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Investigaciones Periodisticas

La ASEY aún no tiene injerencia en denuncias

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Sí van contra “fantasmas”

En las denuncias que interpuso la semana pasada el gobierno del Estado contra la anterior administración, por faltantes de bienes y presunto quebranto económico, sí figuran varias empresas de la red que recibió contratos en forma irregular durante el sexenio 2012-2018.

De acuerdo con datos obtenidos en la Contraloría General del Estado, entre las seis denuncias que esta dependencia presentó directamente ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción hay por lo menos una —de las dos que corresponden a la Secretaría de Salud— que involucra expresamente a servicios que “prestaron” varios de los negocios “fantasma” en condiciones nada claras.

Se indicó que los procesos iniciados no serán los únicos, pues hay otros casos —en diferentes dependencias— que también configuran delitos y están en la etapa de integración para turnarlos posteriormente a las autoridades correspondientes.

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También se precisó que las 31 demandas interpuestas el lunes 14 pasado fueron dirigidas a la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Fiscalía General del Estado.

Ninguna fue a parar a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), aunque la Contraloría General sí debe dar vista de las denuncias a este órgano.

Además, la propia Contraloría está realizando un proceso relacionado con las responsabilidades administrativas que se derivan de estos casos.

Al terminar, las que sean clasificadas como faltas graves serán turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que preside el magistrado Miguel Diego Barbosa Lara.

A continuación, otros datos relacionados con los procesos contra la administración estatal que encabezó Rolando Zapata Bello:

—La Contraloría interpuso de manera directa —por conducto de su titular, Lízbeth Basto Avilés— seis denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Otras 21 fueron presentadas ante la Fiscalía General por las dependencias afectadas, no necesariamente en Mérida.

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Por ejemplo, el Ministerio Público de Tekax recibió las demandas vinculadas con el Hospital Comunitario de Peto y la Universidad Tecnológica Regional del Sur. El Ministerio Público de Progreso atendió la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).

—Se decidió no concentrar los trámites en la Contraloría para no formar un “cuello de botella”, además de que, por tratarse de la presunción de delitos penales —faltantes y presunto robo—, se pueden hacer las diligencias ante el Ministerio Público y los titulares de las dependencias tienen facultades para ello.

No era necesario tampoco que todo se hiciera en Mérida. La Contraloría se enfocó en seis casos que ameritan una investigación más profunda: dos de la Secretaría de Salud, otros dos de Administración y Finanzas, uno de Educación y uno más del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy).

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—Otras dependencias afectadas con las irregularidades financieras y administrativas presentaron sus propias denuncias: además de las ya señaladas, las secretarías de:

Fomento Turístico (Sefotur),de la Mujer (antes Instituto para la Equidad de Género) y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Institutos del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy) y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey).

El Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), el Conalep y otras instancias. En general, las acusaciones se enfilan contra quienes resulten responsables, aunque en las evidencias y en los hechos relatados sí se mencionan nombres de personas involucradas en las pesquisas internas.

—La Contraloría dispone de lo que resta de enero y de todo febrero para dar vista de las denuncias a la ASEY. Lo puede hacer en cualquier momento de ese plazo.

—Presentadas las denuncias penales, la Contraloría inició procesos internos de responsabilidad administrativa y ya está girando oficios de comparecencia de exfuncionarios.

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—Con los resultados de las comparecencias, el área jurídica de la Contraloría emitirá un dictamen en el que indique cuáles faltas son graves y cuáles no lo son.

—Con base en una reforma de 2017 a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, la Contraloría únicamente tiene facultades para sancionar faltas no graves. Los expedientes de faltas graves tienen que ser turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, que deberá imponer sanciones.

—Al determinarse una falta no grave la Contraloría emplaza para una audiencia inicial, admite pruebas de quien está sujeto al proceso, las desahoga y abre y cierra alegatos.

-Entre las penas que puede imponer por las faltas no graves figuran apercibimiento privado, apercibimiento público y suspensión temporal, que no puede ser mayor de un año.

—Esta dependencia cuenta con 91 días hábiles para este proceso, es decir, unos cuatro meses efectivos (dos días inhábiles por semana).

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—El Tribunal de Justicia Administrativa no dispone de un plazo para las faltas graves y para determinar sanción en los expedientes que le remita la Contraloría General.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Denuncias

Las denuncias presentadas hasta ahora involucran 31 expedientes.

¿Qué vías se siguieron?

La Secretaría de la Contraloría General del Estado, cuya titular es Lízbeth Basto Avilés, interpuso en forma directa seis denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza José Enrique Goff Ailloud.

No todo en Mérida

Otras dependencias presentaron 25 denuncias más, ante la Fiscalía General del Estado. No todas lo hicieron en Mérida, pues algunas recurrieron a oficinas del Ministerio Público cercanas a sus sedes, como Tekax y Progreso.

Las principales

De las seis demandas que presentó la Contraloría, dos corresponden a la Secretaría de Salud, otras dos a la Secretaría de Administración y Finanzas, una a la Secretaría de Educación y una más al Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy).

Nada aún para la ASEY

Contra lo que inicialmente se difundió, ningún caso fue llevado en forma directa a la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Mario Can Marín. Es la Contraloría la que debe dar vista de las denuncias a ese órgano, trámite que está pendiente.

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Diario de Yucatán

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