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Política

El gabinete de AMLO: buenas intenciones, malas declaraciones

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Sesenta días naturales señala la Ley para que los servidores públicos realicen su declaración patrimonial y de intereses. El trámite formal que se ha popularizado como la #3de3, iniciativa que logró sujetar a candidatos y funcionarios a un escrutinio público sobre su patrimonio, sus intereses y su pago de impuestos. La premisa es sencilla: si quieres gobernarme y decidir en qué gastas mis impuestos, primero dime qué tienes, con quién te juntas y demuéstrame que tú también los pagas.

“El trámite es complicado”. “Son demasiados los datos que se piden”. “No tengo estados de cuenta de ese año”. “No sé si poner la cantidad antes o después de impuestos”. Estas frases se escuchan en gobierno al inicio del sexenio y, anualmente, en el mes de mayo, cuando todos los servidores públicos están obligados a actualizar sus declaraciones. Tomando en cuenta la cantidad de servidores que laboran en el Gobierno Federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha realizado, desde hace décadas, importantes esfuerzos para contar con un sistema electrónico que facilite el llenado de los formularios y que reduzca significativamente la posibilidad de error. Llenar una declaración patrimonial no es cosa menor: mentir, equivocarse u ocultar información puede acarrear responsabilidades administrativas, sanciones e incluso la inhabilitación para ejercer el puesto.

El presidente fue muy claro y valiente en el Zócalo el día en que tomó posesión[:

“Se aplicará una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos y de sus familiares cercanos (…)”

Declaranet es el sistema en el que el Presidente de la República y su gabinete presentan sus declaraciones patrimoniales. Durante los primeros 60 días tuvieron la oportunidad de completar el formato que han llenado los servidores públicos a nivel federal desde hace más de 10 años.

Adicionalmente tuvieron el privilegio de determinar si hacían o no pública la información sobre su patrimonio e intereses. Y ahí empezó el desorden. Cada integrante del gabinete entendió como quiso la instrucción presidencial de hacer pública toda la información patrimonial y hasta la propia Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se vio envuelta en críticas por no hacer pública su declaración, situación que en un primer momento negó y en poco tiempo instruyó que en el sistema apareciera la declaración con su patrimonio parcialmente abierto.

Los medios se encargaron de lo suyo, analizaron las declaraciones del gabinete, señalaron omisiones, presionaron y cuestionaron al presidente. La respuesta fue contundente.

“Ya está hablado, hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno”.

Y así, como por arte de magia, después de algunas horas que era imposible acceder al buscador de declaraciones de SFP, el 31 de enero de 2019, la mayoría de los integrantes del gabinete, que tenían su información reservada, ya contaban con una declaración patrimonial enteramente pública. O al menos eso se dijo.

Un análisis de las declaraciones patrimoniales, la cual tiene 6 apartados de información patrimonial y de intereses, permite afirmar que la instrucción presidencial no fue cumplida y que la mayoría de los integrantes del gabinete no cuenta con toda su información pública. (Ver tabla 1)

Pero eso es sólo el inicio. El análisis permite identificar irregularidades en el uso del sistema Declaranet. Todos los servidores públicos tienen 3 opciones respecto de la información que ingresan:

  1. Hacerla pública.
  2. Hacerla parcialmente pública. Es decir, se omiten los montos y valores que se reportan.
  3. No hacer pública la información.

No hay más, es una decisión que toma el servidor público y así el sistema abre o cierra información, sin mayor opción de detalle. Pero en el gabinete del presidente alguien permitió que la parcialidad de la información fuera a gusto del cliente.

Pongamos por ejemplo el caso del Secretario Javier Jiménez Espriú, que reporta en la sección de inversiones tres cuentas bancarias. De éstas, únicamente se reporta el saldo de dos. Eso quiere decir que en la SFP le permitieron ocultar el dato de esa cuenta en particular. Caso similar el de la propia Secretaria Irma Eréndira Sandoval, responsable del sistema, quien reporta seis cuentas bancarias y en una de ellas el saldo está oculto. ¿Qué hay en esas cuentas bancarias? ¿Quién les permitió ocultarlas y por qué? ¿Qué diría el presidente López Obrador de estas irregularidades?

Pero la presentación de las declaraciones es sólo el inicio, en el entendido de que se llenan por parte de los servidores públicos de buena fe. El segundo paso es realizar el análisis de la información y, en su caso, determinar si hay alguna irregularidad que implique el inicio de una investigación, lo cual le corresponde a las autoridades, medios y ciudadanía.

Eso fue lo que hizo el periódico Reforma: investigó e informó el 6 de febrero de 2019 que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había omitido en su declaración informar sobre una propiedad a su nombre que se encuentra en Houston y cuyo valor asciende 11.1 millones de dólaresUn trabajo periodístico impecable, que en cualquier país hubiera sido suficiente para investigar la omisión y sancionar al responsable. Pero en el México de la nueva administración, los responsables de investigar, son culpados por el error. Y así, la Ministra en retiro culpó al encargado del Sistema Declaranet de no publicar la información, que según dijo, omitió sin su consentimiento.

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¿Por qué si la declaración es pública pero personalísima, la Ministra Secretaria no se dio cuenta de que no estaba el departamento de Houston? ¿Cómo es posible que la SFP hubiera podido omitir uno solo de los bienes inmuebles, cuando quien llena la declaración en el sistema es el propio servidor público? ¿Qué interés tendría la Secretaria Irma Eréndira Sandoval en dañar (o ayudar) a su colega ocultando ese departamento? ¿Por qué no se inicia de inmediato una investigación al respecto?

La respuesta a todas estas interrogantes las dio la propia Secretaria de la Función Pública un día antes de que se publicara la nota, en su primera aparición ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

En esa sesión pidió la palabra para dar su visión sobre el SNA, y en particular para hablar de los formatos de declaraciones patrimoniales que fueron aprobados en septiembre de 2018. Aquí algunas de sus opiniones:

“…estamos a favor de la transparencia, estamos a favor del control en las declaraciones patrimoniales y el control en la evolución patrimonial y el control del conflicto de intereses. Sin embargo, creemos que es necesario repensar este mecanismo de rendición de cuentas tal como estuvo aprobado y está establecido hoy.”

“Ese buen formato de declaraciones es aquel que logra tener un adecuado equilibrio entre la calidad, la cantidad de información y también la obligatoriedad de los servidores públicos, mientras se protegen los datos relevantes y los datos personales y patrimoniales…”

“…es importante revisar que la cantidad de datos y campo que contiene el formato sea lógico. Estos formatos que están aprobados, en ellos se está solicitando información que nos parece no es relevante para la detección del enriquecimiento ilícito o para los fines de una verificación o una investigación de evolución patrimonial. Desde este punto de vista, más información no necesariamente conduce a mayor rendición de cuentas.”

Para acabar pronto, es claro que hay un divorcio entre la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y su Secretaria de la Función Pública. Y hay una clara intención de echar abajo el esfuerzo iniciado por la sociedad civil de contar con un sistema de declaraciones patrimoniales robusto que permita que todos -ciudadanos, periodistas y los propios encargados del control interno- contemos con elementos para detectar corruptos. El caso de la Ministra en retiro es la mejor prueba que tenemos de que se puede exigir rendición de cuentas.

¿La solución? Muy sencilla. Señor Presidente, si quiere cumplir la promesa que hizo a los mexicanos, instruya a su Secretaria de la Función Pública a implementar los formatos aprobados por el SNA, evitar las irregularidades en el uso del Sistema Declaranet y que investigue a fondo cualquier omisión o irregularidad en las declaraciones de su gabinete. Sólo así podrá iniciar en realidad la transformación de la que habla. De lo contrario, son más de lo mismo. Valientes, pero no honestos.

Fuente: Contra la corrupción

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