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Guardia Nacional a debate

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Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

¿La creación de la Guardia Nacional es sinónimo de la “militarización” de México? ¿La conformación de dicho cuerpo significa continuidad con las políticas de seguridad de los sexenios pasados? ¿La Guardia Nacional es el único remedio para la crisis de inseguridad y violencia que viven muchas ciudades y regiones de México?

Éstas son algunas preguntas que han estado en mi mente desde que Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional y que seguro también estarán esta semana en el Senado cuando se discuta la minuta de la reforma para la creación de dicha institución. Gracias a las presiones de organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos de oposición, la discusión será a modo de “parlamento abierto”; es decir, podrán participar especialistas y organizaciones que conocen y trabajan el tema.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su Artículo 129 que: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Como es bien sabido, en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón creó el Operativo Conjunto Michoacán para combatir al crimen organizado, por lo que más de 4,000 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional se desplegaron en dicho estado. Semanas y meses después, Calderón ordenó operativos similares para otras entidades del país. Diversos analistas críticos de esta estrategia consideraron que los operativos conjuntos consistían en una “militarización” del país debido a que éstos, contra lo que ordena la Constitución, se hacían cargo de las tareas de seguridad pública.

Las consecuencias de los operativos conjuntos variaron en cada estado, pero en términos generales diversos análisis coinciden en que dicha estrategia resultó en mayor violencia y violaciones graves de derechos humanos en México. Un caso que ahora es emblemático es el Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes fueron detenidos y desaparecidos por elementos del Ejército Mexicano el 29 de diciembre de 2009 en el marco del Operativo Conjunto de Chihuahua, un conjunto de 2,500 efectivos federales en dicha entidad.

El pasado 28 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una relevante sentencia en la que declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de los Alvarado. Se trata de la primera sentencia de esta corte sobre desapariciones forzadas en el marco de la guerra contra el narcotráfico en México, en la que se describe “el contexto de militarización, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos que posibilitaron la desaparición forzada” (Aída Hernández, “La sentencia del caso Alvarado y los peligros de la Guardia Nacional”, “La Jornada”, 10-1-19).

Por casos como el Alvarado en Chihuahua diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos organismos de derechos humanos de la ONU, han hecho un fuerte llamado a dipu- tados y senadores a no aprobar la propuesta de creación de la Guardia Nacional.

La decisión de crear la Guardia Nacional puede provocar cierta perplejidad, sobre todo si se recuerda que uno de los principales lemas de campaña de AMLO era “abrazos, no balazos”. Si bien desde su campaña AMLO anunció la conformación de la Guardia Nacional, también afirmó que seguiría una estrategia de seguridad distinta a la de los gobiernos anteriores. Igualmente, prometió que combatiría las “causas” de la delincuencia, entre ellas la pobreza y la corrupción. Por ello, la diputada federal Tatiana Clouthier, que fue la coordinadora de campaña de AMLO, se ha pronunciado contra la Guardia: “Es alarmante. En campaña dijimos otra cosa y por eso nos dieron su confianza 30 millones”, declaró en una ocasión. ¿A qué se debe el cambio de posición de AMLO?

La respuesta inmediata es que los problemas del país eran “peor(es) que lo imaginado”, tanto en temas de corrupción como de inseguridad y violencia, como afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación. “Sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad que ahora estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación”. Encinas se refería a más de 200 mil asesinatos, alrededor de 32 mil desaparecidos, más de 20 mil cuerpos sin identificar.

Por su parte, en una entrevista con “La Jornada” a finales de noviembre del año pasado, cuando le preguntaron “¿qué información tuvo que lo llevó a adoptar la decisión de la Guardia Nacional?”, AMLO respondió: “Por un lado, la inseguridad imperante. Y por otro, la falta de protección: no hay corporaciones policiacas, están completamente echadas a perder. La Policía Federal no tiene profesionalismo, no hay disciplina”.

AMLO dijo que la Guardia Nacional, conformada por efectivos de las policías Militar, Naval y Federal, será el cuerpo de seguridad pública “encargado de prevenir el delito, preservar la seguridad y hacer frente a la delincuencia dentro de un marco de respeto a la ley y a los derechos humanos”. ¿Esto quiere decir “militarizar” el país? De acuerdo con algunos analistas, sí.

Por ejemplo, Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), argumentó que la aprobación de la reforma constitucional que crea la Guardia “confirmaría la militarización de la vida pública mexicana (… pues) la Guardia Nacional da a los militares facultades inéditas para detener e investigar a civiles (…) faculta a los militares para ser policías que detengan, investiguen y persigan a delincuentes del orden común, ya sea que se trate de un secuestrador, un par de jóvenes fumando mariguana o un marido violento” (“The New York Times”, 5-2-19).

Quienes están a favor de la creación de la Guardia Nacional señalan que casi la mitad del territorio nacional tiene la presencia de organizaciones criminales frente a las cuales la policía es insuficiente. Así, Jorge Zepeda Patterson argumentó: “Una democracia no entrega las tareas policiacas a su Ejército, pero en una democracia las policías no están vencidas ni forman parte de la nómina de los cárteles ni el Estado ha perdido el control de regiones completas. Discutamos los pros y contras de la propuesta de López Obrador, pero seamos realistas y hagámoslo que somos más Uruapan que Europa” (D. de Y., 27-01-19). Es por esto que los gobernadores de los estados más lastimados por la inseguridad y violencia piden la intervención del Ejército, además de que dicha institución es la que tiene mayor aceptación entre la población mexicana.

En este escenario, lo más sensato puede parecer que sea el Ejército el que se encargue de las tareas de seguridad en las regiones con mayor inseguridad y violencia. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, dijo con contundencia que “la única fuerza capaz de enfrentar la delincuencia es la militar”. Pero me parece que tiene razón Pérez Correa cuando argumenta que la apuesta por no retirar al Ejército de inmediato no justifica una reforma constitucional, pues la Constitución es un texto que pretende ser permanente (“El Universal”, 1-22-19).

Me parece que el debate sobre la Guardia Nacional debe abordar necesariamente que el cuerpo encargado de seguridad tenga un mando civil y que los militares sean efectivamente juzgados en el fuero civil; que se lleve al cabo un retiro gradual de los militares en las tareas de seguridad pública y la profesionalización de los cuerpos civiles.

Asimismo, se debe abordar el fortalecimiento el sistema de justicia y la independencia judicial, particularmente en lo relativo a la investigación de homicidios y desapariciones forzadas, ya que en el país solo se resuelve el 5% de los homicidios; es urgente cambiar nuestro sistema que prefiere tener personas detenidas a toda costa que investigar y prevenir delitos.

Se debe profundizar en la discusión sobre las causas de la delincuencia. La violencia homicida ya no se debe solo al tráfico de drogas, aunque el conflicto entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa siga cobrando muchas vidas en el país. Como observó el analista Eduardo Guerrero, la más reciente ola de violencia se debe también a mercados delictivos emergentes, como el “huachicoleo” y el robo en carretera y a trenes (“Nexos”, abril 2018). En este sentido, me parece acertada la estrategia de los Programas Integrales de Bienestar dirigidos a los municipios que sufren más el “huachicoleo” (aunque desde luego la sociedad civil y medios de comunicación deberán vigilar que estos programas no se traduzcan en nuevas prácticas clientelares).

Y finalmente, se deben considerar alternativas a la militarización. La profesionalización de la policía en Morelia es un buen ejemplo. No solo se capacitó más y se otorgaron más prestaciones a la policía local, sino que se apostó por un enfoque más comunitario, más cercano a la gente y con mayor participación de la ciudadanía, la cual podía levantar actas y quejas sin tener que ir al ministerio público. Así, en 2017 hubo una disminución de 18% en la tasa de homicidios.

También hay que recordar el papel fundamental que puede jugar la sociedad civil, como las policías comunitarias en Guerrero, que han logrado disminuir el crimen organizado en diversas comunidades, o los empresarios en Monterrey, liderados por Lorenzo Zambrano, que jugaron un papel crucial en la recuperación de la seguridad pública en contextos de corrupción, aumento de los delitos y de brutalidad policiaca (lamentablemente esto se ha revertido en el gobierno de El Bronco).

Hay mucho que debatir y frentes en los cuales actuar antes de continuar con el modelo fallido de la militarización del país.— Mérida, Yucatán.

Rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM

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