Megamedia

Copyright 2018 | Sitio web desarrollado por GRUPO MEGAMEDIA

Investigaciones Periodisticas

“Relevo” en la red

Publicado

En

Nuevos proveedores, pero los mismos conceptos, en los pagos de la Fiscalía General por una serie de servicios.— Más compra masiva de “box lunch” y relleno de terrenos

En 2016 la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) continuó la compra masiva de “box lunch” y la limpieza, compactación y nivelación de sus terrenos, según revelan facturas entregadas y pagadas en la segunda mitad de ese año.

Aunque esa práctica se inició en ejercicios anteriores, en 2016 se extendieron los contratos a empresas distintas a las que cobraron por esos servicios en la recta final de 2015.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la renta de mobiliario y equipo para operativos vacacionales de Semana Santa y de verano representó un gasto elevado para la Fiscalía. Una sola empresa, First Producciones, S.A. de C.V., recibió cerca de $2.3 millones por ese concepto.

En total, First Producciones facturó seis servicios de $66,816 cada uno por idéntico concepto: renta de ventiladores, de carpas, de plantas de energía eléctrica, de mesas y de sillas para el período vacacional del 19 de marzo al 3 de abril en los municipios de Progreso (específicamente Chelem), Celestún, Izamal, Valladolid y Tizimín.

Además, expidió seis facturas de $276,172.80 cada una por renta de similar equipo en esos mismos municipios y en Mérida en el período de vacaciones de verano, del 1 de julio al 31 de agosto.

First Producciones también recibió dos pagos de $49,938 por rentas para operativos de Semana Santa detallados en las facturas 40 y 41, con fechas del 29 de junio de 2016.

Un cobro más de esa empresa fue de $133,632, por renta de mobiliario y equipo para el mismo operativo en Mérida.

En total, First Producciones recibió $2.291,436 por concepto de renta. Sus facturas son del 2 y el 29 de junio.

Bien alimentados

Una empresa con nombre similar, Producciones y Eventos First Scene, S.A. de C.V., fue una de las tres que acapararon los “box lunch” destinados al personal de la Fiscalía que participó en operativos vacacionales.

En total la FGEY pagó $402,288 a esa compañía por proveer de alimentos a sus empleados en Semana Santa y a “elementos que acompañaron al secretario de Gobierno Osorio Chong (sic) en evento de Unidad Especializada contra el Secuestro”.

El secretario Miguel Ángel Osorio, hoy senador de la República, estuvo el 9 de mayo de ese año en Mérida para inaugurar la mencionada unidad.

La abundante dotación de “box lunch” para el personal de la Fiscalía asignado a la vigilancia en vacaciones fue más cara en el verano. Una segunda compañía, Gredel Group Consorcio Empresarial, S.A. de C.V., recibió tres pagos de $319,661.60 cada uno por entregar esos paquetes a quienes intervinieron en el operativo del 1 de julio al 31 de agosto en Mérida, Izamal y Celestún. El total fue de casi un millón de pesos.

Aunque fue del mismo período, la tarifa subió por los “box lunch” para empleados que estuvieron en los operativos veraniegos en Progreso, Valladolid y Tizimín. Por cada municipio el pago fue de $453,560 para Grupo Corasta, S.A. de C.V. —firma desconocida—, que en conjunto recibió $1.360,680.

La suma pagada a los tres proveedores de “box lunch” asciende a $2.721,271.

Otra convivencia

Gredel Group Consorcio Empresarial reportó su domicilio fiscal en la calle 18 número 496 del fraccionamiento Sol Campestre. En ese mismo lugar tenía su sede Grupo Cept de México, S.A. de C.V., que también fue proveedor de la FGEY durante la administración anterior.

Precisamente esta segunda compañía entró al “relevo” en el relleno, compactación y nivelación de los terrenos de la Fiscalía General, trabajo por el cual otros cuatro negocios facturaron en diciembre de 2015. El nuevo cobro, de $376,960.56, fue requerido en junio de 2016, seis meses después de que lo hicieron los demás proveedores.

A Grupo Cept también se le dieron contratos de $34,800 por “trabajos de tablarroca en las áreas del Centro de Justicia para la Mujer”, de $27,840 por “impermeabilización de los techos de las agencias de Motul y Kanasín” y de $30,474 por “pintura de los edificios ubicados en los municipios de Hunucmá, Maxcanú y Ticul”.

Los pagos por mantenimiento se extendieron a Kora Desarrollos, S.A. de C.V., que recibió pagos de $231,420 y de $363,660 por desmonte y limpieza de terrenos aledaños a la Fiscalía y por escarificación de superficie interna. Por idénticos conceptos se pagó a otras empresas seis meses atrás.

No hay registros locales de Kora Desarrollos. En el ámbito nacional es el nombre de una desarrolladora de vivienda en varios puntos del país.

En la lista de pagos de mediados de 2016 aparecen uno de $362,500 por “mantenimiento preventivo y/o correctivo a radios portátiles” y otro de $116,000 por “limpieza general al equipo de PC y Laptops”, ambos a Computodo en Sistemas Peninsulares (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

angel.noh@megamedia.com.mx

No se permitirá impunidad, dice el gobierno
Habrá denuncias si se comprueban los delitos —advierten

La contralora general del Estado, Lízbeth Basto Avilés, asegura que el nuevo gobierno no permitirá la impunidad en los casos de desvíos de recursos públicos cometidos en la administración anterior, “que se puedan documentar”.

“La instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal ha sido clara y no se permitirá la impunidad”, precisa. “El único compromiso del gobierno del Estado es con el pueblo de Yucatán, con la transparencia y con la rendición de cuentas”.

En relación con los indicios de desvío de recursos cometido en varias dependencias durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, mediante empresas fantasmas que simularon la prestación de servicios —como ha publicado detalladamente Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la funcionaria dice que “actualmente se exige el sustento que ampara los pagos de cada uno de éstos”, para verificar esta información que ya se ha hecho pública.

“Seguimos la instrucción que desde el primer día de la administración giró el gobernador, de vigilar que cualquier recurso público que hubiera sido utilizado en forma indebida se documente e integre debidamente, y de ésta forma proceder contra quien resulte responsable”, sostiene.

La funcionaria explica que ahora el gobierno del Estado se encuentra en pleno proceso de entrega-recepción, que finaliza el 12 de noviembre. Luego de esa fecha y durante un período de 30 días hábiles, afirma, los funcionarios del nuevo gobierno podrán realizar los citatorios pertinentes a los responsables de la administración saliente, para “aclarar cualquier observación derivada de la entrega-recepción”.

Dentro de este plazo, añade, se podrá requerir por escrito al servidor público saliente, “a fin de que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional solicitada”.

De acuerdo con la contadora Basto Avilés, en los casos en que se detecte la probable comisión de delitos considerados como faltas graves, tales como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, etcétera, el gobierno presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público o ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El compromiso del gobierno del Estado, insiste la contralora, es “proceder siempre, en cualquier momento que se detecte alguna irregularidad o indicio de corrupción”.

Hace unos días informamos, con base en informes extraoficiales, que ya fueron citados a comparecer funcionarios y exfuncionarios del área de salud para tratar de aclarar el caso de las empresas fantasmas contratadas por la Secretaría del ramo.

HERNAN CASARES CÁMARA/ Diario de Yucatán

Investigaciones Periodisticas

Sin impunidad para administración anterior, ratifica equipo de Vila

Publicado

En

Por

Se procederá en todo caso que configure ilícitos

El gobierno de Mauricio Vila Dosal está revisando todos los casos del proceso de entrega-recepción que generan dudas y tomará las acciones legales correspondientes en aquellos donde se comprueben ilícitos, ratificaron funcionarios de la nueva administración estatal.

Es un hecho, subrayaron, que no se permitirá la impunidad.

Entre los primeros citatorios girados para tratar de esclarecer algún hecho, contrato u operación están los dirigidos a exfuncionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos su extitular, Jorge Mendoza Mézquita.

En esa dependencia se detectaron gastos de $200 millones en estudios no encontrados, que fueron asignados a empresas de giros distintos a los del sector salud.

Las secretarias general de Gobierno, María Fritz Sierra; de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y de la Contraloría General del Estado, Lízbeth Basto Avilés, y el director general de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores, recordaron que el procedimiento administrativo de entrega-recepción establece un plazo de 30 días hábiles después de la firma para cualquier aclaración que se requiera de los funcionarios salientes, pero no es un plazo fatal para las investigaciones porque éstas pueden continuar y en caso de configurarse delitos se seguirán los pasos correspondientes.

Organismos

Recalcaron que la Contraloría General del Estado y los órganos internos de control sólo tienen facultades para sancionar delitos considerados no graves. En los casos en que se configuren faltas graves —cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros—, se presentarán las denuncias respectivas ante las autoridades judiciales.

Ayer publicamos que, en visita a las instalaciones del Diario, los funcionarios ya citados expusieron amplios detalles de la situación encontrada durante el proceso de entrega-recepción. Entre otras cosas, hablaron de un desorden “total y absoluto” en el manejo presupuestal y contable, de un Isstey quebrado, de la pesada carga económica que representa el Gran Museo del Mundo Maya, de antiguas observaciones de las autoridades fiscalizadoras federales sin solventar y del faltante de casi $1,900 millones que heredó el gobierno anterior.

Sobre el procedimiento a seguir en los asuntos en que se comprueben y documenten irregularidades, las secretarias y el director general expusieron:

—Cuando recibimos la administración nos entregaron una serie de carpetas, documentos, archivos y cajas. Era humanamente imposible revisar algo en ese momento, como tampoco teníamos la obligación inmediata.

—El decreto que da sustento a ese procedimiento establece 30 días hábiles, después de la firma, para cualquier aclaración de lo que nos entregaron administrativamente. Si después de ese tiempo, durante las investigaciones, se encuentra alguna irregularidad, las vías están abiertas para tomar acciones legales. No importa que hayan pasado esos treinta días.

—Casi en todas las secretarías se han girado citatorios de distinta índole. No se cita únicamente a quien fue secretario. En este procedimiento analizamos el expediente y si hay dudas el funcionario saliente tiene la oportunidad de comparecer y hacer todas las puntualizaciones que ayuden a aclarar la entrega-recepción.

—Algo muy importante es que no los podemos forzar a comparecer. Es un derecho que tienen para dar claridad a lo que nos dejaron. Hay quienes han sido citados y no han comparecido. Otros sí se presentaron y aportaron la información que se les requiere.

—Si finalmente no comparecen nosotros continuamos con el proceso de revisión. El hecho de que venzan los 30 días hábiles que se establecen como plazo para analizar el expediente no significa que nada pasó y que todo quedará así. Seguiremos la investigación y la búsqueda de documentos. En caso de que éstos no aparezcan o se determine que hay delitos se procederá como a Derecho corresponda.

—Ya se giraron citatorios a exfuncionarios de Salud. La exdirectora de Administración y Finanzas no asistió el día que se le fijó y se le dará una nueva oportunidad, porque es quien más conoce estas situaciones de facturas y estudios que no hemos encontrado. Si no acude habrá perdido la oportunidad de aclarar algo que nos genera dudas.

—Todos los directores de finanzas están obligados a contar con la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto y del presupuesto. Sin esos documentos no se debe hacer ningún pago… Deben ser el respaldo que ampare la transferencia realizada, el cheque emitido y cualquier otro tipo de registro que afecte tanto el presupuesto como la salida del dinero de las cuentas bancarias.

—También se ha citado a comparecer al exsecretario de Salud (Jorge Mendoza), el jueves o viernes próximos.

—Con los nuevos sistemas de fiscalización, la Contraloría y los órganos internos de control están acotados para sancionar las faltas consideradas graves. Las investiga, integra los expedientes y presenta las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa o la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Diario de Yucatán

Continuar Leyendo

Investigaciones Periodisticas

Con engaños y facturas falsas lo involucran en un fraude

Publicado

En

Por

La proliferación de facturas fantasmas para justificar gastos inexistentes del gobierno, propiciada por los propios funcionarios, ha llegado a niveles sorprendentes, como lo muestra un caso “pequeño” de fraude atribuido a la Sagarpa y a una empresa privada, pero que evidencia la gravedad y el alcance de esa práctica.

Violando flagrantemente la ley, un funcionario menor de esa secretaría, Manuel Góngora López, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 180 de Tizimín, aconsejó a un pequeño productor, involucrado con engaños en un adeudo con esa dependencia, a comprar facturas apócrifas para frenar una demanda en su contra y justificar gastos inexistentes de esa instancia.

El ganadero de Tizimín Emiliano Chan Aguilar, de 88 años, relata los pormenores de este asunto en la tercera entrega de la entrevista que concedió a Diario de Yucatán, que enseña la punta del iceberg de lo que parece ser un megafraude realizado en el Programa de Tecnificación de Riego Agrícola en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Como hemos informado, don Emiliano, dueño de un rancho de 44 hectáreas en Colonia Yucatán, recibió en 2016 la visita de un empleado de la empresa Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios (Copra), S.A. de C.V., propiedad de José del Carmen Lugo Maldonado y administrada por su hijo José Ludovig Lugo Chavira.

Ellos le ofrecieron ampliar su superficie de riego a 20 hectáreas, mediante un programa del gobierno federal a fondo perdido.

En todo momento le aseguraron al productor que no pagaría un solo peso.

Ocultos

Don Emiliano firmó su solicitud y varios papeles en la Sagarpa, cuyo contenido nunca le dejaron ver los funcionarios de esa dependencia. En esos documentos él contrata a Copra para poner el equipo de riego en su rancho por $681,000, de los cuales él debería aportar la mitad (aunque nunca se lo dijeron). También endosó a favor de Copra los cheques que el gobierno federal emitió a su nombre.

Después de muchas gestiones y varios meses de espera, Copra inició los trabajos, pero no los terminó y al parecer permitió la desaparición de parte del equipo contratado, como decenas de llaves de cobre.

En junio, el delegado de Sagarpa, Pablo Castro Alcocer, al tanto de este problema, autorizó una visita de verificación al proyecto de don Emiliano.

En el acta circunstanciada de esa visita se asienta que “el sistema de riego no se encuentra instalado” y se anotan, entre otras quejas del productor, que la tubería está incompleta y colocada sobre la superficie, cuando debía estar enterrada; los cañones de riego tienen precios exorbitantes y aún no se entregan y la empresa solo hará 10 hectáreas en lugar de 20, como era el compromiso.

No obstante, la inspectora de la Sagarpa presionó a Chan Aguilar para firmar que la obra ya se había hecho, aunque él se negó.

Luego, funcionarios de la secretaría le dijeron que si la obra no aparecía como hecha y terminada, él debería pagar al gobierno federal la parte del apoyo a su nombre, más de $340,000, y que de no hacerlo se procedería el embargo de sus bienes.

Don Emiliano, ayudado por su hija, la Profra. Lourdes Chan, insistió en no firmar y pidió asesoría jurídica al Ayuntamiento de Tizimín, quien le asignó a un abogado de apellido Polanco.

“Sin embargo, no resistí mucho tiempo la presión”, confiesa don Emiliano. Lo único que quería era acabar con esta pesadilla, que me ocasionaba diarrea, problemas en el colon, convulsiones y varios ingresos al hospital.

De pronto cambió la actitud de la Sagarpa, dice el entrevistado. De la amenaza de embargo pasó a la negociación.

Cambio

“A fines de 2017, cerca de la Navidad, me visita Góngora López y a través de mi hija —yo me negaba a hablar con él— me dice que para resolver el problema consiga dos facturas, una por $341,000 y otra por $340,000 para comprobar los gastos del proyecto de riego”, señala.

“Con tal de resolver el problema, mi hija le respondió que veríamos lo que podríamos hacer”.

¿Un funcionario de Sagarpa le recomendó comprar facturas fantasmas para resolver el asunto?

“Sí, nos dijo que viéramos cómo conseguirlas para entregárselas y cerrar el caso”.

A los pocos días, según el entrevistado, Góngora López le dijo: “si quieren, conozco a una persona que las puede hacer baratas. Yo te digo quién y tú te entiendes con ella, yo no tengo nada que ver, solo te estoy haciendo un favor. Lo mismo me dijo Polanco, el abogado del Ayuntamiento, que entonces descubrí ya estaba del lado de la Sagarpa”.

“A final de cuentas, viene este señor Góngora López y me dice: ya lo averigüé, hay que pagar $40,000 por las dos facturas”.

“Yo consideré que esa propuesta era injusta”, afirma la profesora Chan. “Él no es responsable de ese desvío y esa cantidad que le pedían era mucho dinero para una persona mayor, equivalía prácticamente a todos sus ahorros, pero bueno… lo que queríamos era zafarnos de ese problema”.

Poco después de la conversación con Góngora López, el abogado Polanco localiza a la Profra. Chan y le dice: “Ya están listas las facturas y don Emiliano tiene hasta el último día de diciembre para entregar el dinero”.

Para quitárselo de encima, la Profra. Chan le dice que ya tenía esa cantidad, pero no podía dársela ese día porque estaba en un homenaje que la Asociación Ganadera de Tizimín le hacía a mi papá.

“No importa”, respondió Polanco, “yo paso a recogerlo a donde me diga”.

“Entonces pensé ‘ya está cayendo la Navidad y todos quieren dinero, nos están viendo la cara’ y le dije a mi papá: no vamos a darles ni un peso”.

“Yo estuve de acuerdo. Para mí quedó claro el contubernio entre la Sagarpa y la empresa Copra”, afirma don Emiliano. “Si quieren embargarnos, que vengan, veremos qué hacemos, pero ya basta de tanta corrupción”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

Dependencia/ Rancho

Otras declaraciones del señor Emiliano Chan Aguilar sobre el presunto fraude de la Sagarpa.

Cuarenta mil pesos

“Viene (Manuel) Góngora López y me dice: ya lo averigüé, hay que pagar $40,000 por las dos facturas”.

Cifra “injusta”

“Yo consideré que esa propuesta era injusta”, afirma su hija. “Él no es responsable de ese desvío y esa cantidad que le pedían era mucho dinero para una persona mayor, equivalía prácticamente a todos sus ahorros, pero bueno… lo que queríamos era zafarnos de ese problema”.

Diario de Yucatán

Continuar Leyendo

Investigaciones Periodisticas

Desaparecieron datos

Publicado

En

Por

Más voces piden una investigación a fondo del caso

Se esfumaron expedientes vinculados con las empresas fantasmas del sector salud

A un mes de que entró en funciones el gobierno de Mauricio Vila Dosal, en la Secretaría de Salud del Estado se detectó la desaparición de por lo menos seis bases de datos relacionados con las empresas fantasmas que cobraron millonarias cantidades por estudios sobre enfermedades y otros trabajos asignados en procedimientos irregulares.

De acuerdo con datos recabados, ya se giraron oficios en los que se solicita la comparecencia de funcionarios del gobierno anterior para aclarar la situación.

Te puede interesar: Nuevos pagos en duda

El faltante de datos, según nuestras fuentes, está vinculado con la información que hemos publicado recientemente con base en trabajos de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia. Hay un vacío causado con dolo.

Al mismo tiempo, siguen saliendo a la luz pagos dudosos a un grupo de empresas en la Fiscalía General de Yucatán y nuevas voces se pronuncian a favor de una investigación para no dar paso a la impunidad. Hoy ofrecemos las opiniones de Blanca Estrada Mora y Patricia McCarthy Caballero.

Diario de Yucatán

Continuar Leyendo

Tendencia