. —firma desconocida—, que en conjunto recibió $1.360,680.

La suma pagada a los tres proveedores de “box lunch” asciende a $2.721,271.

Otra convivencia

Gredel Group Consorcio Empresarial reportó su domicilio fiscal en la calle 18 número 496 del fraccionamiento Sol Campestre. En ese mismo lugar tenía su sede Grupo Cept de México, S.A. de C.V., que también fue proveedor de la FGEY durante la administración anterior.

Precisamente esta segunda compañía entró al “relevo” en el relleno, compactación y nivelación de los terrenos de la Fiscalía General, trabajo por el cual otros cuatro negocios facturaron en diciembre de 2015. El nuevo cobro, de $376,960.56, fue requerido en junio de 2016, seis meses después de que lo hicieron los demás proveedores.

A Grupo Cept también se le dieron contratos de $34,800 por “trabajos de tablarroca en las áreas del Centro de Justicia para la Mujer”, de $27,840 por “impermeabilización de los techos de las agencias de Motul y Kanasín” y de $30,474 por “pintura de los edificios ubicados en los municipios de Hunucmá, Maxcanú y Ticul”.

Los pagos por mantenimiento se extendieron a Kora Desarrollos, S.A. de C.V., que recibió pagos de $231,420 y de $363,660 por desmonte y limpieza de terrenos aledaños a la Fiscalía y por escarificación de superficie interna. Por idénticos conceptos se pagó a otras empresas seis meses atrás.

No hay registros locales de Kora Desarrollos. En el ámbito nacional es el nombre de una desarrolladora de vivienda en varios puntos del país.

En la lista de pagos de mediados de 2016 aparecen uno de $362,500 por “mantenimiento preventivo y/o correctivo a radios portátiles” y otro de $116,000 por “limpieza general al equipo de PC y Laptops”, ambos a Computodo en Sistemas Peninsulares (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

angel.noh@megamedia.com.mx

No se permitirá impunidad, dice el gobierno
Habrá denuncias si se comprueban los delitos —advierten

La contralora general del Estado, Lízbeth Basto Avilés, asegura que el nuevo gobierno no permitirá la impunidad en los casos de desvíos de recursos públicos cometidos en la administración anterior, “que se puedan documentar”.

“La instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal ha sido clara y no se permitirá la impunidad”, precisa. “El único compromiso del gobierno del Estado es con el pueblo de Yucatán, con la transparencia y con la rendición de cuentas”.

En relación con los indicios de desvío de recursos cometido en varias dependencias durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, mediante empresas fantasmas que simularon la prestación de servicios —como ha publicado detalladamente Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la funcionaria dice que “actualmente se exige el sustento que ampara los pagos de cada uno de éstos”, para verificar esta información que ya se ha hecho pública.

“Seguimos la instrucción que desde el primer día de la administración giró el gobernador, de vigilar que cualquier recurso público que hubiera sido utilizado en forma indebida se documente e integre debidamente, y de ésta forma proceder contra quien resulte responsable”, sostiene.

La funcionaria explica que ahora el gobierno del Estado se encuentra en pleno proceso de entrega-recepción, que finaliza el 12 de noviembre. Luego de esa fecha y durante un período de 30 días hábiles, afirma, los funcionarios del nuevo gobierno podrán realizar los citatorios pertinentes a los responsables de la administración saliente, para “aclarar cualquier observación derivada de la entrega-recepción”.

Dentro de este plazo, añade, se podrá requerir por escrito al servidor público saliente, “a fin de que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional solicitada”.

De acuerdo con la contadora Basto Avilés, en los casos en que se detecte la probable comisión de delitos considerados como faltas graves, tales como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, etcétera, el gobierno presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público o ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El compromiso del gobierno del Estado, insiste la contralora, es “proceder siempre, en cualquier momento que se detecte alguna irregularidad o indicio de corrupción”.

Hace unos días informamos, con base en informes extraoficiales, que ya fueron citados a comparecer funcionarios y exfuncionarios del área de salud para tratar de aclarar el caso de las empresas fantasmas contratadas por la Secretaría del ramo.

HERNAN CASARES CÁMARA/ Diario de Yucatán

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