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Errores y horrores

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Entre la austeridad y el dispendio

Por Antonio Salgado Borge (*)

La decisión de retener el flujo de recursos al IMSS desde Hacienda ha sido probablemente uno de los peores errores en lo que llevamos del sexenio. De esta decisión se desprendió la renuncia de Germán Martínez, quien escribió una carta reclamando que las decisiones de Hacienda son neoliberales en los hechos. A Martínez se atribuye haber dicho al Presidente que de seguir con esta estrategia “la gente se va a morir en las calles”. En este artículo argumentaré que la estrategia de recortes indiscriminados y austeridad del actual gobierno es a todas luces inaceptable e incongruente. Pero también defenderé que, para ser crítico y objetivo, el reclamo por las consecuencias de estas decisiones no puede perder de vista el contexto del que han surgido.

Empecemos distinguiendo que la lógica detrás del enfoque que habría propiciado la renuncia de Martínez no es nueva. Un poco de memoria o un breve recuento periodístico es suficiente para notar que la misma lógica ha sido aplicada en distintas instancias en los últimos meses, desde el Conacyt hasta Pemex. La idea central es que al menos desde el sexenio de Felipe Calderón ha existido una grosera fuga de recursos en distintas dependencias gubernamentales que es necesario detener de inmediato.

Es preciso reconocerlo con todas sus letras: los recursos públicos fluían como un río del que cualquiera con las influencias suficientes podía sustraer desde un vaso de agua hasta colocar tubería para obtener un flujo permanente a domicilio.

Por ejemplo, en los gobiernos de Calderón y de Peña Pemex fue saqueado de formas que van desde la sustracción descarada de combustibles de las plataformas hasta casos de contratos irregulares o manchados de corrupción, como los de Oceanografía y Odebrecht. Por otra parte, en lugar de emplear sus recursos para formar investigadores o para desarrollar la ciencia el Conacyt “asignaba” parte de sus recursos a empresas privadas que poco o nada tenían que ver con el objetivo de esta institución. Peña y Calderón condonaron ¡cuatrocientos mil millones de pesos en impuestos a grandes contribuyentes! Vale la pena tomarse unos segundos para dimensionar lo que esto implica para las finanzas de una nación y para los servicios que ésta debe garantizar.

Los recursos públicos fueron saqueados descarada y groseramente tan sólo durante los dos últimos sexenios. Y el sector salud no ha sido la excepción. Como botones de muestra, revisemos lo reportado por dos de los medios más serios y prestigiados del país. De acuerdo con “Animal Político”, “más de 100 millones de pesos en equipo médico —fue— robado al Seguro Social durante el sexenio de Felipe Calderón”. Entre 2006 y 2011 del IMSS se robaron de todo, ¡hasta bebés! “Robo de niños, hurto de equipo médico sofisticado, la posibilidad de una mafia que opera al interior de clínicas del Seguro Social” fueron todos asuntos documentados por este portal. Pero el “río” del IMSS fue manoseado por el propio gobierno. De acuerdo con un reportaje publicado en “sinembargo.mx”, “con servicios colapsados, el IMSS dio dinero para la imagen de EPN: se gastó 1,687 millones en 6 años”. El gobierno de Peña desviaba recursos para publicitarse, mientras en términos reales el presupuesto en salud decreció ¡20%! entre 2012 y 2018.

Los datos anteriores son ofensivos e indignantes. Cuando se trata de evaluar las acciones del actual gobierno, un juicio crítico y objetivo —es decir, basado en hechos, no imparcial— tiene que considerar elementos de esta naturaleza y ponerlos en su justa dimensión, pues algunas de las decisiones de AMLO responden a este escenario.

Desde luego, esto no implica que toda decisión del nuevo gobierno sea aceptable o que esté basada en un análisis sustentado. Y es que, tal como el caso del IMSS pone en evidencia, todo parece indicar que la primera estrategia del gobierno de AMLO para combatir el saqueo es detener o reducir drásticamente el flujo de recursos, especialmente áreas donde se considera que puede haber fugas importantes. Es importante subrayar aquí que la estrategia específica no ha sido articulada explícitamente, lo que constituye, de suyo, un error importante. Sin embargo, las pistas disponibles indican que la idea central es que lo hecho permitirá disminuir la corrupción y que, a su vez, ello posibilitará el financiamiento de proyectos que el actual gobierno considera prioritarios.

Si bien el dispendio y el saqueo tientan a ver esta estrategia con buenos ojos, la idea de que cerrar el flujo de recursos es suficiente para abatir la corrupción es cuestionable. Eduardo R. Huchim, reconocido periodista y analista yucateco, lo expuso con su claridad característica: “Es obvio que el sector Salud debe tener prioridad, junto con el combate a la pobreza y a la violencia. Es obvio que no deben regateársele recursos a la salud de la población” (Diario de Yucatán, 22/05/2019). Y es que hay al menos tres problemas que se derivan de este enfoque:

(1) Por principio de cuentas, no hay evidencias que señalen que mientras menos recursos se entreguen a equis institución menos dinero será sustraído de la misma. Es más, esta lógica ni siquiera se sostendría en términos relativos. Por ejemplo, los ayuntamientos pequeños reciben pocos recursos, pero éstos en ocasiones se desvían en mayor proporción que los de gobiernos estatales o de grandes ciudades. Reducir el flujo de dinero administrado por personas que desviaron recursos etiquetados para atender a enfermos en hospitales probablemente no implique menos corrupción, sino menos atención.

(2) La reducción del flujo de recursos a áreas donde ha habido corrupción sólo tiene sentido si se acompaña de una radiografía que indique de dónde y cómo pueden venir estos recortes, así como de controles, vigilancia y transparencia. Por ejemplo, no es lo mismo cerrar de tajo el flujo de recursos del Conacyt hacia empresas que nada tienen que ver con el desarrollo científico del país que cortar radicalmente el apoyo a la ciencia, humanidades; eso último es claramente inadmisible. De la misma forma el sector salud no puede, por ejemplo, detener la compra de medicamentos por la corrupción detectada entre gobiernos anteriores o proveedores, pues de ello se derivarían consecuencias inmediatas insostenibles. Es decir, hay llaves que no se pueden cerrar ni un solo segundo.

(3) Finalmente, el concepto de austeridad es, de entrada, probadamente problemático. Casos como el de Reino Unido son un ejemplo contundente de que la austeridad aplicada a rajatabla y el empequeñecimiento del Estado terminan sumiendo a regiones completas en la miseria. Fenómenos como Brexit no se explican sin décadas de recortes gubernamentales —desde luego, el equivalente en México son los gobiernos de las últimas tres décadas—. Por ende, al dispendio no hay que contraponer la austeridad, sino el gasto público generoso, aunque inteligente y bien vigilado. La acusación de Martínez a Hacienda de neoliberal cobra especial relevancia en este sentido.

En conclusión, en su búsqueda por contener la corrupción o el dispendio el actual gobierno ha cometido errores indefendibles. O bien el gobierno de AMLO no ha sabido comunicar su proyecto, o ha optado por estrategias insostenibles o inaceptables por sus costos en términos humanos; en este sentido, el reclamo de la sociedad civil tiene que ser decidido y contundente. Pero si pretende ser crítico y objetivo, este reclamo no puede perder de vista que estamos ante intentos de solución de problemas bien identificados que los anteriores gobiernos tan sólo agravaron. Y que al actual gobierno aún le queda mucho camino por recorrer antes de igualar los horrores humanos, sociales y económicos generados por el dispendio y la corrupción que caracterizaron a los dos últimos sexenios.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)

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