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Investigaciones Periodisticas

Negocios borrados

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Por lo menos tres empresas proveedoras del gobierno anterior, dos de ellas del campo, fueron disueltas y liquidadas después de recibir millonarios pagos.— Conexión con Jalisco

Dos de las cinco empresas a las que el gobierno del Estado pagó 95 millones de pesos en el cierre de 2016 y los inicios de 2017 por supuestos insumos del programa agropecuario Peso a Peso fueron ya disueltas y liquidadas, después de cumplir su función de cobrar por jugosos contratos, según datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

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Una empresa más, del ramo de la consultoría pero con contratos para estudios en el sector salud y trabajos de mantenimiento en la Fiscalía General del Estado (FGE), fue también disuelta el año pasado.

Las tres compañías forman parte de la red creada durante el gobierno anterior para retirar dinero del erario. Coincidentemente, los protocolos notariales de su liquidación se levantaron en Jalisco.

De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio y la Secretaría de Economía, Interpelar Proyectos, S.A. de C.V., y Royal Nova, S.A. de C.V., que presuntamente fueron proveedoras de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), ya no existen oficialmente.

La primera fue la más beneficiada. El 3 de enero de 2017 la Seder le transfirió 40 millones de pesos justificados en 18 facturas. Esa cantidad es casi la misma destinada a otros cuatro negocios que “vendieron” insumos para Peso a Peso.

Hasta aeropuertos

Interpelar Proyectos fue inscrita en el Registro Público de Comercio de Yucatán el 24 de diciembre —horas antes de la Nochebuena— de 2014 con un giro que abarcaba “todo lo relacionado con la elaboración de proyectos” y otros rubros como construcción o diseño de obras de drenaje, avenidas, puentes, carreteras y aeropuertos.

Sus accionistas fueron Silvia del Carmen Pinto Espadas y Luis Emanuel Tec Sánchez, vecinos de Motul que al momento de la protocolización del acta constitutiva, ante la fe del notario Luis Silveira Cuevas, estaban “de paso” en Mérida.

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El pago de $40 millones por el programa Peso a Peso el 3 de enero de 2017 está rodeado de la opacidad. La empresa recibió ese dinero cuando una semana antes —el 26 de diciembre de 2016— había formalizado su disolución y liquidación, pero no en Mérida sino en Guadalajara, Jalisco, ante el notario Salvador Oropeza Casillas.

Oficialmente esa disolución fue inscrita en el Registro Público de Comercio el 3 de marzo de 2017. Se designó liquidadora de la sociedad a María Guadalupe Bogarín Sánchez, vecina de Guadalajara.

En el acta del 26 de diciembre de 2016 se anotó que “ya no existen cantidades a pagar ni cobrar por parte de la sociedad”. Ocho días después, como ya señalamos, el gobierno del Estado le transfirió a su cuenta los $40 millones.

Otra disolución

Royal Nova, también considerada en el padrón de proveedores de la Seder, recibió el 29 de diciembre de 2016 cinco transferencias bancarias por un total de $8 millones. Al día siguiente, a unas horas de que terminara el año, se le hicieron tres depósitos de $7 millones en conjunto. Es decir, en dos días recibió 15 millones de pesos.

Con esta empresa asoman más indicios de la red de desvíos. Su constitución fue protocolizada en Guadalajara por el mismo notario que dio fe de la disolución y liquidación de Interpelar Proyectos, Salvador Oropeza Casillas. Su giro principal fue “la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación y ejecución de diversos trabajos”, así como “la prestación de toda clase de servicios de investigación, estudio, organización, desarrollo, asesoría y consultoría en sistemas de administración de recursos laborales”. Nada relacionado con el campo.

Se registró como sus accionistas a Rosalía Rendo Becerril y José Saúl Herrera Escoto. Su única relación con Yucatán, al menos en documentos, fueron su apoderado general, Fredy Francisco Pereira Cauich, y la participación en contratos del gobierno.

Actas consultadas por Central 9 revelan que la inscripción de esta compañía en el Registro Público de Comercio se concretó el 6 de octubre de 2016. De manera no clara pasó a formar parte de la lista de proveedoras de Peso a Peso en forma inmediata y en diciembre recibió los pagos ya descritos, con menos de tres meses de operación mercantil.

Y el 20 de agosto de 2018, mes y medio después de la elección que derivó en la derrota del PRI en la contienda por la gubernatura, esta compañía protocolizó su disolución y liquidación también en Jalisco, ante el corredor público Eduardo de Alba Góngora. De nuevo asoma el nombre de María Guadalupe Bogarín como liquidadora de la sociedad.

La tercera empresa de la red que fue disuelta es T y W Consultores. Se trata de uno de los negocios que el 31 de diciembre de 2015 recibieron $7 millones por supuestos servicios de mantenimiento y conservación a la Fiscalía General del Estado.

Su constitución fue protocolizada también en Guadalajara, con el notario Javier Lozano Casillas, aunque su domicilio fiscal estaba en Puebla. Su objeto social principal fue “la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación y ejecución de diversos trabajos”. Como en los casos anteriores, ningún vínculo con el campo.

Sus accionistas fueron Mónica Guillermina Gutiérrez Silva y María de la Paz Oyuqui Martínez Valenzuela, ambas con domicilio en Jalisco. El acta mercantil tiene el 11 de abril de 2014 como fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de Guadalajara.

El 9 de marzo de 2017 el notario Salvador Oropeza, con intervención en los otros dos casos señalados, dio fe de la disolución y la liquidación de la sociedad. Estos movimientos fueron inscritos el 29 de marzo.— ÁNGEL NOH ESTRADA angel.noh@megamedia.com.mx

Bajo la sospecha
El gobierno del Estado pagó altas sumas de Peso a Peso a fines de 2016 e inicios de 2017.

40 millones se transfirieron a Interpelar, que ya estaba en fase de disolución.

15 millones correspondieron a Royal Nova, empresa también liquidada.

40 millones más se depositaron en cuentas de otras tres compañías.

7 millones cobró T y W Consultores, también disuelta, a la Fiscalía General.

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“No creo en fantasmas”, dice Rolando Zapata Bello

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Se participará en las aclaraciones necesarias, señala

Diario de Yucatán ha publicado por lo menos 15 reportajes sobre presuntos desvíos de recursos públicos mediante empresas fantasma en la administración del gobernador Rolando Zapata Bello y ayer, en su reaparición pública, el reportero le preguntó sobre este caso.

¿Cree que en algunas dependencias señaladas hubo realmente empresas fantasma?

“La verdad, no creo en los fantasmas”, respondió con una risa espontánea.

¿Pero sí hay evidencias?

“Yo no creo en los fantasmas”, repitió el exmandatario con el buen humor que lo caracteriza.

La presidenta del PRI habló de una “cacería de brujas”, hizo un llamado al gobernador (Mauricio Vila), ¿ siente que hay una cacería contra su administración?

“Ya he fijado un posicionamiento. Creo que vivimos en un estado de Derecho. Ya nosotros los funcionarios, para empezar, como responsable global de la administración, nos hemos manifestado dispuestos a participar en cualquier procedimiento de cualquier índole y donde sea necesario aclarar cualquier cuestionamiento”.

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“Respecto a las características de cada una de estas denuncias presentadas, solo podríamos opinar hasta que las conozcamos. En este momento lo único que sabemos es lo que se ha publicado en los medios de comunicación y los comunicados del gobierno”.

“Nuestro posicionamiento es muy claro y muy enfático: participaremos en todas las aclaraciones que sean necesarias por el bien de la vida democrática de Yucatán”.

Se le hizo notar la fuerza política que tiene con la muestra de apoyo que recibió ayer en la sede del PRI y se le preguntó si le interesa contender por la presidencia del partido.

“No, definitivamente no”, dijo. “Creo que es tiempo y momento para abrir espacio para que otros cuadros participen y se sumen. A nosotros lo que nos toca es dar todo el impulso político y personal que podamos generar, sumar un ánimo de unidad, de integración y fortalecimiento del PRI”.

El exgobernador señaló que ya no es el primer priista del Estado, como le decían, sino un militante más.— Joaquín Chan Caamal

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¿Qué le pareció el recibimiento de los militantes?, preguntó el reportero del Diario antes que abordara su camioneta.

“Me da una gran satisfacción porque fui seis años gobernador, y con mucho orgullo y responsabilidad sentía un gran honor cuando llegaba a los eventos del PRI y el maestro de ceremonia siempre me presentaba como el primer priista de Yucatán”, señaló. “Así era la costumbre respecto al gobernador. Yo desde hace más de un año en Xmatkuil, en julio de 2017, dije que cuando terminara la gubernatura dejaría de ser el primer priista y sería un militante más, y eso es lo que estoy haciendo”.

En la entrevista que concedió al Diario, Zapata Bello informó que desde el 1 de octubre pasado ha estado dedicado a atender sus asuntos personales, a su familia y ordenando documentos de la profesión de abogacía.

“Durante muchos años dejamos asentadas algunas cosas y ahora que entraremos a una nueva etapa y retomaré la actividad profesional estoy poniendo en orden los pendientes”, manifestó. “No tenía participación pública (desde que dejó el gobierno). Este es el primer evento y me da gran satisfacción sentir la calidez y el respaldo del priismo, por ello reitero mi gran compromiso con mi partido”.

“Me integro como un militante y priista más a poner mi mayor esfuerzo para contribuir a la unidad y fortalecimiento del partido, a la consolidación de los espacios donde hoy se gobierna, a la recuperación de los espacios donde hoy no se gobierna”, recalcó. “Todo lo que esté a mi alcance como militante lo voy a hacer y hoy como consejero político acudo de manera disciplinada y solidaria ante el máximo órgano partidista de Yucatán. Mi voz, mi acción y esfuerzo estará a disposición del PRI”.

¿Retomará su carrera de abogacía?

“Ahora estoy evaluando las alternativas profesionales para ejercer mi actividad, en eso estamos”, respondió. “Hay que chambearle, estamos acostumbrados desde 1988 cuando trabajé de auxiliar administrativo del Infonavit, siempre hemos trabajado en una actividad productiva. Ahora que estoy en la edad dorada, 50 años, vamos a continuar ejerciendo la actividad profesional”.

¿Cómo vio el evento?

“Encuentro un buen ánimo de los actores políticos, de los cuadros dirigentes, de la militancia, todos tienen un ánimo de unidad, de integración y de suma”, indicó. “Que todos participen, es la etapa en la que transita el PRI y será para bien”.

En la toma de protesta de los integrantes del Consejo Político Estatal no se vio a liderazgos como el de Liborio Vidal Aguilar, Pablo Gamboa Miner y Celia Rivas Rodríguez. El que estuvo muy pegado a la plana mayor del priismo nacional y yucateco fue Francisco Torres Rivas.

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Fantasmas bloqueados

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Dos empresas no son proveedoras del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Mérida eliminó de su padrón de proveedores, desde el 16 de abril del año pasado, a dos empresas clasificadas como irregulares después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó de su situación ilegal.

Según informaron Laura Muñoz Molina y Aquiles Sánchez Peniche, directores de Finanzas y Tesorería y de Administración del municipio, respectivamente.

Esas empresas son Gaco Multiservicios de México y Operadora Bonfa, que, como informamos hace unos días, forman parte de la red de negocios creada durante el sexenio anterior y ofrecieron también servicios a la Comuna meridana en los trienios 2012-2015 y 2015-2018, en este último caso hasta 2016.

Según constató Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la mayor parte de los servicios cobrados por ambas empresas fue de entrega de alimentos.

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Al gobierno del Estado le facturaron por distintos conceptos, desde “box lunch” hasta estudios de salud, mantenimiento de instalaciones eléctricas y venta de material de oficina, entre otras cosas.

Durante una entrevista en el edificio de la Dirección de Finanzas, Laura Muñoz y Aquiles Sánchez indicaron que Gaco Multiservicios y Operadora Bonfa se dieron de alta en el padrón de proveedores del municipio durante la primera administración de Renán Barrera Concha porque cumplieron los requisitos que establece el mecanismo de contratación, como la presentación de su acta constitutiva.

El acta de su representante legal y los documentos que comprueben su situación regular ante Hacienda.

Sin embargo, al dar a conocer el SAT sus operaciones simuladas fueron eliminadas del padrón municipal. Incluso, añadieron, el Ayuntamiento sigue un procedimiento que bloquea a todas las empresas que han sido boletinadas por la autoridad fiscal, a fin de que no puedan darse de alta en la lista de proveedores.

En el caso específico de las dos compañías ya mencionadas, que por cierto tienen los mismos accionistas, los funcionarios indicaron que cobraron al municipio por servicios menores, principalmente por dotar de alimentos a las áreas que, por la naturaleza de sus funciones, los requieren para su personal.

También formularon, entre otros, los siguientes conceptos:

—Hay procesos bien establecidos para la contratación de bienes y servicios. Uno de ellos es por medio del área de Proveeduría, que permite a personas físicas y morales participar en concursos electrónicos.

—Hay una revisión exhaustiva de toda la documentación que presentan los proveedores.

—En la Proveeduría se concentran compras mayores y se deja a las direcciones la decisión de las compras menores, como los montos de $5,000, $3,000 o $2,000 para las compras de alimentos. Esto ayuda a no formar cuellos de botella en la Proveeduría.

—Los montos que definen compras mayores o menores se rigen por criterios legales ya establecidos. Por ejemplo, la cantidad para un servicio menor es de hasta $200,000 en Proveeduría. Hasta un millón de pesos se puede manejar en procesos por invitación a por lo menos tres proveedores.

Si la compra es mayor de un millón se tiene que hacer una licitación.

—Las compras de alimentos son de montos menores. Hay casos en que se maneja por reembolso, es decir, los pagan los empleados y luego solicitan la devolución.

¿Por qué alimentos?

—Es común el pago de alimentos. La frecuencia y el monto depende de cada área. Por ejemplo, Finanzas tiene mucha carga de trabajo a fines del año, por el cierre, y hay empleados que se tienen que quedar más tiempo en el trabajo.

—No hay exclusividad para una empresa. Por eso aparecen pagos por el mismo concepto a Gaco y Bonfa, y seguramente hay otros negocios que facturaron por el mismo servicio.

—Hay un mecanismo que permite bloquear a las empresas irregulares apenas las boletina el SAT. Así ninguna dirección las contrata.

—En la primera administración de Renán Barrera no había tanto conocimiento de la forma en que operaban esos negocios. Hoy es distinto y el Ayuntamiento tiene un compromiso con la transparencia, además de que hay órganos fiscalizadores —en los niveles municipal, estatal y federal— que revisan las cuentas, para comprobar el buen manejo de los recursos.

El pago de servicios Normas que se cumplen

La Comuna dice que hay una serie de pasos por cumplir antes de pagar los servicios.

Documentos y firmas

La directora de Finanzas, Laura Muñoz Molina, explica que se debe exhibir la factura y la solicitud de servicio. La primera debe estar firmada por el director de área y se tiene que hacer una verificación, que incluye las firmas de recibido del bien o servicio, las rúbricas de los beneficiarios y, de ser necesario, fotografías del evento para el cual se requirió el contrato.

No pudieron comprobar

La tesorera recuerda que en 2012, en la primera gestión municipal de Renán Barrera, se encontraron con muchos proveedores heredados por la Comuna anterior que no pudieron cobrar al no comprobar la prestación del servicio.

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“Puede costarle caro”

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La falta de un combate real a la corrupción enviaría un mal mensaje del gobernador a los yucatecos, advierten en un foro de Grupo Megamedia.— Ecos de las empresas fantasma

En opinión del maestro Antonio Salgado Borge, el gobernador Mauricio Vila Dosal tiene una responsabilidad política muy grande en el tema de las denuncias por desfalcos de la administración anterior y se debe unir a las voces que exigen que se llegue hasta las últimas consecuencias en esos casos.

Si no es así, apuntó el analista político y editorialista del Diario, la decepción social en términos políticos puede costarle caro al mandatario, con la señal de que “no pasa nada”.

La profesora Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del proyecto ciudadano ¡Ya Basta!, subrayó que hasta ahora el gobernador nada ha dicho sobre las empresas fantasma creadas durante el sexenio anterior y hace notar que las denuncias anunciadas el martes pasado, en rueda de prensa, se refieren únicamente a lo hallado durante los procesos de entrega-recepción.

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“Bueno, a lo mejor hay que acomodar varias cosas, no vaya a ser que alguna de esas empresas fantasma que ha documentado Grupo Megamedia le haya facturado también al anterior Ayuntamiento”, enfatizó la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).

El doctor Freddy Espadas Sosa, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señaló que Vila Dosal debió intervenir rápidamente cuando Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, dio a conocer los primeros reportajes sobre la red fantasma.

El hecho de no hacerlo, indicó, dio lugar a sospechas.

El licenciado Asís Cano Cetina, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, consideró que con el anuncio de las denuncias el gobierno de Mauricio Vila dio un gran paso que contrasta con el “feroz combate a la corrupción” de su antecesor, que no derivó ni en denuncias ni en sanciones.

Estos conceptos fueron formulados durante el foro que, como publicamos ayer, realizó Grupo Megamedia con motivo de los cien primeros días de la administración que encabeza Vila Dosal.

Se preguntó a los invitados cómo califican el papel del gobernador frente a las denuncias de corrupción de la administración que le antecedió. Ofrecemos una síntesis de las respuestas, en el orden en que fueron presentadas:

Asís Cano.— Me parece que este primer paso que da el gobierno va por la dirección correcta, al presentar denuncias precisamente en muchas de las áreas donde periodísticamente (se refería a nuestras publicaciones de la red fantasma) se ha dado un gran avance.

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Esto nos permitirá evaluar con la sociedad civil, la academia y los partidos políticos la eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, esperamos la participación activa de otros actores que tienen responsabilidades concretas para poder cerrar el círculo del combate a la corrupción.

El anuncio que hizo el gobierno del Estado (de las denuncias) es un gran paso, es lo que yo destacaría. Quizás cien días es poco tiempo para evaluar a un gobierno, pero si tomamos como punto de comparación la promesa de combate feroz a la corrupción de hace seis años.

Que no derivó en ninguna sanción o denuncia, hoy estamos ante una acción concreta y medible, que está a la vista.

Antonio Salgado.— Es positivo este anuncio (la acción judicial).

Al menos reconoce el gobernador, por fin, toda la labor periodística que han venido realizando ustedes. Básicamente de aquí (el Diario) ha salido toda la documentación que sustenta la existencia de esta red.

Sin embargo, me permito ser específico, en primer lugar porque llama la atención lo tarde que ocurre esta reacción. Tuvieron que pasar quince entregas (periodísticas) y dos meses y medio aproximadamente (de las publicaciones) para que hubiera siquiera un posicionamiento.

Lo que se anunció tampoco es el parteaguas.

Se anunció simplemente algo que ocurrirá, todavía no sabemos cuáles son esas denuncias. Se mencionan ciertos nombres de dependencias, pero no sabemos a ciencia cierta qué se estará denunciando.

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Por ejemplo, ¿se estará denunciando a aquellas empresas fantasma que son transexenales, transniveles del Poder Ejecutivo, o solamente a ciertas empresas? ¿Qué tipo de denuncias se interpondrán?

Yo manifiesto mi inquietud por la forma en que se dio este reconocimiento. Si se hubiera hecho desde el primer día, de una manera frontal, probablemente uno sería más positivo, más optimista en este sentido.

Estoy de acuerdo con Asís en que el marco institucional es fundamental para hablar de combate a la corrupción, más que “declaracionitis”.

Sin embargo, creo que también es importante la voz del gobernador, porque finalmente él señala o apunta cuál será la posición de la estructura que encabeza y va a tener que ver con el desempeño de aquellas instituciones que se van a encargar de investigar: la Vicefiscalía (Especializada en Combate a la Corrupción) y la Auditoría (Superior del Estado).

Si bien es cierto que en un mundo ideal esas instituciones tendrían que ser autónomas, al menos hasta hace unos meses —al menos antes de que Mauricio Vila fuera gobernador— eso no era el caso.

Mauricio Vila tiene una responsabilidad política en ese sentido y se debe unir a las voces de la sociedad que vamos a exigir que estas instituciones investiguen hasta las últimas consecuencias y sean serias en su trabajo.

Si las personas que están encabezando estas instituciones se comportan como cómplices del gobierno anterior o acuerdan algo con el gobierno actual, es algo que tendremos que poner sobre la mesa las personas que estaremos observando.

Y finalmente, creo que la tardanza de Mauricio Vila en reconocer esto tiene efectos.

El mensaje que ya se dio debe ser retirado y pronto. El mensaje que se dio hasta ayer es “todo se vale, no pasa nada”. Este mensaje era consistente con la posición que el PAN, y creo que Mauricio Vila, adoptaron durante la gubernatura de Rolando Zapata.

Parecía una “continuitis” de la amistad… Palmadas en la espalda y cero comentarios críticos al papel de los adversarios políticos.

Si esto va a cambiar o no, es algo que se tendrá que mostrar pronto, porque el mensaje de la sociedad es importante. La decepción en términos políticos puede costarle caro al gobernador, pero creo que el efecto más concreto y palpable es la falta de combate real a la corrupción.

Es decir, la señal que se manda es: no pasa nada, perdonamos a los de antes. Así, tal vez los funcionarios actuales se sientan animados a continuar con ese tipo de comportamientos.

Creo que no es suficiente presentar cierto tipo de denuncias.

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Estas denuncias tienen que ser bien sustentadas, tienen que abarcar todos los niveles, tienen que llegar al fondo del entramado de la red de que se está hablando y tienen que ir acompañadas por una posición política fuerte encabezada por el gobernador del Estado.

Blanca Estrada.— Empiezo por decir que ando “hecha pelotas” con esto. Textualmente nos dicen (en la pregunta planteada) cómo se califica la postura del gobernador ante las denuncias de corrupción. Lo que pasa es que se han hecho muchas denuncias, desde personas que se quejan “en el Face”, diciendo que tales plazas se dieron de manera irregular o ya se llevaron tal cosa, hasta las denuncias públicas que ha hecho Grupo Megamedia.

A partir de ayer (el martes pasado, día en que se anticiparon las denuncias del gobierno), mi confusión aumenta. Eso no tiene nada que ver con otras denuncias anteriores.

Nos contaron lo que nos quisieron contar, de presuntos faltantes encontrados durante el proceso de entrega-recepción.

A este proceso no tiene acceso cualquiera, solamente la administración entrante. A lo mejor esos 500 millones de pesos son la suma que les dio porque en la dependencia tal les faltan cinco camionetas y en la dependencia tal faltaron diez computadoras en relación con lo que tienen inventariado.

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Si estoy equivocada, con toda confianza me pueden corregir, pero ese anuncio tiene que ver exclusivamente con presuntos faltantes detectados durante el proceso de entrega-recepción. Estos procesos están reglamentados por una ley específica. Tampoco sabemos si dentro de los tiempos que marca esa ley se ha cumplido todo el procedimiento.

Si encuentro una irregularidad tengo treinta días para llamar al funcionario que se fue, que está obligado a comparecer y puede subsanar la irregularidad o no, y así sucesivamente hasta agotar todos los tiempos establecidos y llegar a la presentación de las denuncias que correspondan.

Allá también hay opacidad. A lo mejor nos están dando mensajes completa y perfectamente maquillados.

No tenemos acceso a esa información, lo que contribuye a que yo me sienta todavía más confundida.

Si la pregunta que nos hicieron el favor de enviar se refiere a la postura del actual titular del Ejecutivo ante las denuncias documentadas sobre las llamadas empresas fantasma, entonces discúlpenme, no ha dicho nada. Hay un absoluto silencio. Nadie se ha referido en lo absoluto a ese tema.

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Lo de ayer específicamente es sobre el proceso de entrega-recepción, y en un proceso de este tipo el faltante no tiene que ver con las empresas fantasma.

Freddy Espadas.— Toda esta indagatoria que se está comentando sobre las denuncias públicas, documentadas, conduce a que estamos frente a “Alí Babá y los 40 ladrones”, una banda de fascinerosos, y se comprueba, según las declaraciones de la contralora, que hay desvíos de más de $500 millones.

Desde luego, no deja de ser sospechosísimo que ante las primeras denuncias que dio a conocer Central 9 sobre este escándalo de corrupción el gobernador no dijo nada.

Debió hablar a tiempo para dar certeza sobre su postura y salir a decir que se investigará, que se llegará al fondo de este asunto y se castigará conforme a la ley. Es lo mínimo que debió salir a decir cuando las denuncias comenzaron a aflorar.

Fue excesivamente cauteloso y prudente —“calladito se ve más bonito”—, lo cual, obviamente, generó mucha susceptibilidad en la sociedad y sospechas de acuerdos inconfesables.

Sin embargo, concedemos el beneficio de la duda. A ver qué harán el fiscal anticorrupción y el auditor superior.

La postura del gobernador frente a estos entes autónomos debe ser la de exigirles que actúen. Creo que es una gran prueba.

Las promesas

Los invitados también respondieron a una pregunta sobre el cumplimiento de las promesas de campaña de Mauricio Vila. En otro lugar de esta página ofrecemos un extracto de sus opiniones.

En términos generales, el doctor Espadas Sosa dijo que no hay elementos que muestren que el titular del Ejecutivo esté en la ruta del cumplimiento de sus promesa de campaña.

“Creo que es mejor otorgar por ahora el beneficio de la duda”, señaló. “En términos generales se le nota al gobierno del Estado algo lento, parsimonioso en su actuar. Guardadas las proporciones, su actuación se eclipsa ante las acciones contundentes que lleva al cabo el nuevo gobierno federal”.

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“Las cosas que afectan a la gente no se solucionan con amplias sonrisas. Una sonrisa no es mala. Una vez le preguntaron a Cuauhtémoc Cárdenas por qué tenía ese gesto adusto y éste contestó, palabras más palabras menos: ‘Señorita, el país no está para sonrisas’.

A su vez, Asís Cano indicó que el gobernador es consecuente con lo que se planteó en la campaña.

“Me parece que cien días es un tiempo muy corto para poder generar juicios con los elementos suficientes”, añadió.

“Sin embargo, me parece que la instalación del consejo ciudadano sobre el presupuesto, la creación de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Pesca, el plan de austeridad, el reajuste de la estructura de la administración pública y lo que se anunció respecto a las consecuencias legales en la revisión de los procesos de entrega-recepción sí nos muestran que estamos en la ruta de lo que se dijo en campaña”.

“Algo de destacarse del estilo de gobernar de Mauricio Vila es que tenemos un punto de comparación con lo que se realizó en el Ayuntamiento de Mérida”, apuntó.

El maestro Salgado Borge dijo, de entrada, que para responder a la pregunta es necesario distinguir entre dos tipos de promesa que se hacen en una campaña política:

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“Las primeras son las promesas sustanciales, las que tienen que ver con el proyecto, con la clase de visión de Estado que está ofreciendo la persona que aspira a ser gobernante.

Las segundas tienen que ver con las promesas accidentales, que son básicamente las acciones específicas que van a realizar para llegar hasta cierto punto”.

“Es difícil responder a la pregunta porque durante la campaña todos los candidatos, particularmente Mauricio Vila y Mauricio Sahuí, no recibimos promesas de tipo sustancial.

La mayoría fue de promesas accidentales o específicas”, continuó. “Los primeros cien días de un gobernante son tiempo suficiente para palpar en alguna medida qué tanto el gobernante o la gobernante apuntan hacia la resolución de sus promesas sustanciales. Como no tenemos ese sentido por parte de Mauricio Vila, es muy difícil medir si vamos hacia donde nos prometió que íbamos a ir.

No tenemos mucho para evaluar.

No obstante, manifestó que sí se pueden evaluar sus promesas específicas, que son básicamente “entregables”: becas en el caso de Educación y créditos en el caso de desarrollo económico.

“Son promesas básicas, pero en ocasiones requieren cierto tipo de procesos para su implementación”, abundó.

“Me parece que por el momento no tenemos idea de cuál es el proyecto que el gobernador está impulsando en el Estado. Contrasta, como decía el profesor Freddy, con la idea de un proyecto que, guste o no, se presenta desde el gobierno federal. Uno podría estar de acuerdo o no con el proyecto de López Obrador, pero ciertamente lo conocemos… Es un proyecto que existe”.

“Un asunto que sí me gustaría mencionar, porque sí viene de manera concreta dentro de las promesas de campaña de Mauricio Vila, es la idea de incluir a los yucatecos en las decisiones de su gobierno. Y me parece que, al menos en este momento, no es una promesa cumplida. Se ha incluido a ciertos sectores de la sociedad, pero no a todos, dentro de los órganos que se han creado para generar consulta”.

La profesora Estrada Mora dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

—En lo que hasta hoy he visto, pues la verdad encuentro un contexto de enorme superficialidad, de una gran simulación, y más que hacer un análisis o intentar un remedo de evaluación, lo que me surgen son muchas dudas. Por decir algo: en estos cien días he observado que la presunción de la palabra austeridad casi casi ha sustituido al concepto anticorrupción, combate a la impunidad.

—Una de las promesas o compromisos de campaña más publicitados de Mauricio Vila es la chequera de la salud, pero me surge una duda: ¿va a poder cumplir si firmó, estampó su firma en un documento aquí en el Centro Internacional de Congresos, junto con otros siete gobernadores y el presidente de la República, en el que aceptó que todo lo relativo al sector salud ya no va a ser responsabilidad del Estado? Podemos estar de acuerdo o no, pero será un sistema nacional el que se encargará de todo.

—Lo que veo ahora es simulación, son ambiciones. Y voy a terminar con un pequeño ejemplo.

Este documento (lo muestra) es el boletín que mandó el equipo de comunicación de Vila por los cien días. Y aquí, cuando se habla de que se instaló el Consejo Ciudadano del Presupuesto hay un párrafo que dice: “Este consejo es el primero de su tipo en México, el cual está integrado por miembros de la sociedad civil, quienes tienen la encomienda de vigilar el cumplimiento de los objetivos trazados.

Ofrezco mis disculpas: es una mentira, no es el primero en México…. Ni siquiera es el primero en Yucatán. Curiosamente, cuando estuvo en la titularidad del Ejecutivo un correligionario partidista del actual gobernador se instaló este consejo. Yo formé parte de él.

Me consta, así que no puedo comprar una mentira de este tamaño.

En yucatan.com.mx presentamos una versión más amplia.— ÁNGEL NOH ESTRADA

¿Cumplimiento?

¿Considera que el gobernador está en la ruta del cumplimiento de sus promesas de campaña?, se pregunta a los invitados al foro.

ASÍS CANO CETINA

Foto: Megamedia

Yo creo que sí estamos en la ruta correcta. La instalación del Consejo Ciudadano sobre el presupuesto, la Secretaría de la Mujer, el plan de austeridad y el reajuste en la estructura de la administración son indicios de que estamos en la ruta de lo que se dijo en campaña.

 

 

 

 

ANTONIO SALGADO BORGE

Foto: Megamedia

Es difícil responder a la pregunta porque durante la campaña no tuvimos de los candidatos, particularmente de Mauricio Vila y de Mauricio Sahuí, promesas de tipo sustancial… Me parece que por el momento no tenemos idea de cuál es el proyecto que está impulsando el gobernador.

 

 

 

 

BLANCA ESTRADA MORA

Foto: Megamedia

Yo encuentro un contexto de enorme superficialidad, de una gran simulación… En estos cien días he observado que la presunción de la palabra austeridad casi ha sustituido al concepto anticorrupción y combate a la impunidad… Una austeridad que no hemos podido comprobar.

 

 

 

 

FREDDY ESPADAS SOSA

Foto: Megamedia

Creo que es mejor otorgar por ahora el beneficio de la duda. En términos generales se le nota al gobierno del Estado algo lento, parsimonioso… Guardadas las proporciones, su actuación se eclipsa ante las acciones contundentes del gobierno federal… Las cosas que afectan a la gente no se solucionan con sonrisas.

 

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