“Estamos preocupados porque autoridades locales presuntamente cometieron delitos como, cambiar los hechos y presionar a testigos”, comentó el abogado por el caso de José Eduardo.
MÉRIDA.— “Estamos bastante tranquilos, pero también preocupados”, expresó el abogado David Dorantes Cabrera, defensor de los policías acusados del homicidio de José Eduardo R.E., caso sobre el que la Fiscalía General de la República (FGR) dio un giro con el resultado de sus investigaciones.
Esa dependencia, como informamos, desechó los delitos graves que inicialmente se atribuyó a los agentes de la Policía de Mérida. Señaló que de acuerdo con sus estudios, no hubo homicidio ni tortura.
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Encuentran irregularidades
Encontró irregularidades que se atribuyen a funcionarios que tuvieron relación directa con la integración de la carpeta de investigación que se envió a un juzgado de Control con sede en esta ciudad. El juez, Antonio Bonilla Castañeda, no vinculó a proceso a los agentes por diversas inconsistencias que encontró en el expediente.
La Fiscalía del Estado insistió en su versión y apeló esa resolución. Cuando una sala del Tribunal Superior de Justicia estaba a punto de resolver la inconformidad de la parte acusadora, la Fiscalía General del país informó que atrajo el caso y, por tanto, la apelación quedó sin materia.
De gira por el Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso del joven José Eduardo, en el sentido de que no habría impunidad. Horas más tarde la FGR informó a los medios del hallazgo: no hubo homicidio, sino falsedades de autoridades locales.
Tranquilos y preocupados
“Muy tranquilos con lo comunicado por la Fiscalía (General de la República), los policías (municipales) están más tranquilos también”, señaló Dorantes Cabrera al inicio de una plática.
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“Pero estamos preocupados porque autoridades locales presuntamente cometieron delitos como, cambiar los hechos, alterar circunstancias y presionar a testigos. Eso es preocupante para cualquier litigante”, agregó. ¿Por qué acusar a policías municipales?, se le preguntó.
“Pueden haber dos razones. La primera es encontrar a culpables a corto plazo a fin conservar el primer lugar de seguridad que disfruta el Estado y la segunda quizá sea afectar políticamente a alguien”, respondió.
Instituciones de buena fe
“La ley define a las Fiscalías y Ministerio Públicos como instituciones de buena fe”, comentó el reportero.
“Esa buena fe tiene su origen en los artículos 128 y 129 de la Constitución, pero en este caso no se dio. Lo peor es que no sabemos cuántas veces se han cambiado hechos y circunstancias para beneficiar a alguna de las partes”.
“Lo lamentable es que expertos en determinadas materias estén de acuerdo en cambiar los resultados de sus investigaciones. Que las autoridades presionen a testigos para llegar al punto que desea la autoridad en vez de buscar la verdad histórica de los hechos
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“A diario, los litigantes nos topamos con hechos de ese tipo, como si fuera algo común, el modus operandi de peritos o ministerios públicos. Titulares de la ahora Fiscalía estatal han caído por hechos menores. Lo de ahora es muy grave”, continuó Dorantes Cabrera.
Esperaban “sorpresas”
El entrevistado señaló que sabía “sorpresas” que arrojarían las investigaciones de la autoridad federal, pero no hasta ese punto.
“Teníamos confianza en que las investigaciones iban a estar de acuerdo con la decisión del juez de no vincular a los policías. Ese punto se discutió mucho en la audiencia y la Fiscalía (estatal) en vez de ampliar sus investigaciones, insistió en su versión original”.
“En cambio la Fiscalía General de la República abarcó más líneas de investigación, detectó irregularidades y sus resultados ya los conocemos”, señaló.
“¿Habrá más casos de alteraciones?, muy probable”, concluyó.