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Investigaciones Periodisticas

Simulación al tope

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Las operaciones de empresas acusadas de servir a funcionarios para el desvío de fondos públicos están llenas de irregularidades, según el análisis de un experto.

Un asesor fiscal consultado por el Diario sobre la presunta existencia de una red de “empresas fantasmas” usada por funcionarios de la anterior administración municipal de Mérida para ordeñar el erario comenta que solo ve una razón para que una autoridad expida contratos millonarios a empresas que no cuentan con capacidad técnica ni la estructura para ofrecer los servicios acordados:

“El desvío de recursos”, dice. “Es decir, simular con particulares un negocio ‘legal’ para hacerse del dinero público”.

Pudieron hacerlo porque los servicios licitados, mantenimiento de parques y jardines, son intangibles y porque las empresas están legalmente constituidas, dice. “Aunque dentro del marco de la ley actuaron de manera torcida”.

Y no es extraño que pese a que existen mecanismos de vigilancia esos ilícitos no sean detectados. “La razón es la misma por la que operan esos ‘negocios’: hay autoridades interesadas en mantenerlos ocultos. El dinero fluye y cubre las actividades chuecas”.

Trapos sucios

Generalmente la opinión pública se entera del caso cuando alguien de adentro, molesto porque no le cumplieron o porque se siente traicionado, saca los trapos sucios al sol e incluso reúne pruebas de las operaciones ilícitas, dice. “Y lo más seguro es que la Auditoría Superior del Estado no encuentre delito qué perseguir, porque no hay voluntad de llegar al fondo”.

Según documentos que se han ventilado públicamente, se estima que el esquema de corrupción habría desviado en dos años aproximadamente $220 millones. De los 21 proveedores acusados ante la ASEY, la empresa “CDI Instalaciones, Construcciones y Desarrollos, S.de R.L. de C.V.” brinda un buen ejemplo del proceder sospechoso de todas e ilustra bien cómo funciona el juego de sombras.

Esta empresa recibió del municipio de Mérida 14 millones de pesos ($14.389,894.89) en los ejercicios 2016 y 2017 para prestar el servicio de “de poda y limpieza de avenidas y glorietas zona 04 del sector poniente”, o sea, para dar mantenimiento a 68.2 millones de metros cuadrados de áreas verdes, de acuerdo con el contrato DA-2016-Mantenimiento de parques y áreas-01-16.

Su domicilio fiscal está en una pequeña casa de la calle 76 entre 49 y 51 del barrio de Santiago. El predio es compartido por “Soluciones Constructivas Casmar, S.A. de C.V.”, dedicada a la “construcción de edificios residenciales y no residenciales”.

En principio, nada indica que en esa casa austera funcione un negocio que se encarga del mantenimiento de grandes extensiones de áreas verdes. No hay a la vista maquinaria o equipo para otorgar ese servicio.

Es un negocio en regla, como todos los demás implicados en la trama, pero las cosas comienzan a enturbiarse cuando se analizan sus operaciones.

En sus declaraciones fiscales, la empresa señala no tener ningún trabajador registrado en el IMSS o el SAT y solo dos ante la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), aunque manifiesta gastos de sueldos y salarios por $164,179.00.

“Esto en sí no es ilegal, pero si recibió $14 millones, que es muchísimo dinero, necesariamente tuvo que haber contratado a alguien más para dar ese servicio y por ningún lado aparecen esos gastos interrelacionados”, advierte otro experto en temas fiscales.

“Este es un indicio claro de que estamos ante una empresa fantasma. Definitivamente, tendría que haber algún costo por la subcontratación del servicio”, prosigue. “Si no existe ningún gasto relacionado… ¿dónde está el dinero que recibió del Ayuntamiento?”.

En su estado de resultados, la empresa señala que en 2016 tuvo ingresos de $9.302,082 y gastos de $8.588,439 y en 2017 entradas de $12.248,000 y egresos de $12.147,858. “Un margen de utilidad muy pequeño, algo que también hace sonar las alarmas”.

Un dato sumamente revelador, señala, es que la empresa no presentó su Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) en ninguno de los dos años en cuestión. Lo más probable entonces es que los gastos manifestados en el estado de resultados no sean reales y por tanto su esquema de operación sea la liberación de cheques en efectivo.

“Lo que el DIOT básicamente pide es la lista de proveedores a los que pagó la empresa. No presentar el DIOT es muy sospechoso, técnicamente se puede hablar de un negocio que está haciendo movimientos ilícitos”.

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Reporte indispensable

Ese dato es muy importante, cada mes debe reportarse al SAT, es una obligación. Si no está es posible deducir que estemos ante una empresa fantasma, señala.

Otra conclusión es que se está usando al negocio para actividades empresariales torcidas, continúa. “Son actos simulados: me pagas, te entrego una factura y simulo que realizo el trabajo, pero no lo hago y no hay forma de comprobarlo. Lo peor es que quizá hay algo más, que tiene que ver con el lavado de dinero: la empresa recibe el recurso y entrega la factura, pero como tiene que devolver el dinero en efectivo, lo toma de su cajita —un dinero que nadie sabe de dónde vino—, devuelve el efectivo y con eso ya legalizaron dinero sucio, ya lo “bancarizaron”.

Nadie está acusando a nadie, advierte. Simplemente se señala que tanta irregularidad se presta a muchas sospechas, es inevitable pensar en dinero de procedencia ilícita.

En cuestiones fiscales, el criterio es que un negocio que da servicios debe tener activos y empleados, si no los tiene es cuestionable que pueda hacer el trabajo, dice.

“Con solo ver la foto de su local percibo claramente —a menos que todo esté guardado adentro— que no tiene la estructura para brindar servicios de la magnitud que supuestamente está dando. Y se le pagó mucho dinero”.

Dato “ridículo”

En su balance de activo fijo, esta empresa declara $18,325. “Para el nivel de pagos que está recibiendo y el monto de sus inversiones en activo fijo, es claro que no tiene con qué hacer el trabajo. Tan solo una podadora de césped y una desbrozadora requieren inversión de $25,000. Si se está hablando del mantenimiento de casi 70 millones de metros cuadrados, que tenga solo $18,000 en maquinaria y equipo es ridículo y sospechoso”.

Diario de Yucatán

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