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Investigaciones Periodisticas

“Relevo” en la red

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Nuevos proveedores, pero los mismos conceptos, en los pagos de la Fiscalía General por una serie de servicios.— Más compra masiva de “box lunch” y relleno de terrenos

En 2016 la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) continuó la compra masiva de “box lunch” y la limpieza, compactación y nivelación de sus terrenos, según revelan facturas entregadas y pagadas en la segunda mitad de ese año.

Aunque esa práctica se inició en ejercicios anteriores, en 2016 se extendieron los contratos a empresas distintas a las que cobraron por esos servicios en la recta final de 2015.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la renta de mobiliario y equipo para operativos vacacionales de Semana Santa y de verano representó un gasto elevado para la Fiscalía. Una sola empresa, First Producciones, S.A. de C.V., recibió cerca de $2.3 millones por ese concepto.

En total, First Producciones facturó seis servicios de $66,816 cada uno por idéntico concepto: renta de ventiladores, de carpas, de plantas de energía eléctrica, de mesas y de sillas para el período vacacional del 19 de marzo al 3 de abril en los municipios de Progreso (específicamente Chelem), Celestún, Izamal, Valladolid y Tizimín.

Además, expidió seis facturas de $276,172.80 cada una por renta de similar equipo en esos mismos municipios y en Mérida en el período de vacaciones de verano, del 1 de julio al 31 de agosto.

First Producciones también recibió dos pagos de $49,938 por rentas para operativos de Semana Santa detallados en las facturas 40 y 41, con fechas del 29 de junio de 2016.

Un cobro más de esa empresa fue de $133,632, por renta de mobiliario y equipo para el mismo operativo en Mérida.

En total, First Producciones recibió $2.291,436 por concepto de renta. Sus facturas son del 2 y el 29 de junio.

Bien alimentados

Una empresa con nombre similar, Producciones y Eventos First Scene, S.A. de C.V., fue una de las tres que acapararon los “box lunch” destinados al personal de la Fiscalía que participó en operativos vacacionales.

En total la FGEY pagó $402,288 a esa compañía por proveer de alimentos a sus empleados en Semana Santa y a “elementos que acompañaron al secretario de Gobierno Osorio Chong (sic) en evento de Unidad Especializada contra el Secuestro”.

El secretario Miguel Ángel Osorio, hoy senador de la República, estuvo el 9 de mayo de ese año en Mérida para inaugurar la mencionada unidad.

La abundante dotación de “box lunch” para el personal de la Fiscalía asignado a la vigilancia en vacaciones fue más cara en el verano. Una segunda compañía, Gredel Group Consorcio Empresarial, S.A. de C.V., recibió tres pagos de $319,661.60 cada uno por entregar esos paquetes a quienes intervinieron en el operativo del 1 de julio al 31 de agosto en Mérida, Izamal y Celestún. El total fue de casi un millón de pesos.

Aunque fue del mismo período, la tarifa subió por los “box lunch” para empleados que estuvieron en los operativos veraniegos en Progreso, Valladolid y Tizimín. Por cada municipio el pago fue de $453,560 para Grupo Corasta, S.A. de C.V. —firma desconocida—, que en conjunto recibió $1.360,680.

La suma pagada a los tres proveedores de “box lunch” asciende a $2.721,271.

Otra convivencia

Gredel Group Consorcio Empresarial reportó su domicilio fiscal en la calle 18 número 496 del fraccionamiento Sol Campestre. En ese mismo lugar tenía su sede Grupo Cept de México, S.A. de C.V., que también fue proveedor de la FGEY durante la administración anterior.

Precisamente esta segunda compañía entró al “relevo” en el relleno, compactación y nivelación de los terrenos de la Fiscalía General, trabajo por el cual otros cuatro negocios facturaron en diciembre de 2015. El nuevo cobro, de $376,960.56, fue requerido en junio de 2016, seis meses después de que lo hicieron los demás proveedores.

A Grupo Cept también se le dieron contratos de $34,800 por “trabajos de tablarroca en las áreas del Centro de Justicia para la Mujer”, de $27,840 por “impermeabilización de los techos de las agencias de Motul y Kanasín” y de $30,474 por “pintura de los edificios ubicados en los municipios de Hunucmá, Maxcanú y Ticul”.

Los pagos por mantenimiento se extendieron a Kora Desarrollos, S.A. de C.V., que recibió pagos de $231,420 y de $363,660 por desmonte y limpieza de terrenos aledaños a la Fiscalía y por escarificación de superficie interna. Por idénticos conceptos se pagó a otras empresas seis meses atrás.

No hay registros locales de Kora Desarrollos. En el ámbito nacional es el nombre de una desarrolladora de vivienda en varios puntos del país.

En la lista de pagos de mediados de 2016 aparecen uno de $362,500 por “mantenimiento preventivo y/o correctivo a radios portátiles” y otro de $116,000 por “limpieza general al equipo de PC y Laptops”, ambos a Computodo en Sistemas Peninsulares (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

angel.noh@megamedia.com.mx

No se permitirá impunidad, dice el gobierno
Habrá denuncias si se comprueban los delitos —advierten

La contralora general del Estado, Lízbeth Basto Avilés, asegura que el nuevo gobierno no permitirá la impunidad en los casos de desvíos de recursos públicos cometidos en la administración anterior, “que se puedan documentar”.

“La instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal ha sido clara y no se permitirá la impunidad”, precisa. “El único compromiso del gobierno del Estado es con el pueblo de Yucatán, con la transparencia y con la rendición de cuentas”.

En relación con los indicios de desvío de recursos cometido en varias dependencias durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, mediante empresas fantasmas que simularon la prestación de servicios —como ha publicado detalladamente Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la funcionaria dice que “actualmente se exige el sustento que ampara los pagos de cada uno de éstos”, para verificar esta información que ya se ha hecho pública.

“Seguimos la instrucción que desde el primer día de la administración giró el gobernador, de vigilar que cualquier recurso público que hubiera sido utilizado en forma indebida se documente e integre debidamente, y de ésta forma proceder contra quien resulte responsable”, sostiene.

La funcionaria explica que ahora el gobierno del Estado se encuentra en pleno proceso de entrega-recepción, que finaliza el 12 de noviembre. Luego de esa fecha y durante un período de 30 días hábiles, afirma, los funcionarios del nuevo gobierno podrán realizar los citatorios pertinentes a los responsables de la administración saliente, para “aclarar cualquier observación derivada de la entrega-recepción”.

Dentro de este plazo, añade, se podrá requerir por escrito al servidor público saliente, “a fin de que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional solicitada”.

De acuerdo con la contadora Basto Avilés, en los casos en que se detecte la probable comisión de delitos considerados como faltas graves, tales como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, etcétera, el gobierno presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público o ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El compromiso del gobierno del Estado, insiste la contralora, es “proceder siempre, en cualquier momento que se detecte alguna irregularidad o indicio de corrupción”.

Hace unos días informamos, con base en informes extraoficiales, que ya fueron citados a comparecer funcionarios y exfuncionarios del área de salud para tratar de aclarar el caso de las empresas fantasmas contratadas por la Secretaría del ramo.

HERNAN CASARES CÁMARA/ Diario de Yucatán

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