A diez años de que la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) inició las jornadas por la transparencia, su presidenta, Blanca Genoveva Estrada Mora, considera que los únicos cambios visibles —aun así parciales— son de las leyes, porque en los hechos “parecería que la opacidad sigue ganando terreno”.
“Si podemos hablar de cambios hay que decir que se han hecho reformas a la ley y esto ha permitido, por ejemplo, que se reduzcan los tiempos de respuesta en las solicitudes de información pública”, señala. “Allí no está el problema”.
La dirigente hace notar diferencias: una cosa es el derecho de los ciudadanos a preguntar, el derecho de acceso a la información, y otra es la obligación de las autoridades de rendir cuentas sin que se les tenga que preguntar.
Y en esto último, enfatiza, todavía hay un vacío enorme: “No nos rinden cuentas”.
“Hay una humillante manipulación de la opinión pública”, subraya. “Los funcionarios hacen cada año una pachanga que disfrazan de informe, pero eso no es rendición de cuentas sino promoción de imagen. La rendición de cuentas es informar a la ciudadanía qué se va a hacer, cuándo y cómo, cuánto se va a gastar y qué beneficios va a traer… Lo contrario es una simulación”.
La Fecuy realiza desde 2009 las Jornadas Populares por el Derecho de Acceso a la Información Pública. La más reciente correspondió a la semana del sábado 19 al domingo 27 pasados y tuvo como tema los procesos de entrega-recepción en los tres niveles de gobierno.
Al hacer un balance de esa décima jornada, la profesora Estrada Mora dice que, como cada año, ha sido un ejercicio interesante y aleccionador y en esta ocasión la Fecuy tenía especial interés en que se escuchara la voz de los jóvenes y por eso incluyó a dos representantes de ese sector como panelistas en la inauguración de la semana de actividades.
Durante estos días, añade, se hicieron reuniones con grupos pequeños para hablar de la transparencia y sensibilizar a los ciudadanos sobre el acceso a la información pública, recalcándoles que es un derecho, no una dádiva. También se plantearon preguntas ante las unidades de transparencia, no sólo en el tema de entrega-recepción.
Más adelante la exdiputada recalca que, al margen del derecho ciudadano a la información, no hay efectiva rendición de cuentas de los gobernantes, que incurren en intentos de manipulación de la opinión pública.
Añade que, ante las prácticas de opacidad, la ciudadanía tiene que seguir “picando piedra” y hacer valer su derecho a estar informado, estipulado en la ley.
La presidenta de la Fecuy, quien forma parte también del grupo promotor de la iniciativa ciudadana ¡Ya Basta!, hace notar la importancia del tema de entrega-recepción porque en los meses finales de 2018 hubo relevo en los gobiernos federal, estatal y municipales, abarcando los poderes Ejecutivo y Legislativo “y con nosotros hasta el Judicial (con nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia)”, y durante los procesos de cambio de mando surge información que la sociedad debería conocer.
“La ley dice claramente qué debe conocer la ciudadanía sin necesidad de preguntar, pero las autoridades nos dicen sólo lo que quieren decir”, apunta.
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Cita como ejemplo las recientes denuncias del gobierno del Estado por presuntos ilícitos de la administración anterior, de las que se sabe únicamente lo que la autoridad ha querido informar. Se ignoran muchos detalles, incluso cuál es el proceso que siguió la Contraloría antes de presentar las demandas.
Y si en el gobierno del Estado el asunto es complejo, continúa, en los municipios está todavía peor, pues con los relevos muchos alcaldes entrantes se pasaron el tiempo quejándose de que no les dejaron ni papel de baño, pero no rindieron un informe de lo hallado en la entrega-recepción.
“¿Quién sabe de los procedimientos que se realizaron en los municipios?”, pregunta. “Muchos alcaldes se quejaron de que no les dejaron dinero para los aguinaldos, ni siquiera garrafones de agua, pero de allí para afuera nadie ha rendido un informe como debe ser, y es que los municipios son sujetos obligados”.
“Hay opacidad, en muchos casos secrecía. Lamentablemente así se han manejado estos casos durante años… Los funcionarios entrantes se vuelven tapaderas de los que se fueron para que después ellos sean ‘tapados’ por los que les sigan”.
La profesora Estrada Mora recuerda los orígenes de las jornadas por la transparencia de la Fecuy, que datan de 2008. Ese año, cuando Ivonne Ortega Pacheco era gobernadora, la federación de colonos recibió de la agrupación México Abierto una invitación para participar en actividades tendientes a “socializar” el derecho a la información, no muy difundido en aquellos tiempos.
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La Fecuy aceptó y decidió hacer una serie de ejercicios. Uno de ellos fue poner en marcha el programa “Preguntar” y como parte de esta acción uno de sus integrantes —la ciudadana Magaly Escobedo— solicitó el padrón de beneficiarios del programa “Cobijar”.
Después de una serie de obstáculos del sector oficial y solicitudes de intervención del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), el gobierno de Ivonne Ortega entregó las listas y entonces, después de ordenar la información, se descubrió que hasta muertos y familiares de conocidos empresarios “recibieron” los cobertores.
Se recurrió al Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (Iecco) —“que no sirvió para nada”, dice la entrevistada—, y éste terminó turnando el caso a la Contraloría del Estado.
“Nada pasó, pero ‘Cobijar’ quedó como prueba fehaciente de la corrupción y la impunidad”, dice Blanca Estrada.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Cobijar Peculiar historia
El año 2008 marcó una historia de corrupción detrás del programa “Cobijar”.
El objetivo
El programa del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco consistía en la entrega de cobertores a gente de escasos recursos.
Muertos y pudientes
La Fecuy solicitó, utilizando las herramientas del acceso a la información pública, el padrón de beneficiarios. Después de varios obstáculos obtuvo la lista y halló que hasta difuntos y parientes de prósperos empresarios “recibieron” cobertores.
Se pasaron la pelota
Se presentó una denuncia ante el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (Iecco), dirigido por Luis Aldana Burgos. Finalmente, este órgano turnó el expediente a la Contraloría General del Estado.
¿Y las tumbas?
Casi cinco años después de la denuncia, la Contraloría cerró el caso. La Fecuy recuerda que esta dependencia dijo que no podía investigar porque no le informaron de la ubicación de las tumbas.
Solapados y campantes
“Todos los involucrados, comenzando con Ivonne Ortega, fueron solapados y andan muy campantes”, dice Blanca Estrada.