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Las empresas fantasma vinculadas con los diferentes niveles de la administración pública cobraron notoriedad durante el sexenio pasado, ante las evidencias de que fueron utilizadas para desviar recursos en el gobierno del Estado de Yucatán y en varios ayuntamientos, entre ellos el de Mérida.

Para el Sistema de Administración Tributaria (SAT), una empresa cae en la clasificación de fantasma —el término oficial es “definitivo” según los términos del artículo 69-B del Código Fiscal— cuando hay señales de que simula operaciones o emite comprobantes fiscales sin tener los activos, personal o infraestructura para prestar los servicios que amparan tales documentos.

A lo largo de dos meses, las diferentes plataformas de Grupo Megamedia publicaron una serie de reportajes sobre una red de empresas creadas durante el gobierno de Rolando Zapata Bello para cobrar millonarias sumas del erario. El manejo de la red, según testimonios publicados, estuvo a cargo de Sergio Vadillo Lora, exjefe del Despacho del Gobernador, y Ricardo Nevárez Cervera, quien no tenía un puesto en la estructura de gobierno pero se desempeñaba como operador financiero.

Después publicamos reportajes sobre indicios de un mecanismo similar en la Comuna de Mérida durante la gestión de Mauricio Vila Dosal, ahora gobernador.

Nuestras publicaciones se basan en evidencias recabadas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, a partir de denuncias públicas sobre negocios que facturaron al Ejecutivo y a un grupo de ayuntamientos —el de Mérida es el más representativo, por el monto de las operaciones— por una serie de servicios en condiciones poco claras.

Las compañías fantasma son el tema de un foro que Grupo Megamedia realizó esta semana, con la participación de tres expertos. Mañana domingo y el lunes publicaremos detalles de las intervenciones.

A continuación, una síntesis de nuestras entregas sobre la relación de ese tipo de empresas con el gobierno anterior (en nota aparte presentamos un resumen sobre el Ayuntamiento de Mérida):

1) El primer reportaje, el 28 de octubre, abordó un panorama general con énfasis en las firmas que facturaron a la Secretaría de Salud, 16 de ellas en la lista de fantasmas del SAT.

2) El 29 de octubre nos referimos a otros estudios contratados por la Secretaría de Salud, sobre temas como propuestas para ahorrar combustible y medidas de seguridad en los hospitales. Fueron trabajos de “copiar y pegar” conceptos tomados de internet.

3) El 1 de noviembre abundamos en las facturas expedidas a la Secretaría de Salud y publicamos extractos de estudios de seguridad hospitalaria que significaron millonarios egresos.

4) El 3 de noviembre informamos de pagos de la Fiscalía General por paquetes de “box lunch” para su personal y por renta de equipo para operativos vacacionales a empresas que también hicieron estudios de enfermedades.

Incluimos información sobre casas abandonadas o desocupadas que en teoría eran domicilios fiscales de varias compañías, las cuales compartían sede en muchos casos.

5) Nuestra quinta entrega, el 7 de noviembre, expuso una “epidemia” mecánica en la Fiscalía General, con toda su flotilla sometida a continuas reparaciones que dieron pie a cientos de facturas con idénticos conceptos.

6) El 8 de noviembre presentamos resultados de un trabajo de campo de Central 9 que arrojó la inexistencia de empresas proveedoras de la Fiscalía.

7) En la séptima publicación, el 10 de noviembre, nos referimos a otros contratos dudosos de la Fiscalía del Estado con pagos repetidos por un mismo concepto, como la nivelación de terrenos.

8) El 15 de noviembre informamos de transferencias de más de $45 millones que, en un tiempo corto, realizó el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán por supuesta limpieza de caminos a seis compañías de las que no hay rastros ahora.

9) En nuestra siguiente publicación, el 22 de noviembre, detallamos los pagos del Incay. La revisión de Central 9 arrojó tramos pagados varias veces.

En otra nota describimos la forma en que operaba la red para retirar dinero del erario, con una estrategia controlada desde las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

10) Pagos irregulares en el campo, a compañías desconocidas en el ámbito local, fueron tema de nuestra décima entrega, el 25 de noviembre. Llamativo fue el caso de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) que en un solo día se autoexpidió tres cheques y retiró $15 millones en efectivo.

11) El 29 de noviembre continuamos con el tema del campo, con detalles sobre pagos a cinco proveedoras del programa Peso a Peso y sobre los supuestos beneficiarios de los apoyos.

12) Bajo el título de “Empresas polifacéticas”, el 6 de diciembre dimos cuenta de una serie de compañías “todólogas” contratadas para cualquier servicio en las dependencias de gobierno.

13) El 14 de diciembre expusimos nuevas evidencias de la red fantasma, con accionistas que se entrelazan en las empresas y domicilios fiscales repetidos. También dimos a conocer extraños, elevados pagos navideños del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) a las mismas empresas.

14) El 20 de diciembre informamos de la disolución y liquidación de tres compañías que a fines de 2016 recibieron recursos de la Seder. Las tres operaciones se hicieron en Jalisco.

15) Finalmente, el domingo 23 de diciembre ofrecimos amplios pormenores de un ardid de estas empresas para simular sus operaciones ante el fisco.

En síntesis

Definición. En términos simples, una empresa cae en la clasificación de fantasma cuando hay señales de que simula operaciones o emite comprobantes fiscales sin tener los activos, personal o infraestructura para prestar los servicios que amparan tales documentos.

Sombras en el gobierno. Durante el gobierno anterior se creó una red de empresas que ofrecía “servicios” a prácticamente todas las dependencias del Ejecutivo estatal. Lo mismo se hizo en la escala del municipio de Mérida.

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