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Investigaciones Periodisticas

Con engaños y facturas falsas lo involucran en un fraude

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La proliferación de facturas fantasmas para justificar gastos inexistentes del gobierno, propiciada por los propios funcionarios, ha llegado a niveles sorprendentes, como lo muestra un caso “pequeño” de fraude atribuido a la Sagarpa y a una empresa privada, pero que evidencia la gravedad y el alcance de esa práctica.

Violando flagrantemente la ley, un funcionario menor de esa secretaría, Manuel Góngora López, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 180 de Tizimín, aconsejó a un pequeño productor, involucrado con engaños en un adeudo con esa dependencia, a comprar facturas apócrifas para frenar una demanda en su contra y justificar gastos inexistentes de esa instancia.

El ganadero de Tizimín Emiliano Chan Aguilar, de 88 años, relata los pormenores de este asunto en la tercera entrega de la entrevista que concedió a Diario de Yucatán, que enseña la punta del iceberg de lo que parece ser un megafraude realizado en el Programa de Tecnificación de Riego Agrícola en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Como hemos informado, don Emiliano, dueño de un rancho de 44 hectáreas en Colonia Yucatán, recibió en 2016 la visita de un empleado de la empresa Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios (Copra), S.A. de C.V., propiedad de José del Carmen Lugo Maldonado y administrada por su hijo José Ludovig Lugo Chavira.

Ellos le ofrecieron ampliar su superficie de riego a 20 hectáreas, mediante un programa del gobierno federal a fondo perdido.

En todo momento le aseguraron al productor que no pagaría un solo peso.

Ocultos

Don Emiliano firmó su solicitud y varios papeles en la Sagarpa, cuyo contenido nunca le dejaron ver los funcionarios de esa dependencia. En esos documentos él contrata a Copra para poner el equipo de riego en su rancho por $681,000, de los cuales él debería aportar la mitad (aunque nunca se lo dijeron). También endosó a favor de Copra los cheques que el gobierno federal emitió a su nombre.

Después de muchas gestiones y varios meses de espera, Copra inició los trabajos, pero no los terminó y al parecer permitió la desaparición de parte del equipo contratado, como decenas de llaves de cobre.

En junio, el delegado de Sagarpa, Pablo Castro Alcocer, al tanto de este problema, autorizó una visita de verificación al proyecto de don Emiliano.

En el acta circunstanciada de esa visita se asienta que “el sistema de riego no se encuentra instalado” y se anotan, entre otras quejas del productor, que la tubería está incompleta y colocada sobre la superficie, cuando debía estar enterrada; los cañones de riego tienen precios exorbitantes y aún no se entregan y la empresa solo hará 10 hectáreas en lugar de 20, como era el compromiso.

No obstante, la inspectora de la Sagarpa presionó a Chan Aguilar para firmar que la obra ya se había hecho, aunque él se negó.

Luego, funcionarios de la secretaría le dijeron que si la obra no aparecía como hecha y terminada, él debería pagar al gobierno federal la parte del apoyo a su nombre, más de $340,000, y que de no hacerlo se procedería el embargo de sus bienes.

Don Emiliano, ayudado por su hija, la Profra. Lourdes Chan, insistió en no firmar y pidió asesoría jurídica al Ayuntamiento de Tizimín, quien le asignó a un abogado de apellido Polanco.

“Sin embargo, no resistí mucho tiempo la presión”, confiesa don Emiliano. Lo único que quería era acabar con esta pesadilla, que me ocasionaba diarrea, problemas en el colon, convulsiones y varios ingresos al hospital.

De pronto cambió la actitud de la Sagarpa, dice el entrevistado. De la amenaza de embargo pasó a la negociación.

Cambio

“A fines de 2017, cerca de la Navidad, me visita Góngora López y a través de mi hija —yo me negaba a hablar con él— me dice que para resolver el problema consiga dos facturas, una por $341,000 y otra por $340,000 para comprobar los gastos del proyecto de riego”, señala.

“Con tal de resolver el problema, mi hija le respondió que veríamos lo que podríamos hacer”.

¿Un funcionario de Sagarpa le recomendó comprar facturas fantasmas para resolver el asunto?

“Sí, nos dijo que viéramos cómo conseguirlas para entregárselas y cerrar el caso”.

A los pocos días, según el entrevistado, Góngora López le dijo: “si quieren, conozco a una persona que las puede hacer baratas. Yo te digo quién y tú te entiendes con ella, yo no tengo nada que ver, solo te estoy haciendo un favor. Lo mismo me dijo Polanco, el abogado del Ayuntamiento, que entonces descubrí ya estaba del lado de la Sagarpa”.

“A final de cuentas, viene este señor Góngora López y me dice: ya lo averigüé, hay que pagar $40,000 por las dos facturas”.

“Yo consideré que esa propuesta era injusta”, afirma la profesora Chan. “Él no es responsable de ese desvío y esa cantidad que le pedían era mucho dinero para una persona mayor, equivalía prácticamente a todos sus ahorros, pero bueno… lo que queríamos era zafarnos de ese problema”.

Poco después de la conversación con Góngora López, el abogado Polanco localiza a la Profra. Chan y le dice: “Ya están listas las facturas y don Emiliano tiene hasta el último día de diciembre para entregar el dinero”.

Para quitárselo de encima, la Profra. Chan le dice que ya tenía esa cantidad, pero no podía dársela ese día porque estaba en un homenaje que la Asociación Ganadera de Tizimín le hacía a mi papá.

“No importa”, respondió Polanco, “yo paso a recogerlo a donde me diga”.

“Entonces pensé ‘ya está cayendo la Navidad y todos quieren dinero, nos están viendo la cara’ y le dije a mi papá: no vamos a darles ni un peso”.

“Yo estuve de acuerdo. Para mí quedó claro el contubernio entre la Sagarpa y la empresa Copra”, afirma don Emiliano. “Si quieren embargarnos, que vengan, veremos qué hacemos, pero ya basta de tanta corrupción”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

Dependencia/ Rancho

Otras declaraciones del señor Emiliano Chan Aguilar sobre el presunto fraude de la Sagarpa.

Cuarenta mil pesos

“Viene (Manuel) Góngora López y me dice: ya lo averigüé, hay que pagar $40,000 por las dos facturas”.

Cifra “injusta”

“Yo consideré que esa propuesta era injusta”, afirma su hija. “Él no es responsable de ese desvío y esa cantidad que le pedían era mucho dinero para una persona mayor, equivalía prácticamente a todos sus ahorros, pero bueno… lo que queríamos era zafarnos de ese problema”.

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Extrae lodo y hace estudios

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El Cobay, con casos de empresas en varios servicios

Kora Desarrollos, S.A. de C.V., es otro ejemplo de las empresas “todólogas” utilizadas por el gobierno anterior para retirar dinero del erario: por contradictorio que parezca, un día podía facturar por estudios de salud y al día siguiente cobrar por la limpieza de fosas sépticas.

En 2016 esta empresa apareció con dos pagos elevados de la Fiscalía General del Estado por desmonte y limpieza de terrenos aledaños a esa dependencia y por escarificación de superficie interna. Uno es de $231,420 y el otro asciende a $363,660.

Otras empresas cobraron por el mismo trabajo, el mismo año y con cantidades idénticas.

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En 2015, la Secretaría de Salud le pagó a Kora Desarrollos $1.241,200 por un estudio sobre la rickettsiosis —denominación que se refiere a las enfermedades infecciosas causadas por los microorganismos del género rickettsia (bacterias)— en Yucatán y estrategias “para evitar esta enfermedad”.

Más recientemente facturó al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) por dos conceptos: $28,420 el 21 de diciembre de 2017 por limpieza de fosas sépticas —se precisa que el servicio incluye extracción de lodos y aguas negras— y $22,736 el 20 de enero de 2018 por otra limpieza de fosas sépticas en el plantel Santa Rosa del Cobay.

No hay registros locales de Kora Desarrollos. En el ámbito nacional es el nombre de una desarrolladora de vivienda.

El Cobay utilizó a otras empresas polifacéticas. A los casos de Kora Desarrollos e Instalaciones Gasol de México —a esta última nos referimos en otro lugar de esta página— se suma el de Grupo Cept de México, S.A. de C.V., que en 2015 recibió $1.156,520 de la Secretaría de Salud por hacer supuestamente un estudio de la sífilis “como problema latente en Yucatán” y proponer medidas para reducir la enfermedad, pero al mismo tiempo cobró $177,480 al Colegio de Bachilleres, el 21 de noviembre de 2017, por dar “mantenimiento e impermeabilización de azoteas del plantel de Progreso”.

También facturó al Cobay, el 29 de diciembre de 2017, $138,179.20 por “mantenimiento de baños” del plantel de San José Tzal.

En la esfera del Cobay hay otros pagos que llaman la atención, como detallaremos en próxima edición

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Reparto en el campo

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Grupos receptores de $12.5 millones en distintas áreas

En la recta final de 2015 y en los primeros meses de 2016, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del gobierno del Estado transfirió a la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) más de $12.5 millones por concepto del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (Padder), que se supone eran respuesta a solicitudes de productores de varios municipios.

Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, obtuvo la lista de personas que aparecen como beneficiarias de esos $12.5 millones. En algunos casos son grupos de productores, cuyo representante figura como el receptor del dinero.

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De acuerdo con esa relación, el 8 de febrero de 2016 se entregaron $265,244 a la Asociación de Parcelarios Autónomos de Yucatán, representados por Bernardino Martín Chan, que servirían para la adquisición de 4,591 litros de herbicidas.

El mismo Bernardino Martín Chan figura como beneficiario, el 30 de diciembre de 2015, de $61,817.29 para adquisición de equipos de bombeo, dos rollos de manguera y un rollo de poliducto. En este caso está como representante del grupo “Planta desfibradora José María Morelos y Pavón”.

Al Frente Unido de Parcelarios Henequeneros del Estado de Yucatán, S.C. de R.L. de C.V., de Baca —no se menciona a su representante—, le correspondieron $132,2448.59 —el 8 de febrero de 2016— para la adquisición de 2,000 litros de herbicida.

Otros representantes de grupos que aparecen como beneficiarios de los apoyos económicos del Padder, todos con fecha del 8 de febrero de 2016, son:

—Juan Diego Martín Briceño, de “San Anselmo Pozo 3”, de Oxkutzcab, con $100,519 para suministro e instalación de equipo de bombeo con accesorios.

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—Reymundo Pech Tun, del grupo “San Roberto”; Celso May Martín, de “San Marcos”; Julio Chalé Uc, de “San Julio”; Luis Alfonso Tamayo Maldonado, de “San Bernardino”, y José Ariel Hu Moreno, de “Yaxkí”, están con $344,700, $315,780, $240,705, $342,490 y $356,325 —en ese orden— para “mantenimiento de plantíos de henequén en cultivo 2015”. Los grupos se extienden a municipios como Baca, Bokobá, Dzemul, Hoctún, Huhí, Tekantó, Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Telchac Pueblo y Motul, entre otros.

—Cástulo Chan Aké, del grupo “Pak’Al Ki”, $333,608; Freddy Iván Hay Cab, de “Ho’Och Ki”, $293,316; Juan Bautista Aké Aké, de “Kool Ich Ki”, $286,480; Lorenzo Pat Can, de “Kimbilá”, $233,452, y Clemente May y Cauich, de “Kopté”, $241,159. En todos los casos es por “estímulo a la producción de fibra de henequén”, en los meses de agosto y septiembre de 2015 con los tres primeros y de octubre del mismo año con los dos últimos (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

 

Casi medio millón

Entre los pagos del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (Padder) figuran los siguientes: $246,112.80 el 9 de octubre de 2015 a Rusell Orlando Caamal Caamal y $235,916 el 30 de diciembre del mismo año a Raúl René Rosado Poot, ambos de Tizimín, para la adquisición de insecticidas y fertilizantes.

Para pesca y papaya

Javier Enrique Cob Cauich, de Sisal, aparece con un pago de $172,500 el 8 de febrero de 2016 para la adquisición de un motor fuera de borda. Carlos Alberto Escalante Méndez, de Temozón, está en la lista con $172,159.05 para adquisición de insumos en el cultivo de papaya maradol. Entre los apoyos al sector pesquero figura uno de $309,720.36 a Adela Ramírez Villegas, de Progreso, para adquirir una embarcación, motor y equipo pesquero; a Jorge Armando Puga Guerrero, Luis Rosado Canul y Carlos Antonio Contreras Celis, de Río Lagartos, se les menciona con $100 mil cada uno para reparación de un motor y renovación de equipo.

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Investigaciones Periodisticas

Empresas polifacéticas

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Varios negocios favorecidos por el gobierno anterior con millonarios contratos eran multiusos: pasaban de limpiar caminos a pulir pisos, rentar equipos, reparar instalaciones, etcétera

Instalaciones Gasol de México, S. A. de C. V., recibió contratos del gobierno anterior lo mismo para limpiar carreteras que para dar mantenimiento a camiones de transporte escolar y reparar transformadores eléctricos.

Y por si fuera poco, también ofrecía servicios de pulido de pisos, lavado de paredes, colocación de protección antihongos en edificios, mantenimiento y reparación de plantas eléctricas de emergencia, y venta e instalación de mobiliario en colegios.

Es una de las empresas polifacéticas que recibieron millonarios pagos de la administración anterior por una serie de encargos registrados en facturas y documentación financiera a la que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Instalaciones Gasol de México aparece en una lista de negocios a los que el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) pagó numerosas facturas poco antes de finalizar 2017

De acuerdo con los documentos en poder de Central 9, el 29 de diciembre de ese año el Cobay —bajo la dirección del exalcalde progreseño Porfirio Trejo Zozaya— depositó a la cuenta de Instalaciones Gasol $160,903.60 por “mantenimiento a camiones de transporte escolar en planteles”.

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Meses antes, entre abril y octubre del mismo 2017, esta compañía recibió 19 contratos para chapeo de caminos en el estado, por los cuales el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) le pagó $5.4 millones.

Y un poco atrás, en marzo del mismo año, el gobierno le adjudicó un contrato de $1.054,440 por “mantenimiento y reparación de los transformadores, planta de emergencia y tableros de control eléctrico” del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

El año 2017 fue muy activo para este negocio. En abril intervino en una licitación para servicios de “pulido, lavado y abrillantado de pisos y lavado de paredes exteriores con protección antihongos” del citado edificio.

En ese proceso de abril, que fue “invitación a cuando menos tres personas”, intervino también Construcciones Evol del Sureste, S. A. de C. V., empresa del giro de la construcción que también fue favorecida con 22 contratos del Incay para chapeo de caminos en el Estado, “servicios” por los cuales recibió —únicamente entre abril y octubre— un pago de $6.7 millones.

La condición de empresa “todóloga” de Instalaciones Gasol se ratifica con un contrato que recibió en julio de 2016, por un monto de $1.370,000, para “servicios hidráulicos” en el Centro de Convenciones.

Aún más, el mismo año participó en licitaciones para “mantenimiento de mobiliario” en las salas de cine del mismo recinto.

Otra proveedora de varias dependencias en el gobierno anterior es Brainak del Sureste, S. A. de C. V., que, como publicamos en entrega anterior, reporta su domicilio fiscal en una casa cerrada de Ciudad Caucel donde antes funcionó una lavandería. Es un domicilio compartido con Gaco Multiservicios, S. A. de C. V., que también cobró millonarias sumas del gobierno por distintos servicios, que incluyeron limpieza y desazolve de paradores turísticos, estudios de salud, renta de carpas, venta de material de papelería y elaboración de paquetes de “box lunch”, entre muchos otros.

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Brainak del Sureste, de la que Central 9 no halló rastros más que los de su relación con el gobierno, recibió del Cobay el 21 de diciembre de 2017 la suma de $667,802.72 por “adquisición de insumos de cómputo para los 72 planteles” de esa institución.

En el caso específico de Gaco Multiservicios, su nombre asoma en facturas pagadas por varias dependencias. Está boletinada como “definitiva” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por sus operaciones irregulares.

Al sustentar su decisión de incluirla en la lista de empresas fantasmas, el SAT indicó que Gaco Multiservicios emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

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Esta compañía recibió casi seis millones de pesos de la Fiscalía General del Estado por renta de mobiliario para operativos vacacionales en el verano de 2015, un año electoral, y también cobró por la entrega masiva de “box lunch”. Además, realizó dos “estudios” a la Secretaría de Salud, por los cuales recibió más de $2 millones.

Facturó también $645,640 por mantenimiento a equipos de aire acondicionado en el Laboratorio Estatal, dependiente de la Secretaría de Salud, y resultó beneficiada con un contrato de $730,800 para “mantenimiento preventivo de la cancelería del edificio central de los SSY (Servicios de Salud de Yucatán)”, cuando esta dependencia estaba a cargo del doctor Jorge Eduardo Mendoza Mézquita.

Drenaje e imagen

Como parte de su trabajo multiusos, Gaco Multiservicios también participó a fines de 2016 en licitaciones para rehabilitación y modernización del sistema de drenaje, “mantenimiento de imagen” y servicio eléctrico en el parador turístico de Uaymitún, para trabajos de mantenimiento en Dzibichaltún y para “rehabilitación del área de recepción y azoteas” del parador de El Corchito.

Gaco Multiservicios e Instalaciones Gasol de México fueron también proveedoras de varios municipios (Continuará).

Diario de Yucatán

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