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Diputado pide investigar a comisionada federal de Competencia Económica

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El diputado de Morena, Francisco Elizondo Garrido propone al pleno un exhorto a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin que inicie de oficio un procedimiento de investigación por conflicto de interés contra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En un punto de acuerdo que presentará hoy ante el pleno, solicita que Palacios Prieto sea citada también a comparecer ante la comisión de diputados responsable de evaluar su actividad.

Acusó que la funcionaria pretendió analizar en una colaboración periodista la adjudicación directa al Banco Azteca para el otorgamiento de las tarjetas para los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

En un texto -agregó- ejemplo de la inobservancia de los principios constitucionales y legales de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia a los que está obligada como integrante y titular de este importante órgano regulador.

“Al emitir sus opiniones en una columna periodística, la comisionada presidenta incurrió en responsabilidades legales como servidora pública que deben ser analizadas por esta representación nacional y en su caso, sustanciadas y sancionadas por la autoridad administrativa correspondiente”, subrayó.

En un documento sostuvo que la comisionada presidenta de Cofece presuntamente transgredió el principio de imparcialidad, objetividad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia, principios constitucionales y legales que fueron abiertamente ignorados.

Por ello, consideró que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad , invite a la funcionaria una reunión de trabajo a efecto de que explique el sentido de sus opiniones como presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Ello, con relación a la instrumentación de un proceso legal de adjudicación de un contrato para la dispersión de recursos públicos a través de instituciones no dominantes del sistema bancario nacional, lo que implica “el riesgo de provocar una situación permanente de falta de competencia en un mercado”.

Igualmente, se solicita haga públicas las acciones y medidas que haya llevado a cabo la Cofece a fin de evitar prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en este sistema.

También insta a que se exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que inicie de oficio un procedimiento de investigación por conflicto de interés de la Alejandra Palacios Prieto, ante la promoción por comparación que hizo de la institución bancaria BBVA Bancomer, en el texto de su autoría publicado por un diario de circulación nacional el pasado 24 de enero.

Pide se solicite a la Comisión Federal de Competencia Económica que, conforme a las facultades, inicie de inmediato un proceso de investigación sobre los programas de dispersión de recursos públicos en el actual y anteriores gobiernos federales, sea cual fuere su objeto, y sobre los efectos que estos hayan tenido en la concentración del sistema bancario mexicano.

Además solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta Cámara de Diputados, que lleve a cabo las acciones necesarias para concluir el proceso de designación del titular interno de control de la Comisión Federal de Competencia Económica, iniciado durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

En su argumentación, dijo que en la colaboración periodística, la comisionada presidenta, lejos de plantear un análisis objetivo y equilibrado respecto a los procesos de adjudicación o licitación que hayan realizado el gobierno federal, sea el actual o los anteriores, para la dispersión de recursos públicos a través de las instituciones del sistema bancario nacional, planteó afirmaciones tales como que la incorporación de actores bancarios menores a un proceso de este tipo, conlleva “el riesgo de provocar una situación permanente de falta de competencia en un mercado”.

La presidenta de Cofece abrió un debate parcial, omitiendo lo esencial: el examen de los procesos de dispersión de programas con recursos públicos debe contemplar los realizados no sólo por el actual gobierno federal, sino por los gobiernos federales anteriores, y a partir de ello, determinar los efectos que esos programas han tenido en la concentración del sistema bancario mexicano.

“La discusión sobre este tema debe reconocer situaciones tan graves y delicadas como el hecho de que los costos de las transacciones para la dispersión de recursos públicos a través de bancos de gran tamaño, ha llegado a generar un costo de entre 20 y 30 por ciento del recurso dispersado”.

Es decir, que de cada peso que el gobierno logra canalizar a los más necesitados a través de bancos de gran tamaño, estos se quedan con la cuarta parte.

A modo de ejemplo: si los 44 mil millones de pesos que el gobierno federal solicitó al Congreso de la Unión para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se hiciera utilizando los canales de los bancos grandes para dispersar recursos, ello implicaría un costo de casi 12 mil millones de pesos, sólo en cuanto al costo de las transacciones.

Más aún, acusó que las omisiones de información en el artículo de la presidenta de la Cofece son tan claras que incluso pareciera que en el fondo lo que busca es atacar políticamente el programa social más importante de la actual administración, pues con la excusa de criticar a un actor bancario menor, plantea sospechas profundas sobre la integridad del programa, provocando desconfianza sobre un proceso que, sin embargo, es absoluta, plena y totalmente legal.

“En todo ello, uno de los aspectos más preocupantes de su texto es que comparó -refiriéndolos por su nombre- a dos bancos que compiten en el mercado nacional, con infraestructuras de servicio y dimensiones financieras diferentes, en detrimento del menor, al inferir que el mayor podría prestar el mismo servicio”.

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Con ese solo ejercicio, la presidenta de la Cofece perdió su papel de árbitro imparcial y propició un daño moral a una de las instituciones comparadas, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de sus actuaciones al frente del órgano regulador y supervisor.

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