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Política

Cambio a favor de la transparencia

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Filiberto Pinelo Sansores (*)

Uno de los mecanismos clave para vigilar el proceder de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos es la obligación que debe imponérseles de transparentar su patrimonio mediante sus declaraciones de bienes, con el fin de tener a la vista cómo evoluciona éste. Ésta ya es una exigencia social derivada de la experiencia que se tiene sobre el enriquecimiento ilícito de muchos de ellos, de manera impune.

Por mucho tiempo la sociedad ha exigido que las declaraciones de bienes de estos servidores sean no solo para el consumo de alguna dependencia del mismo gobierno, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, sino para el conocimiento de la sociedad. De nada sirven declaraciones de las que sólo se enteran funcionarios del mismo gobierno del que forman parte los declarantes.

Grandes fortunas de quienes iniciaron sus carreras políticas como simples ciudadanos que entraron a su primer puesto con una mano adelante y la otra atrás, y al cabo de unos años se volvieron riquísimos accionistas de grandes o medianas empresas, propietarios de mansiones fastuosas, departamentos o casas de lujo en el extranjero, aviones privados y compradores de tiendas exclusivas, que compiten con los adinerados del sector privado, han sido amasadas mediante el desvío de recursos del erario. Son abundantes los casos conocidos en todo México.

En el sexenio anterior la presión de amplios segmentos sociales, que exigían control eficaz a la conducta rapaz de las camarillas gobernantes que —sobre todo— en tiempos de Peña se exhibían como depredadoras contumaces de la Hacienda pública que transformaban rápido en bienes suyos, puso en la agenda nacional la necesidad imperiosa de instaurar leyes para controlar tal hábito desbocado. Pero no se logró el objetivo de que fuera obligación que las declaraciones de los servidores sean abiertas al escrutinio público, sin reserva alguna. Por eso existe aún el derecho de éstos a mantener oculta de la mirada pública la cuantía de sus bienes y su evolución.

Pero como en muchos aspectos de la vida del país las cosas están cambiando. Pese a la disposición legal señalada, las declaraciones de bienes de todos los servidores públicos, sin excepción, serán públicas en el gobierno federal, a partir de ahora. Para poner el ejemplo, el presidente hizo la suya así ante la instancia que las recibe, la Secretaría de la Función Pública.

En su acostumbrada reunión matutina con los medios, el viernes 4 mostró el comprobante del trámite y una copia de la declaración que hizo. “Ya se puede consultar en la página que tiene la Secretaría para estos propósitos. Son mis bienes y los de mi esposa”, manifestó. Pero la mejor noticia es que no sólo será AMLO quien dé a conocer su declaración patrimonial y de intereses en el gobierno federal, sino todos sus integrantes.

Algunos funcionarios de éste habían decidido no publicarlas. La prensa mencionó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, como reacios a hacerlo. Pero López Obrador fue tajante: “Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, incluyendo los niveles familiares, familiares cercanos, alegando que la ley no se lo exige, no podrá trabajar en este gobierno”.

Y es que hasta hoy la sociedad no ha logrado que sea obligatorio para estos servidores hacer públicas sus declaraciones. El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que éstas “deben ser públicas”, pero, contradictoriamente, pone enseguida una restricción a lo dicho: “… salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada”. Y esto ha dado el pretexto perfecto a los obligados para no dar a conocer bienes o riquezas que podrían haber sido obtenidos desde el poder de manera ilícita y sustraerse, por tanto, de la acción de la justicia.

Los más obcecados defensores de la secrecía de dichas declaraciones —cuando se discutió el tema en el Congreso en 2016— fueron los integrantes de la bancada priista, entonces encabezada por el senador Emilio Gamboa Patrón. Este llegó a decir: “Si mañana llegas tú con un carro nuevo: ‘A ver, investíguenla. ¿Con qué lo compró, qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó?’. Me parece que hay cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana”, manifestó, para oponerse al contenido de dicha ley, que finalmente se aprobó, con el candado antes expuesto, manteniendo así en el anonimato las declaraciones.

Así es que sería ésta la primera vez en la historia del país que todos los funcionarios de un gobierno federal hicieran del conocimiento público los bienes que poseen al inicio de su encargo, como primer paso para que los ciudadanos contaran con elementos que permitieran saber si alguno se está enriqueciendo a costillas del erario o se están todos manteniendo en “la justa mediana” que, como se proclama, debe ser la norma en un país que busca que no haya corrupción en las esferas de su gobierno.

La asumida por la administración que inicia es una actitud loable, muy distinta a la de la clase política que ocupó los cargos públicos en el gobierno federal anteriormente, bajo cuyo amparo se tejieron leyes que en lugar de servir para combatir la corrupción han servido para protegerla. Una de estas es la todavía vigente que permite mantener oculta a la mirada de la sociedad fortunas hechas con dinero de los contribuyentes. La excusa fue que si se conocían los bienes de los servidores y cómo evolucionaban, corrían el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Así, con este ocultamiento, se actualizó el hecho de que, aunque existiera el enriquecimiento ilícito de un funcionario, sería difícil si no imposible de probar.

Este es un pretexto vano, porque víctimas potenciales de la delincuencia somos todos y si alguien quiere ser servidor público debe estar dispuesto a correr los riesgos que ello entraña. Si no, tiene el derecho a abstenerse de serlo. Nadie lo obliga.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

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Política

Ordenan retirar spot de Morena en Quintana Roo

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Un spot radiofónico de Morena en Quintana Roo que databa del proceso electoral anterior fue retirado por órdenes del Instituto Nacional Electoral (INE) ya que inducía al voto, previo al arranque de las campañas.

En el spot, Morena solicitaba el voto a favor de sus candidatos a diputados federales y senadores; cuando ese proceso ya concluyó el año pasado y ahora deben elegirse diputados locales.

Tanto el Partido Acción Nacional como Movimiento Ciudadano interpusieron quejas para que se retirara el spot, ya que generaba confusión.

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La Comisión de Quejas del INE ordenó a Morena, sustituir, en un plazo no mayor a seis horas, el promocional identificado como “Morena Crece”. De igual forma, pidió a las concesionarias de radio, que lo reemplacen en un lapso no mayor a doce horas.

AGENCIA SIM

 

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Política

Candidaturas del PAN en Cancún, casi definidas

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Atenea Gómez Ricalde, Eduardo Pacho Gallegos, Eugenia Solís Salazar y Jesús Zetina Tejero son los aspirantes a las candidaturas del Pan en Cancún; es decir que ya están virtualmente garantizados con un lugar en la boleta, al ser ellos los únicos en inscribirse en sus respectivos distritos o bien tener la designación del partido.

Aunque en todo el estado ya suenan los nombres de quienes contenderán para una diputación local por el Partido Acción Nacional (PAN), en el sur del estado, todavía hay plazo hasta mañana a las ocho de la noche para la inscripción de aspirantes; de hecho, según confirmó Juan Carlos Pallares Bueno, dirigente estatal, hasta el momento nadie se ha inscrito para los distritos 14 y 15, ambos con cabecera en Chetumal. Distinta es la situación en la zona norte, donde el plazo ya expiró el pasado domingo.

El blanquiazul irá en alianza parcial con el PRD y el PES en nueve distritos, en los que cada fuerza política pondrá a tres candidatos; en los otros seis distritos, cada quien contenderá con sus propios abanderados. Esto significa que el PAN tendrá a nueve candidatos en este proceso electoral.

En el Distrito I, que abarca a Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y parte de Benito Juárez, la única inscrita es Atenea Gómez Ricalde, ex regidora isleña, hija de la directora del Apiqroo, Alicia Ricalde Magaña y sobrina del ex candidato a senador, Julián Ricalde Magaña.

Cancún es la cabecera de los distritos del 2 al 8, pero el 2 está cedido al PRD; en tanto que el 3, 4 y 6 son para Encuentro Social.

Cabe destacar que incluso si el PES perdiera su registro nacional y no se le otorgara el estatal, esta fuerza, encabezada por Gregorio Sánchez Martínez. D todas formas inscribiría a sus candidatos; solo que usando las siglas de sus aliados, confirmó una fuente en el PAN.

Por distritos

De los distritos restantes, el ahora dirigente municipal con licencia, Eduardo Pacho Gallegos, es el único inscrito en el Distrito 5. Mientras que en el Distrito 8, en el que se va por alianza, ya se optó por designar a la actual diputada Eugenia Solís Salazar; quien contenderá por la reelección.

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El Distrito 7 será el único donde habrá precampaña. Porque allí se inscribió Carlos Orvañanos Rea; quien fuera director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (Idefin), además de Carlos Guedes.

Los distritos de Solidaridad y Tulum, 9 y 10, todavía son una incógnita. Pero el 11, correspondiente a Cozumel, también será para un diputado actual, Jesús Zetina Tejero; quien fue el único inscrito.

Tanto el 12, de la Zona Maya y 13, de Bacalar, son para el PRD. En tanto que en los dos distritos de Othón P. Blanco. 14 y 15, todavía no hay panistas inscritos, a un día de concluir el plazo.

Sin embargo, fuentes indican que en el 14 buscará reelegirse Fernando Zelaya Espinoza. En tanto que en el 15 se inscribirá mañana Claudette González Arellano; actual subsecretaria técnica del Gobierno del Estado. Quien ya contendió, sin éxito, por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.

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Política

Los partidos ya tuvieron su oportunidad: Gustavo Miranda

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Los partidos políticos tuvieron su oportunidad de demostrar que podían ser una opción, pero le fallaron a la ciudadanía, afirmó el precandidato a diputado por el Distrito 8, Gustavo Miranda.

En entrevista, indicó que los partidos políticos cuentan con una “línea”; en tanto que los aspirantes independientes se preocupan de los intereses de la sociedad.

En su caso sí siente un compromiso por contribuir al cambio que se requiere; aunque no ha militado en ningún partido,

El aspirante a diputado, rechazó que su juventud sea un impedimento para ser un buen legislador. Por el contrario, afirmo que es una ventaja, pues brinda una perspectiva fresca; compartida por muchos jóvenes como él, enfocados en el cuidado al medio ambiente, en mejorar la calidad de vida y en el uso correcto de la tecnología.

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Recordó que en los últimos años, gran debate han generado plataformas digitales como Airbnb o Uber, innovaciones tecnológicas que rebasan la regulación actual y son esta clase de reto los que deben ser asumidos por el legislativo.

“Se necesitan leyes que sean las herramientas del desarrollo, en todos los sentidos; que se puedan regular plataformas como Uber, Airbnb, entre otras”, declaró.

Actualmente el aspirante a candidato recolecta firmas para lograr poner su nombre en la boleta electoral.

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