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Investigaciones Periodisticas

Sin impunidad para administración anterior, ratifica equipo de Vila

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Se procederá en todo caso que configure ilícitos

El gobierno de Mauricio Vila Dosal está revisando todos los casos del proceso de entrega-recepción que generan dudas y tomará las acciones legales correspondientes en aquellos donde se comprueben ilícitos, ratificaron funcionarios de la nueva administración estatal.

Es un hecho, subrayaron, que no se permitirá la impunidad.

Entre los primeros citatorios girados para tratar de esclarecer algún hecho, contrato u operación están los dirigidos a exfuncionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos su extitular, Jorge Mendoza Mézquita.

En esa dependencia se detectaron gastos de $200 millones en estudios no encontrados, que fueron asignados a empresas de giros distintos a los del sector salud.

Las secretarias general de Gobierno, María Fritz Sierra; de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, y de la Contraloría General del Estado, Lízbeth Basto Avilés, y el director general de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores, recordaron que el procedimiento administrativo de entrega-recepción establece un plazo de 30 días hábiles después de la firma para cualquier aclaración que se requiera de los funcionarios salientes, pero no es un plazo fatal para las investigaciones porque éstas pueden continuar y en caso de configurarse delitos se seguirán los pasos correspondientes.

Organismos

Recalcaron que la Contraloría General del Estado y los órganos internos de control sólo tienen facultades para sancionar delitos considerados no graves. En los casos en que se configuren faltas graves —cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, uso de información privilegiada, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros—, se presentarán las denuncias respectivas ante las autoridades judiciales.

Ayer publicamos que, en visita a las instalaciones del Diario, los funcionarios ya citados expusieron amplios detalles de la situación encontrada durante el proceso de entrega-recepción. Entre otras cosas, hablaron de un desorden “total y absoluto” en el manejo presupuestal y contable, de un Isstey quebrado, de la pesada carga económica que representa el Gran Museo del Mundo Maya, de antiguas observaciones de las autoridades fiscalizadoras federales sin solventar y del faltante de casi $1,900 millones que heredó el gobierno anterior.

Sobre el procedimiento a seguir en los asuntos en que se comprueben y documenten irregularidades, las secretarias y el director general expusieron:

—Cuando recibimos la administración nos entregaron una serie de carpetas, documentos, archivos y cajas. Era humanamente imposible revisar algo en ese momento, como tampoco teníamos la obligación inmediata.

—El decreto que da sustento a ese procedimiento establece 30 días hábiles, después de la firma, para cualquier aclaración de lo que nos entregaron administrativamente. Si después de ese tiempo, durante las investigaciones, se encuentra alguna irregularidad, las vías están abiertas para tomar acciones legales. No importa que hayan pasado esos treinta días.

—Casi en todas las secretarías se han girado citatorios de distinta índole. No se cita únicamente a quien fue secretario. En este procedimiento analizamos el expediente y si hay dudas el funcionario saliente tiene la oportunidad de comparecer y hacer todas las puntualizaciones que ayuden a aclarar la entrega-recepción.

—Algo muy importante es que no los podemos forzar a comparecer. Es un derecho que tienen para dar claridad a lo que nos dejaron. Hay quienes han sido citados y no han comparecido. Otros sí se presentaron y aportaron la información que se les requiere.

—Si finalmente no comparecen nosotros continuamos con el proceso de revisión. El hecho de que venzan los 30 días hábiles que se establecen como plazo para analizar el expediente no significa que nada pasó y que todo quedará así. Seguiremos la investigación y la búsqueda de documentos. En caso de que éstos no aparezcan o se determine que hay delitos se procederá como a Derecho corresponda.

—Ya se giraron citatorios a exfuncionarios de Salud. La exdirectora de Administración y Finanzas no asistió el día que se le fijó y se le dará una nueva oportunidad, porque es quien más conoce estas situaciones de facturas y estudios que no hemos encontrado. Si no acude habrá perdido la oportunidad de aclarar algo que nos genera dudas.

—Todos los directores de finanzas están obligados a contar con la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto y del presupuesto. Sin esos documentos no se debe hacer ningún pago… Deben ser el respaldo que ampare la transferencia realizada, el cheque emitido y cualquier otro tipo de registro que afecte tanto el presupuesto como la salida del dinero de las cuentas bancarias.

—También se ha citado a comparecer al exsecretario de Salud (Jorge Mendoza), el jueves o viernes próximos.

—Con los nuevos sistemas de fiscalización, la Contraloría y los órganos internos de control están acotados para sancionar las faltas consideradas graves. Las investiga, integra los expedientes y presenta las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa o la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.— ÁNGEL NOH ESTRADA

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Extrae lodo y hace estudios

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El Cobay, con casos de empresas en varios servicios

Kora Desarrollos, S.A. de C.V., es otro ejemplo de las empresas “todólogas” utilizadas por el gobierno anterior para retirar dinero del erario: por contradictorio que parezca, un día podía facturar por estudios de salud y al día siguiente cobrar por la limpieza de fosas sépticas.

En 2016 esta empresa apareció con dos pagos elevados de la Fiscalía General del Estado por desmonte y limpieza de terrenos aledaños a esa dependencia y por escarificación de superficie interna. Uno es de $231,420 y el otro asciende a $363,660.

Otras empresas cobraron por el mismo trabajo, el mismo año y con cantidades idénticas.

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En 2015, la Secretaría de Salud le pagó a Kora Desarrollos $1.241,200 por un estudio sobre la rickettsiosis —denominación que se refiere a las enfermedades infecciosas causadas por los microorganismos del género rickettsia (bacterias)— en Yucatán y estrategias “para evitar esta enfermedad”.

Más recientemente facturó al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) por dos conceptos: $28,420 el 21 de diciembre de 2017 por limpieza de fosas sépticas —se precisa que el servicio incluye extracción de lodos y aguas negras— y $22,736 el 20 de enero de 2018 por otra limpieza de fosas sépticas en el plantel Santa Rosa del Cobay.

No hay registros locales de Kora Desarrollos. En el ámbito nacional es el nombre de una desarrolladora de vivienda.

El Cobay utilizó a otras empresas polifacéticas. A los casos de Kora Desarrollos e Instalaciones Gasol de México —a esta última nos referimos en otro lugar de esta página— se suma el de Grupo Cept de México, S.A. de C.V., que en 2015 recibió $1.156,520 de la Secretaría de Salud por hacer supuestamente un estudio de la sífilis “como problema latente en Yucatán” y proponer medidas para reducir la enfermedad, pero al mismo tiempo cobró $177,480 al Colegio de Bachilleres, el 21 de noviembre de 2017, por dar “mantenimiento e impermeabilización de azoteas del plantel de Progreso”.

También facturó al Cobay, el 29 de diciembre de 2017, $138,179.20 por “mantenimiento de baños” del plantel de San José Tzal.

En la esfera del Cobay hay otros pagos que llaman la atención, como detallaremos en próxima edición

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Reparto en el campo

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Grupos receptores de $12.5 millones en distintas áreas

En la recta final de 2015 y en los primeros meses de 2016, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del gobierno del Estado transfirió a la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) más de $12.5 millones por concepto del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (Padder), que se supone eran respuesta a solicitudes de productores de varios municipios.

Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, obtuvo la lista de personas que aparecen como beneficiarias de esos $12.5 millones. En algunos casos son grupos de productores, cuyo representante figura como el receptor del dinero.

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De acuerdo con esa relación, el 8 de febrero de 2016 se entregaron $265,244 a la Asociación de Parcelarios Autónomos de Yucatán, representados por Bernardino Martín Chan, que servirían para la adquisición de 4,591 litros de herbicidas.

El mismo Bernardino Martín Chan figura como beneficiario, el 30 de diciembre de 2015, de $61,817.29 para adquisición de equipos de bombeo, dos rollos de manguera y un rollo de poliducto. En este caso está como representante del grupo “Planta desfibradora José María Morelos y Pavón”.

Al Frente Unido de Parcelarios Henequeneros del Estado de Yucatán, S.C. de R.L. de C.V., de Baca —no se menciona a su representante—, le correspondieron $132,2448.59 —el 8 de febrero de 2016— para la adquisición de 2,000 litros de herbicida.

Otros representantes de grupos que aparecen como beneficiarios de los apoyos económicos del Padder, todos con fecha del 8 de febrero de 2016, son:

—Juan Diego Martín Briceño, de “San Anselmo Pozo 3”, de Oxkutzcab, con $100,519 para suministro e instalación de equipo de bombeo con accesorios.

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—Reymundo Pech Tun, del grupo “San Roberto”; Celso May Martín, de “San Marcos”; Julio Chalé Uc, de “San Julio”; Luis Alfonso Tamayo Maldonado, de “San Bernardino”, y José Ariel Hu Moreno, de “Yaxkí”, están con $344,700, $315,780, $240,705, $342,490 y $356,325 —en ese orden— para “mantenimiento de plantíos de henequén en cultivo 2015”. Los grupos se extienden a municipios como Baca, Bokobá, Dzemul, Hoctún, Huhí, Tekantó, Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Telchac Pueblo y Motul, entre otros.

—Cástulo Chan Aké, del grupo “Pak’Al Ki”, $333,608; Freddy Iván Hay Cab, de “Ho’Och Ki”, $293,316; Juan Bautista Aké Aké, de “Kool Ich Ki”, $286,480; Lorenzo Pat Can, de “Kimbilá”, $233,452, y Clemente May y Cauich, de “Kopté”, $241,159. En todos los casos es por “estímulo a la producción de fibra de henequén”, en los meses de agosto y septiembre de 2015 con los tres primeros y de octubre del mismo año con los dos últimos (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

 

Casi medio millón

Entre los pagos del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (Padder) figuran los siguientes: $246,112.80 el 9 de octubre de 2015 a Rusell Orlando Caamal Caamal y $235,916 el 30 de diciembre del mismo año a Raúl René Rosado Poot, ambos de Tizimín, para la adquisición de insecticidas y fertilizantes.

Para pesca y papaya

Javier Enrique Cob Cauich, de Sisal, aparece con un pago de $172,500 el 8 de febrero de 2016 para la adquisición de un motor fuera de borda. Carlos Alberto Escalante Méndez, de Temozón, está en la lista con $172,159.05 para adquisición de insumos en el cultivo de papaya maradol. Entre los apoyos al sector pesquero figura uno de $309,720.36 a Adela Ramírez Villegas, de Progreso, para adquirir una embarcación, motor y equipo pesquero; a Jorge Armando Puga Guerrero, Luis Rosado Canul y Carlos Antonio Contreras Celis, de Río Lagartos, se les menciona con $100 mil cada uno para reparación de un motor y renovación de equipo.

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Empresas polifacéticas

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Varios negocios favorecidos por el gobierno anterior con millonarios contratos eran multiusos: pasaban de limpiar caminos a pulir pisos, rentar equipos, reparar instalaciones, etcétera

Instalaciones Gasol de México, S. A. de C. V., recibió contratos del gobierno anterior lo mismo para limpiar carreteras que para dar mantenimiento a camiones de transporte escolar y reparar transformadores eléctricos.

Y por si fuera poco, también ofrecía servicios de pulido de pisos, lavado de paredes, colocación de protección antihongos en edificios, mantenimiento y reparación de plantas eléctricas de emergencia, y venta e instalación de mobiliario en colegios.

Es una de las empresas polifacéticas que recibieron millonarios pagos de la administración anterior por una serie de encargos registrados en facturas y documentación financiera a la que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Instalaciones Gasol de México aparece en una lista de negocios a los que el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) pagó numerosas facturas poco antes de finalizar 2017

De acuerdo con los documentos en poder de Central 9, el 29 de diciembre de ese año el Cobay —bajo la dirección del exalcalde progreseño Porfirio Trejo Zozaya— depositó a la cuenta de Instalaciones Gasol $160,903.60 por “mantenimiento a camiones de transporte escolar en planteles”.

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Meses antes, entre abril y octubre del mismo 2017, esta compañía recibió 19 contratos para chapeo de caminos en el estado, por los cuales el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) le pagó $5.4 millones.

Y un poco atrás, en marzo del mismo año, el gobierno le adjudicó un contrato de $1.054,440 por “mantenimiento y reparación de los transformadores, planta de emergencia y tableros de control eléctrico” del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

El año 2017 fue muy activo para este negocio. En abril intervino en una licitación para servicios de “pulido, lavado y abrillantado de pisos y lavado de paredes exteriores con protección antihongos” del citado edificio.

En ese proceso de abril, que fue “invitación a cuando menos tres personas”, intervino también Construcciones Evol del Sureste, S. A. de C. V., empresa del giro de la construcción que también fue favorecida con 22 contratos del Incay para chapeo de caminos en el Estado, “servicios” por los cuales recibió —únicamente entre abril y octubre— un pago de $6.7 millones.

La condición de empresa “todóloga” de Instalaciones Gasol se ratifica con un contrato que recibió en julio de 2016, por un monto de $1.370,000, para “servicios hidráulicos” en el Centro de Convenciones.

Aún más, el mismo año participó en licitaciones para “mantenimiento de mobiliario” en las salas de cine del mismo recinto.

Otra proveedora de varias dependencias en el gobierno anterior es Brainak del Sureste, S. A. de C. V., que, como publicamos en entrega anterior, reporta su domicilio fiscal en una casa cerrada de Ciudad Caucel donde antes funcionó una lavandería. Es un domicilio compartido con Gaco Multiservicios, S. A. de C. V., que también cobró millonarias sumas del gobierno por distintos servicios, que incluyeron limpieza y desazolve de paradores turísticos, estudios de salud, renta de carpas, venta de material de papelería y elaboración de paquetes de “box lunch”, entre muchos otros.

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Brainak del Sureste, de la que Central 9 no halló rastros más que los de su relación con el gobierno, recibió del Cobay el 21 de diciembre de 2017 la suma de $667,802.72 por “adquisición de insumos de cómputo para los 72 planteles” de esa institución.

En el caso específico de Gaco Multiservicios, su nombre asoma en facturas pagadas por varias dependencias. Está boletinada como “definitiva” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por sus operaciones irregulares.

Al sustentar su decisión de incluirla en la lista de empresas fantasmas, el SAT indicó que Gaco Multiservicios emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

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Esta compañía recibió casi seis millones de pesos de la Fiscalía General del Estado por renta de mobiliario para operativos vacacionales en el verano de 2015, un año electoral, y también cobró por la entrega masiva de “box lunch”. Además, realizó dos “estudios” a la Secretaría de Salud, por los cuales recibió más de $2 millones.

Facturó también $645,640 por mantenimiento a equipos de aire acondicionado en el Laboratorio Estatal, dependiente de la Secretaría de Salud, y resultó beneficiada con un contrato de $730,800 para “mantenimiento preventivo de la cancelería del edificio central de los SSY (Servicios de Salud de Yucatán)”, cuando esta dependencia estaba a cargo del doctor Jorge Eduardo Mendoza Mézquita.

Drenaje e imagen

Como parte de su trabajo multiusos, Gaco Multiservicios también participó a fines de 2016 en licitaciones para rehabilitación y modernización del sistema de drenaje, “mantenimiento de imagen” y servicio eléctrico en el parador turístico de Uaymitún, para trabajos de mantenimiento en Dzibichaltún y para “rehabilitación del área de recepción y azoteas” del parador de El Corchito.

Gaco Multiservicios e Instalaciones Gasol de México fueron también proveedoras de varios municipios (Continuará).

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