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De Palacio a Palacio

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A poco más de dos meses de que Grupo Megamedia dio a conocer los vínculos de varias empresas de la red fantasma creada durante el gobierno de Rolando Zapata Bello con el Ayuntamiento de Mérida, la única medida concreta anunciada por las autoridades municipales es la eliminación de dos de esos negocios de su padrón de proveedores.

En círculos oficiales prevalece el silencio sobre el tema. Incluso en el Congreso del Estado, a pesar de que las operaciones de la red irregular se extendieron a numerosos municipios yucatecos, como consta en evidencias expuestas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Las pruebas revelan la participación de más de un centenar de negocios fantasmas, en su mayoría constituidos durante el sexenio de Zapata Bello. De acuerdo con documentos y testimonios recabados por Central 9, eran utilizados para el retiro de dinero público mediante la simulación de obras y servicios, en una estrategia coordinada por un reducido grupo que encabezaban Sergio Vadillo Lora, exjefe del Despacho del Gobernador, y Ricardo Nevárez Cervera, quien no tenía un cargo en el gobierno, pero se desempeñaba como operador financiero y despachaba en una oficina de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Además de su relación con las dependencias estatales, por lo menos cinco de esas compañías recibieron contratos del Ayuntamiento de Mérida en una parte de los trienios 2012-2015 y 2015-2018, con Renán Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal como alcaldes.

Como informamos en amplio reportaje el 6 de enero pasado, Central 9 halló indicios de las transacciones durante la investigación que puso al descubierto el esquema de desvíos en la administración estatal anterior. Con base en esos datos consultó información fiscal y confirmó una serie de pagos a Gaco Multiservicios de México, Operadora Bonfa, Instalaciones Gasol de México, Producciones y Eventos First Scene, y Grupo Cept de México. Las tres últimas solo tuvieron relación con la administración 2015-2018.

Gaco Multiservicios comenzó a facturar al Ayuntamiento en 2014, durante la primera administración de Renán Barrera, y lo siguió haciendo hasta los primeros meses de 2016, cuando ya era alcalde Mauricio Vila. No aparecen registros fiscales de esa compañía en los meses finales de 2017 y en 2018, después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la clasificó como empresa con actividades irregulares.

El mayor número de facturas de Gaco y Bonfa en Mérida es de la gestión de Barrera Concha, que pagó a ambos negocios por concepto de alimentos.

Septiembre de 2015 marcó el ingreso de Vila Dosal a la alcaldía. En ese mes y en octubre no se recibieron facturas de Gaco. En noviembre surgió la primera, con un concepto distinto al de alimentos: fue de $34,196.54, por trabajos de mantenimiento “a las áreas de Relaciones Públicas”. A fin de año se le pagó a ese negocio por servicios ajenos al de alimentos —mantenimiento de iluminación en el área de Desarrollo Humano— y en marzo de 2016 se le recibieron facturas por pintura y reparaciones en oficinas del Instituto de la Mujer.

Gaco dejó de facturar a finales de 2017, al parecer por su situación irregular ante las autoridades fiscales.

En cuanto a Bonfa, la administración 2015-2018 recibió la primera factura de este negocio en noviembre de 2016. Fue por “consumo de comida”.

En 2016 el Ayuntamiento que presidió Vila Dosal no pagó suma alguna a Bonfa, según los registros fiscales. En enero de 2017 aparece un cobro de $25,520 por “juguetes obsequiados por el alcalde” con motivo del Día de Reyes. Desde entonces no volvieron a aparecer documentos de pagos de la Comuna meridana a esa empresa.

Respuesta oficial
Después de nuestra publicación, funcionarios de la administración de Renán Barrera afirmaron que el Ayuntamiento eliminó de su padrón de proveedores a Gaco Multiservicios y Operadora Bonfa desde el 16 de abril de 2018.

Los representantes municipales indicaron que esas empresas se dieron de alta en el padrón de proveedores del municipio durante el período 2012-2015 porque cumplieron los requisitos que establece el mecanismo de contratación, pero al dar a conocer el SAT sus operaciones simuladas las excluyeron de la lista. Incluso, añadieron, el Ayuntamiento sigue un procedimiento que bloquea a todas las empresas que han sido boletinadas por la autoridad fiscal.

Además de Mérida, al menos 37 municipios del interior del Estado también tuvieron como proveedores a negocios fantasmas que recibieron contratos del Ejecutivo estatal.— MEGAMEDIA

Empresas fantasmas se dieron de alta como proveedoras del municipio porque cumplieron los requisitos, pero se les excluyó al dar a conocer el SAT su situación.

Las investigaciones siguen abiertas
Secreto y silencio rodean los casos de empresas fantasmas

Diversas autoridades —la Fiscalía General de la República, la Fiscalía local, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Estado— mantienen abiertas decenas de investigaciones en torno a denuncias presentadas contra altos funcionarios del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Mérida por su presunta participación en dos sonados casos de desvío de fondos públicos mediante el uso de “empresas fantasmas”.

Aunque no se tiene información sobre cómo marchan las pesquisas —la secrecía forma parte de los procesos—, hasta donde se sabe ninguna denuncia ha sido desestimada. Incluso existe el compromiso personal del gobernador, Mauricio Vila Dosal —quien figura entre los señalados en las denuncias—, de que se llegará hasta el fondo en ambos asuntos, como recordó hace unos días en entrevista con este periódico Eduardo Antonio Ancona González, presidente del comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY).

Contra el gobierno estatal
En las denuncias que interpuso el 14 de enero pasado la Contraloría General del Estado contra el gobierno anterior por faltantes de bienes y presunto quebranto económico se incluyeron a varias de las “empresas fantasmas” que sirvieron para ordeñar cerca de 2,000 millones de pesos del erario estatal.

Las demandas, que involucran 31 expedientes, fueron dirigidas a la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y a la Fiscalía General del Estado. Ninguna fue a parar a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), aunque se informó que la Contraloría General, por obligación, tendría que dar vista (enterar) de las denuncias a este órgano.

Además, la propia Contraloría realiza un proceso relacionado con las responsabilidades administrativas que se derivan de estos casos. Al terminar, las que sean clasificadas como faltas graves se turnarán al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

El caso de la Comuna
En el caso de la capital del Estado, en 2017 Santiago Alamilla Bazán, exdirector del Rastro municipal, acusó penalmente ante la Fiscalía General del Estado y la entonces PGR a funcionarios del Ayuntamiento de utilizar empresas fantasmas para desviar recursos. En total interpuso cinco denuncias penales contra servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento que presidía Vila Dosal, así como contra algunos proveedores y prestadores de servicios.

El 3 de mayo pasado, el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Joaquín Díaz Mena, retomó la denuncia y entregó a la Oficialía de Partes de la ASEY un archivo con 194 hojas de información para, según dijo, completar la investigación respecto a la posible creación de 21 empresas fantasmas por las que el Ayuntamiento habría desviado más de 220 millones de pesos en 2017 y 2018.

Díaz Mena subrayó entonces que las irregularidades constituirían los delitos de fraude, colusión, cohecho, tráfico de influencias, desvío de recursos y peculado, así como uso de recursos de procedencia ilícita.

Un mes más tarde, el 6 de junio, el entonces candidato de Morena al Senado, Rogerio Castro Vázquez, pidió a la ASEY investigar a tres abanderados del PAN que presuntamente eran dueños de “empresas fantasmas” y habrían recibido más de 10 millones de pesos del Ayuntamiento meridano.

Órgano fiscalizador
Mario Can Marín, titular de la ASEY, informó a este periódico que las denuncias contra funcionarios de la anterior Comuna meridana se continúan investigando y que falta aún un largo proceso de desahogo de diligencias antes de que el expediente pase finalmente, en su caso, a la autoridad resolutoria, que es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Cuando concluyan las diligencias de investigación —no existe un plazo determinado— se procederá al análisis de los hechos y de la información recabada, a efecto de determinar en un acuerdo la existencia o no de faltas administrativas, detalló el auditor.

“Si de la calificación de la conducta se determinara la probable comisión de faltas administrativas graves, la autoridad investigadora realizará el Informe de Probable Responsabilidad Administrativa”.

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Posteriormente, y cumplidos los procedimientos establecidos, se realizará la audiencia inicial. “Concluida ésta y si no existieran diligencias pendientes, el caso pasaría al Tribunal de Justicia Administrativa”, concluyó.— Megamedia.

Diario de Yucatán

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